El conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública de la Generalitat Valenciana, José Antonio Rovira, lanzó este martes un mensaje claro al Gobierno central: la reforma del sistema de financiación autonómica no puede negociarse de espaldas al resto de comunidades. Lo hizo después de reunirse con la comisión de expertos sobre financiación y con la comisión mixta Consell-Corts, una cita preceptiva que se celebra antes de cada Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Ese consejo, previsto para el día siguiente, acabó siendo aplazado.
Una negociación que, según Valencia, nació torcida
Rovira fue directo en su diagnóstico. Reclamó "una negociación efectiva y real con el conjunto de comunidades de régimen común para elaborar el nuevo sistema de financiación y no solo una negociación bilateral con Cataluña, que es como nació este modelo". La queja no es nueva, pero adquiere mayor peso en un momento en que el borrador del nuevo modelo ya circula entre autonomías y el debate ha entrado en una fase decisiva. El sistema vigente data de 2009 y lleva sin renovarse desde 2014, lo que ha conllevado la aparición de desequilibrios que se han ido agrandando con el paso del tiempo.
La tensión entre bilateralidad y multilateralidad es uno de los grandes nudos de esta negociación. Mientras el Gobierno defiende que todas las comunidades autónomas sin excepción salen beneficiadas con la reforma , desde Valencia se advierte que la forma en que se negocia importa tanto como el resultado final. ¿Puede ser justo un sistema que se diseña entre dos partes y luego se presenta a las demás como un hecho consumado?
El Ministerio envió la información tarde y por partes
La Generalitat Valenciana solicitó formalmente el aplazamiento del CPFF argumentando falta de tiempo e información. Y Rovira no escatimó en críticas al respecto. El Ministerio de Hacienda, según el conseller, transmitió la información relativa al nuevo sistema de forma tardía y fraccionada por comunidades, algo que considera incompatible con los principios básicos de transparencia institucional.
"Atendiendo a los principios de transparencia y lealtad institucional, el modelo debe remitirse a todas las comunidades autónomas afectadas por igual" - José Antonio Rovira, conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública de la Generalitat Valenciana
Rovira añadió que el Ministerio tampoco había respondido a la petición de información sobre cómo quedaría el reparto entre cada autonomía. Y subrayó una complicación adicional: el Ministerio de Hacienda aún estaba incorporando modificaciones importantes en el Fondo de Compensación Interterritorial, añadiendo más recursos cuya distribución final se desconocía. Analizar una propuesta incompleta, argumentó, equivale a no poder analizarla en absoluto.
La deuda histórica: el elefante en la sala
Más allá de las formas, el fondo del asunto para la Comunitat Valenciana es bien conocido: años de infrafinanciación que han dejado una deuda histórica difícil de digerir. El propio conseller recordó que la reforma permitiría recortar de forma significativa la brecha histórica de financiación que ha venido arrastrando la autonomía valenciana respecto a los territorios mejor financiados. Pero Rovira fue más allá: señaló que la comisión de expertos reconoce que el 80% de esa deuda está generada precisamente por esa infrafinanciación estructural.
Para paliar esta situación mientras llega un nuevo modelo definitivo, el conseller reiteró la necesidad de un fondo de nivelación transitorio que garantice a los valencianos la misma financiación por habitante que reciben otras autonomías. No es un capricho: la Comunitat Valenciana es una de las comunidades que más incrementa porcentualmente sus recursos con el nuevo modelo, casi un 18% más respecto a los recursos que recibiría en 2027 con el modelo vigente, aunque eso no borre de golpe décadas de déficit acumulado.
Una población que crece, un sistema que no se adapta
Rovira puso también el foco en un criterio técnico que tiene consecuencias muy concretas: el cálculo de la población. El borrador del Gobierno propone utilizar el valor máximo de población en un periodo trienal, pero el conseller advirtió que ese mecanismo ralentiza la adaptación del sistema a las comunidades con mayor dinamismo demográfico. La Comunitat Valenciana ha aumentado su población en un 10% en los últimos tres años y, según Rovira, va a seguir creciendo, lo que genera una fuerte presión sobre el gasto en sanidad, educación y servicios sociales. Usar datos desfasados para repartir recursos es, en la práctica, castigar el éxito.
En cuanto a la estructura concreta del nuevo modelo, el Consell planteó una propuesta de mejora: eliminar el Fondo IVA Pymes y el Fondo Climático — este último dotado con 1.000 millones de euros y vinculado a fenómenos extremos como la DANA — y destinar esos recursos a la nivelación vertical y a una regla de reducción de la dispersión aplicada de forma escalonada, de abajo a arriba. Una reconfiguración técnica que, en el fondo, persigue el mismo objetivo de siempre: que el dinero llegue donde más falta hace.
Un aplazamiento con condiciones
El conseller cerró su intervención con un mensaje que mezcla esperanza y advertencia. La Comunitat Valenciana, insistió, es una de las autonomías más interesadas en que se apruebe un nuevo sistema de financiación. Pero no a cualquier precio.
"La Comunitat Valenciana lleva años infrafinanciada (…) pero ha de ser justo y equitativo para que los valencianos por fin reciban lo que se merecen y dejen de ser ciudadanos de segunda" - José Antonio Rovira, conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública de la Generalitat Valenciana
El aplazamiento del CPFF abre un compás de espera en el que la Generalitat espera que el Ministerio atienda sus observaciones, complete la información y corrija las asimetrías en el proceso negociador. El Ministerio de Hacienda mantiene el compromiso de aprobar la reforma antes de que finalice el año, con el objetivo de que el nuevo sistema entre en vigor el 1 de enero del siguiente ejercicio. El reloj corre, pero Valencia deja claro que la prisa no puede ser excusa para aprobar un modelo que vuelva a dejarla atrás.