Pedir una ayuda social ya no debería implicar semanas de espera, montañas de papeles ni desplazamientos a una oficina. Ese, al menos, es el horizonte que dibuja la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia de la Generalitat Valenciana con la puesta en marcha de IRIS (Integración de Redes de Inclusión Social), una nueva plataforma digital diseñada para modernizar de raíz la tramitación de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI). El sistema ya está operativo y su despliegue completo coincidirá con la entrada en vigor de la reforma de la RVI, prevista para el 20 de octubre.
Una solicitud online, sin papeles repetidos
Hasta ahora, gestionar la RVI implicaba para muchas familias en situación de vulnerabilidad enfrentarse a un laberinto burocrático. La nueva herramienta cambia eso de forma sustancial: por primera vez, las personas interesadas podrán solicitar la prestación de forma completamente telemática, sin necesidad de aportar documentación que ya obre en poder de otras administraciones. Un cambio que puede parecer técnico, pero que en la práctica significa horas ahorradas y trámites evitados para quienes menos tiempo y recursos tienen.
"El sistema IRIS ya está plenamente operativo y en las próximas semanas se completará el volcado de expedientes y la migración informática para garantizar que, cuando llegue el momento, se implementan eficazmente todas las novedades previstas en la Ley" - Pedro Carceller, director general de Inclusión y Cooperación al Desarrollo de la Generalitat Valenciana
La plataforma ha sido desarrollada de forma coordinada entre la Dirección General de Inclusión y Cooperación al Desarrollo, la Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación, y la Dirección General de Simplificación Administrativa. Una de sus claves técnicas es la interoperabilidad con la Seguridad Social y con el resto de administraciones locales y estatales, lo que elimina duplicidades y agiliza los tiempos de resolución.
Formación a escala: 2.800 profesionales, 176 municipios
Cambiar un sistema de estas dimensiones no es solo cuestión de tecnología. Para que IRIS funcione desde el primer día, la Conselleria ha organizado 30 sesiones formativas dirigidas a más de 2.800 profesionales de los servicios sociales de toda la Comunitat Valenciana. El alcance ha sido notable: 176 municipios y 44 mancomunidades han recibido la formación necesaria para aplicar las mejoras desde el momento en que la nueva ley entre en vigor. Un despliegue que da una idea del esfuerzo logístico que hay detrás de lo que, a ojos del ciudadano, será simplemente una web más fácil de usar.
37.000 hogares y una reforma que va mucho más allá del dinero
La estimación de la Conselleria es que la reforma permitirá ampliar la cobertura a más de 7.000 nuevas familias, alcanzando un total de más de 37.000 hogares en situación de vulnerabilidad. Una cifra significativa si se tiene en cuenta que, según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE con datos de 2023, el 29,9% de la población residente en la Comunitat Valenciana en 2024 se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social, una de las tasas más elevadas del país.
Pero la nueva RVI no se limita a llegar a más personas. La ley introduce un incentivo al empleo que permite compatibilizar la percepción de la prestación, durante un periodo de 12 meses, con los ingresos procedentes del trabajo, ya sea por cuenta propia o ajena. Dicho de otro modo: trabajar ya no hará perder automáticamente el derecho a la ayuda, lo que elimina uno de los desincentivos históricos que han rodeado a este tipo de prestaciones.
"A partir de ahora se podrá compatibilizar el empleo con la RVI hasta que las personas beneficiarias alcancen su completa normalización laboral, lo que convierte la prestación en una verdadera herramienta de inclusión activa" - Pedro Carceller, director general de Inclusión y Cooperación al Desarrollo de la Generalitat Valenciana
Nuevos complementos: infancia, emergencias y colectivos prioritarios
La reforma incorpora también dos complementos inéditos en el sistema valenciano. El primero está diseñado para combatir la pobreza infantil y frenar su transmisión entre generaciones, un fenómeno que los expertos en exclusión social llevan años señalando como uno de los más difíciles de revertir. El segundo es un complemento de emergencias que incrementará en un 15% la cuantía de la prestación en situaciones de catástrofe oficialmente declaradas, una medida que cobra especial relevancia en un territorio que aún convive con las secuelas de la dana de 2024.
Entre los colectivos que verán reforzada su protección figuran las personas mayores de 65 años, los hogares monoparentales y las personas con problemas de salud mental, que contarán con atención prioritaria. Al mismo tiempo, la reforma atribuye a la Administración autonómica toda la instrucción de la prestación, reforzando el papel de los servicios sociales municipales en la atención y acompañamiento de las personas beneficiarias. Con este reparto de tareas, los trabajadores sociales de atención primaria podrán centrarse en lo que realmente importa: acompañar a las personas, no gestionar expedientes.
El debate en torno a esta ley no ha estado exento de tensión. El Consell Valencià de Treball Social, que agrupa a los tres colegios profesionales de Trabajo Social de Castelló, València y Alicante, ha manifestado su desacuerdo con el texto final, considerando que ha sufrido una deriva respecto al modelo inicial. Sea cual sea el resultado real sobre el terreno, lo cierto es que la combinación de una nueva plataforma tecnológica, una formación masiva a profesionales y una reforma legal de calado sitúa a la Comunitat Valenciana ante una oportunidad real de transformar cómo el Estado llega a quienes más lo necesitan.