Que alguien que ha vivido en primera persona una crisis psiquiátrica acompañe a otra persona que está atravesando la misma experiencia. Que un programa ayude a recuperar la memoria o la capacidad de planificación dañadas por un trastorno mental grave. Que una persona sin hogar con una enfermedad psiquiátrica no caiga en el olvido del sistema. Estas son, en síntesis, las tres apuestas que financia la Conselleria de Sanidad de la Comunitat Valenciana con 1.550.000 euros repartidos entre 35 entidades sin ánimo de lucro, una inyección económica destinada a reforzar la red de atención a las personas con problemas de salud mental grave.
Un reparto competitivo y equilibrado
Las subvenciones, publicadas en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) y concedidas mediante un procedimiento de concurrencia competitiva, oscilan entre los 21.318 y los 104.861 euros por entidad, con una media de 44.286 euros. No se trata, por tanto, de concentrar el dinero en unas pocas organizaciones grandes, sino de extenderlo entre un tejido asociativo amplio y diverso que opera en distintos puntos del territorio valenciano.
El reparto responde a tres líneas de actuación claramente diferenciadas, cada una orientada a cubrir un flanco distinto de la atención en salud mental. Tres frentes que el sistema público, por sí solo, no siempre puede atender con la intensidad ni la cercanía que requieren.
El poder de quien lo ha vivido: el apoyo entre iguales
La primera y quizás más innovadora de las modalidades financia los llamados programas de apoyo entre iguales: personas que han pasado por problemas de salud mental y que, una vez recuperadas o en proceso de estarlo, acompañan a otras en su propio camino. No son psicólogos ni enfermeras. Son algo diferente: referentes cercanos, voces que saben qué se siente desde dentro.
Este modelo cuenta con el respaldo de la Organización Mundial de la Salud y forma parte del Plan Valenciano de Salud Mental y Adicciones 2024-2027, en su apartado de implantación de programas de apoyo entre iguales. Lejos de ser una ocurrencia local, se inscribe en una tendencia internacional que reconoce la experiencia vivida como un activo terapéutico de primer orden, complementario —nunca sustituto— del trabajo de los profesionales sanitarios.
Rehabilitar lo que el trastorno deteriora
La segunda modalidad pone el foco en la rehabilitación cognitiva, un terreno que a menudo queda en segundo plano en el debate sobre salud mental pero que tiene un impacto directo y cotidiano en la vida de quienes padecen un trastorno mental grave. Concentrarse en una tarea, recordar una cita, organizar el día: habilidades que para muchas personas resultan invisibles hasta que dejan de funcionar con normalidad.
Los programas financiados están dirigidos a personas con trastorno mental grave y se basan en intervenciones de eficacia científicamente contrastada. Abordan dificultades de memoria, atención o planificación que pueden comprometer la autonomía y el funcionamiento en el día a día, con el objetivo de que quienes los reciben puedan ganar terreno frente a esas limitaciones.
Llegar a quienes el sistema no alcanza
La tercera línea de actuación es, tal vez, la más urgente desde un punto de vista de justicia social. Esta modalidad facilita la detección y la incorporación a los recursos públicos de salud mental de personas con trastorno mental grave, con especial atención a quienes se encuentran en situación de sin hogar y otros colectivos vulnerables que tienen mayores dificultades para acceder a la atención o mantener su continuidad. Son personas que, con frecuencia, están fuera del radar: sin domicilio fijo, sin referencias familiares, sin quien las acompañe hasta la consulta.
El diagnóstico llega tarde o no llega. El tratamiento se interrumpe. Y el trastorno, sin seguimiento, tiende a agravarse. Esta línea de subvención aspira precisamente a romper ese círculo.
Complemento, no sustitución
Una de las condiciones que establece la convocatoria es tan clara como reveladora del equilibrio que se busca: los programas financiados no pueden sustituir la atención sanitaria pública ni generar circuitos asistenciales paralelos. Su papel es complementario, y deben desarrollarse en coordinación directa con los recursos sanitarios públicos y con la Dirección General de Salud Mental y Adicciones.
Las ayudas permiten cubrir la contratación de profesionales vinculados a las actividades —incluidos los propios agentes de apoyo entre iguales—, así como gastos de funcionamiento y desplazamiento relacionados con los programas. Las entidades beneficiarias quedan obligadas a justificar el uso de los fondos y a cumplir las exigencias de seguimiento, control y transparencia previstas en la convocatoria.
En un momento en que la salud mental ocupa cada vez más espacio en el debate público —y en el que las listas de espera para acceder a atención especializada siguen siendo largas en buena parte del territorio español—, la apuesta de la Generalitat Valenciana por financiar el tejido asociativo como extensión del sistema público apunta a un modelo de atención más poroso, más humano y, en última instancia, más eficaz para quienes más lo necesitan.