Imagina que tu futuro piso se está construyendo ahora mismo, no en un solar, sino dentro de una nave industrial en Alberic. Los módulos que formarán las paredes, suelos y techos de las primeras 30 viviendas de protección pública industrializadas de la Comunitat Valenciana ya están tomando forma en la fábrica de la UTE Anro-Guerola. Es un método que parece sacado del sector aeronáutico, pero que tiene un objetivo muy concreto: dar techo asequible a quienes lo perdieron o lo necesitan, en municipios todavía heridos por la dana.
La vicepresidenta primera del Consell y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, visitó este lunes esas instalaciones para comprobar el avance del acopio y premontaje de los módulos. La acompañaron el secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, y la directora general de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), Estefanía Martínez. Lo que vieron en la fábrica no es un simple almacén de materiales: es, en la práctica, una obra avanzada. El sistema industrializado permite trasladar a talleres una parte importante del proceso de ejecución, acortando plazos y reduciendo incertidumbres sobre el terreno.
Un edificio que nace del desastre de la dana
La promoción forma parte del Plan VIVE Dana, puesto en marcha por el Consell a través de los Planes de Reconstrucción Local (PRL), un programa diseñado para acelerar la respuesta habitacional en las zonas afectadas por la riada. Albal, Torrent, Utiel, Silla y Carcaixent figuran entre los municipios que podrán beneficiarse de este modelo de construcción. No es casualidad que la primera piedra —o más bien, el primer módulo— corresponda precisamente a Albal, uno de los pueblos que más sufrió el impacto de la catástrofe.
El edificio se levantará en una parcela propiedad de la EVHA, en la calle Alcàsser, número 30, con una inversión prevista de 5,5 millones de euros. No es una cifra menor, pero tampoco desproporcionada si se tiene en cuenta lo que incluye: 30 viviendas repartidas entre cinco de un dormitorio (47 m²), 22 de dos dormitorios (70 m²) y tres unidades adaptadas de dos dormitorios (72 m²), más 11 plazas de aparcamiento en planta baja —tres de ellas adaptadas— y un local comunitario de unos 44 m².
Alquileres desde 257 euros: una cifra que llama la atención
Una vez terminadas, las viviendas pasarán a engrosar el parque público de la Generalitat y se destinarán al alquiler asequible. Las rentas previstas oscilan entre 257 y 396 euros mensuales, en función de la superficie. En un mercado donde alquilar en la provincia de Valencia supone un esfuerzo económico cada vez mayor para las rentas medias y bajas, estas cifras representan una diferencia significativa. ¿Puede la construcción industrializada ser parte de la solución al problema de acceso a la vivienda? La experiencia de otras comunidades apunta que sí.
Construir una vivienda protegida en menos de un año, con módulos fabricados en una planta industrial y ensamblados después sobre el terreno, es ya una realidad en la Comunitat Valenciana, que fue la primera autonomía española en licitar un pliego de viviendas protegidas totalmente bajo el modelo industrializado. En total, la Generalitat valenciana ha impulsado más de 200 viviendas e invertido 21 millones de euros tras la dana.
Un 60% listo antes de que acabe noviembre
El calendario es ambicioso, pero los datos sobre el terreno —o más bien, dentro de la fábrica— invitan al optimismo. Se prevé que a finales de noviembre se pueda certificar un 60% de los módulos correspondientes a Albal, lo que da una idea del ritmo al que avanza esta forma de construir. La producción total en fábrica tendrá una duración aproximada de siete meses.
En paralelo, esta misma semana arrancan los trabajos de desbroce y excavaciones en el solar de Albal. La estructura sobre el terreno se iniciará en el primer trimestre de 2027. Es decir, mientras los operarios mueven tierra en el municipio, los módulos ya se están ensamblando a kilómetros de distancia, en Alberic. Los sistemas industrializados se basan en la prefabricación de módulos que luego se trasladan a obra y se ensamblan directamente en el terreno, en lugar de ser construidos ladrillo a ladrillo in situ. Esta metodología puede reducir el tiempo de obra hasta en un 50% , una ventaja determinante cuando hay familias esperando.
El modelo valenciano ya ha despertado el interés de otras comunidades autónomas. Euskadi, a través de Visesa, lleva años avanzando hacia la industrialización de su vivienda protegida, con el objetivo de que el 75% de sus promociones sean industrializadas en 2036. Valencia, con su apuesta por el Plan VIVE Dana, no solo reconstruye lo que la riada se llevó: también ensaya una forma distinta de entender la vivienda pública, más rápida, más predecible y, si los plazos se cumplen, también más humana.


