Dos millones de euros. Esa es la cifra que la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana destinará a los consejos reguladores y órganos de gestión de las figuras de calidad diferenciada agroalimentaria. Es el mayor importe jamás convocado en esta línea de ayudas, y llega tras una ampliación de 810.000 euros publicada esta semana en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), que se suma al crédito inicial de 1.190.000 euros aprobado en enero de este año.
Un récord que supera al ejercicio anterior
Para entender la magnitud del dato, basta con compararlo: en 2025 esta misma partida alcanzó 1.700.000 euros, ya una cifra notable. Ahora, el salto hasta los 2 millones representa un incremento de 300.000 euros respecto al año pasado. No es un gesto menor. Detrás de estos números hay denominaciones de origen, indicaciones geográficas y productos con siglos de historia que necesitan, también, financiación contemporánea para sobrevivir y crecer en mercados cada vez más competitivos.
La Comunitat Valenciana cuenta con más de 23 figuras de calidad agroalimentaria diferenciada reconocidas por la Unión Europea, entre ellas denominaciones tan emblemáticas como la Alcachofa de Benicarló, la Chufa de Valencia, el Kaki Ribera del Xúquer, la Granada Mollar de Elche, los vinos de Utiel-Requena, Alicante o Valencia, el turrón de Xixona o los cítricos valencianos. Cada uno de esos productos lleva detrás un consejo regulador: una estructura que certifica, controla, promociona y defiende su identidad ante el mercado y ante la normativa europea.
¿Para qué sirve exactamente este dinero?
La pregunta es legítima. No todo el mundo sabe que detrás de una etiqueta con el sello DOP o IGP hay una maquinaria administrativa y técnica que tiene un coste real. Las ayudas cubren gastos muy concretos: desde el alquiler de las sedes y los salarios del personal administrativo, hasta la asesoría legal o la adquisición de material informático. Es decir, los cimientos operativos sin los cuales un consejo regulador no puede funcionar.
Pero la financiación va más allá del día a día. También se sufragan los costes asociados a las medidas de control obligatorias que garantizan que un producto cumple con los estándares que justifican su sello de calidad: estudios de mercado, concepción y creación de nuevos productos, o la preparación de solicitudes para el reconocimiento de regímenes de calidad ante las instituciones europeas. Sin estos procesos, un producto valenciano no puede acceder —ni mantener— la protección que otorga Bruselas.
Promoción: llevar el producto hasta el consumidor
El tercer bloque de gastos subvencionados apunta directamente al mercado: las actividades de promoción e información. Esto incluye la organización y participación en ferias comerciales, concursos y exposiciones, la edición de publicaciones de divulgación y las campañas de promoción dirigidas al consumidor final. En un entorno donde la competencia entre productos agroalimentarios de toda Europa es feroz, la visibilidad no es un lujo, sino una necesidad estratégica.
Las DOP e IGP, concebidas por la Unión Europea precisamente para proteger y revalorizar productos vinculados a un territorio y a unas prácticas productivas específicas, solo tienen sentido si el consumidor las conoce y las valora. Una denominación de origen que no se comunica acaba siendo un sello invisible en un lineal de supermercado. Por eso, que la Generalitat refuerce esta partida hasta el máximo histórico no es solo una decisión contable: es una apuesta por el modelo agroalimentario valenciano como seña de identidad económica y cultural de la región.