Más de trece años de facturas impagas. Eso es, en esencia, lo que el Gobierno valenciano ha decidido poner sobre la mesa del Ejecutivo central con una reclamación formal de 1.417,60 millones de euros por la atención sanitaria prestada a pacientes que no residen en la Comunitat Valenciana: ciudadanos de otras comunidades autónomas que enfermaron de vacaciones o de paso, y extranjeros atendidos en los centros de salud y hospitales valencianos. Una deuda que, según la Generalitat, lleva acumulándose en silencio desde julio de 2012.
El Consell ha autorizado a la Conselleria de Sanidad a presentar esta reclamación ante el Gobierno de España, apuntando directamente a un problema de fondo: el Fondo de Garantía Asistencial (FOGA), creado por el Real Decreto Ley 16/2012 precisamente para compensar este tipo de desequilibrios, nunca llegó a desarrollarse ni aplicarse de forma efectiva. La ley existía. El mecanismo, en la práctica, no funcionó.
Un fondo creado para compensar, que no compensó
La lógica del sistema es sencilla de entender: cuando un ciudadano de Madrid o de Galicia cae enfermo en Valencia durante el verano y acude a urgencias, es la sanidad valenciana quien paga la factura. El FOGA debía servir para que esos costes se redistribuyeran entre comunidades. Puesto en marcha mediante el Real Decreto Ley 16/2012, este organismo debería compensar el gasto que ciudadanos de otras autonomías generan en determinadas comunidades que, por su carácter turístico, atienden a una mayor población desplazada de forma temporal, como es el caso de la Comunitat Valenciana. Pero este mecanismo ha tenido un alcance muy limitado y está generando un importante perjuicio económico a la Generalitat.
La mayor partida de la reclamación corresponde precisamente a este fondo. En concreto, la cantidad no percibida por la atención sanitaria especializada a pacientes desplazados de otras comunidades desde julio de 2012 hasta diciembre de 2025 asciende a 976,4 millones de euros. A ello se suman 23,1 millones adicionales por la atención primaria prestada a esos mismos visitantes nacionales entre la entrada en vigor del decreto y diciembre de 2013, periodo para el que tampoco se ejecutó la compensación prevista.
La cuenta de los extranjeros: el Fondo de Cohesión
Junto al FOGA, la reclamación incorpora otra vía: el Fondo de Cohesión Sanitaria, el instrumento diseñado para reembolsar a las comunidades el coste de atender a ciudadanos extranjeros. También aquí los números son abultados. Por la asistencia prestada a desplazados extranjeros, Valencia reclama 125,1 millones de euros correspondientes a la facturación acumulada generada en su territorio.
A esta cifra se añaden 50,3 millones más desglosados en distintas liquidaciones anuales: 8,2 millones de los ejercicios 2013 a 2023, otros 11,2 millones de 2024, 11,5 millones de 2025 y 19,4 millones correspondientes a 2026. Y todavía hay una tercera partida: los 155,8 millones de euros que el Instituto Nacional de la Seguridad Social tiene pendientes de abonar a la Comunitat por la asistencia prestada a pacientes extranjeros residentes en su territorio.
Las minoraciones: el agravio que multiplica el perjuicio
Si la falta de desarrollo del FOGA ya resulta difícil de justificar, hay un elemento que irrita especialmente a la Generalitat: las minoraciones aplicadas por el Estado sobre los propios fondos de compensación. El sistema actual ha supuesto un recorte del 20% sobre el Fondo de Cohesión Sanitaria y del 40% sobre el FOGA. Traducido en euros, eso significa 7,2 millones y 79,7 millones no percibidos, respectivamente. En conjunto, ambas minoraciones suman 86,9 millones de euros que Valencia nunca llegó a cobrar.
Por eso, la reclamación no se limita al pago de lo adeudado. El Consell también exige una revisión y modificación del sistema de financiación de ambos fondos, para que la compensación refleje los costes reales que soportan las comunidades autónomas que ejercen, de facto, como grandes centros receptores de pacientes de toda España y del extranjero.
Una reivindicación histórica que cada año pesa más
Comunidades como la Comunitat Valenciana, por su carácter turístico, atienden a una mayor población desplazada de forma temporal, lo que provoca un desequilibrio económico entre las comunidades autónomas que se ha de compensar, algo que Valencia lleva reclamando desde hace años. La novedad ahora es la magnitud de la cifra y la formalización de la exigencia mediante un acuerdo del propio Consell.
El Ministerio de Sanidad no respeta los derechos de cobro legítimamente adquiridos por las comunidades y genera pérdidas importantes para autonomías turísticas como la Comunitat, con efectos perversos y enriquecimientos injustos de unas a costa de otras. Esta es la denuncia que el Gobierno valenciano traslada ahora al Ejecutivo central, con más de 1.400 millones de razones sobre la mesa y la presión de una sanidad pública que, como la de muchas comunidades, lleva años atendiendo a quien llega sin recibir a cambio lo que le corresponde.