Llevaba años sobre la mesa, y por fin tiene fecha de inicio. La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades de la Comunitat Valenciana ha firmado con los sindicatos y las patronales de la enseñanza concertada dos acuerdos que cierran el calendario de negociación de este curso escolar y que aterrizan en las aulas a partir del inicio del próximo curso 2026-2027. El paquete de medidas da respuesta a dos frentes que el sector educativo concertado arrastraba desde hacía tiempo: las condiciones laborales del profesorado mayor y la dotación de recursos en centros de Educación Especial y de Formación Profesional.
Una jubilación parcial que tardó demasiado en llegar
El primero y más simbólico de los acuerdos es la implantación de la jubilación parcial para la totalidad del profesorado de la enseñanza concertada que cumpla los requisitos legales. No es un beneficio nuevo en el mercado laboral español, pero sí una novedad notable para este sector, donde históricamente había quedado fuera del alcance de muchos docentes por la complejidad de financiación que implica la red concertada.
El mecanismo es claro: el profesor o profesora podrá reducir su jornada en un 75%, siempre que el centro formalice de forma simultánea un contrato de relevo indefinido y a tiempo completo. Ese relevo tendrá carácter preferente para los docentes inscritos en la bolsa de recolocación de centros concertados, lo que convierte la medida también en una palanca de empleo para nuevos profesionales.
"Cumplimos con una reivindicación largamente demandada por el sector que reconoce la trayectoria profesional de nuestros docentes y facilita el relevo generacional en las aulas, aportando estabilidad a las plantillas y oportunidades para nuevos profesionales" - Carmen Ortí, consellera de Educación, Cultura y Universidades de la Generalitat Valenciana
Uno de los elementos clave —y que marca la diferencia respecto a otros modelos— es quién asume los costes. La Generalitat financiará las cotizaciones a la Seguridad Social tanto del docente jubilado parcialmente como del relevista, y cada centro recibirá además 6,25 horas adicionales para completar la jornada del nuevo trabajador. No es un detalle menor: en un sector donde los márgenes económicos son estrechos, ese respaldo público puede ser la diferencia entre que el sistema funcione o quede en papel mojado.
Más horas para quienes más las necesitan: Educación Especial y FP
El segundo acuerdo aborda dos realidades educativas muy distintas, pero con un denominador común: la falta crónica de recursos horarios. Por un lado, los centros concertados de Educación Especial verán incrementada su dotación de especialistas en Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje. El aumento es proporcional al tamaño del centro, con un techo de 25 horas semanales para aquellos que cuenten con nueve o más unidades. Además, se actualizan las dotaciones de determinados centros para ajustarlas mejor a sus necesidades organizativas y asistenciales.
En el capítulo de Formación Profesional, la situación tenía un punto de urgencia añadida. Las 1.410 horas semanales que ya percibían los centros con ciclos formativos de Grado Medio y Superior habían quedado en una posición de incertidumbre tras la ley de ordenación e integración de la FP de 2022. El acuerdo las convierte en estructurales, blindándolas frente a posibles recortes futuros, y añade una dotación complementaria extraordinaria de 455 horas adicionales. Todas ellas podrán destinarse a reforzar las tareas de dirección, coordinación y organización pedagógica.
"Estas medidas permiten reforzar la calidad de la atención educativa, mejorar la organización de los centros y acompañar la transformación que está viviendo la Formación Profesional, una enseñanza estratégica para el desarrollo económico y social de la Comunitat Valenciana" - Carmen Ortí, consellera de Educación, Cultura y Universidades de la Generalitat Valenciana
Diálogo como método, no como excepción
Ambos acuerdos han sido alcanzados en el marco de la Comisión de Seguimiento para la Reforma Educativa en Centros Concertados, el espacio de negociación donde administración, sindicatos y patronales han venido sentándose a lo largo de este curso escolar. Se trata de un acuerdo que pretende dar respuesta a una reivindicación histórica del sector y establecer un marco estable para facilitar el acceso a esta modalidad de jubilación. Que el cierre llegue con el respaldo de todas las partes —sindicatos y patronales— no es lo más habitual en la negociación educativa, y eso le otorga una solidez política que no siempre acompaña a este tipo de pactos.
Con la entrada en vigor prevista para el inicio del curso 2026-2027, la pregunta ahora es cómo se traducirá todo esto en las aulas. El objetivo principal es facilitar la salida progresiva del profesorado que se acerca al final de su carrera, al tiempo que se impulsa la incorporación de nuevos docentes y se refuerza la estabilidad de las plantillas. Para los centros con menos margen financiero, la garantía del respaldo de la Generalitat en las cotizaciones será determinante. Y para los estudiantes de FP o de Educación Especial, el impacto puede ser más tangible aún: más horas de atención especializada y equipos docentes más organizados son, al final, más tiempo y más calidad para quienes más lo necesitan.