Hay infraestructuras que no se ven, pero que están detrás de casi todo: de la planificación de una carretera, de la gestión de una emergencia o de la localización de un servicio público. La cartografía oficial es una de ellas. Y la Comunitat Valenciana acaba de asegurarse de que la suya siga conectada al resto de España durante cuatro años más.
El Consell ha aprobado la prórroga del convenio entre el Institut Cartogràfic Valencià (ICV) y el Consejo Superior Geográfico, el organismo estatal que coordina el Sistema Cartográfico Nacional. El acuerdo original, firmado en 2022, se extiende así por cuatro años adicionales para dar continuidad a una colaboración que, en realidad, tiene raíces más profundas: la Comunitat Valenciana lleva integrada en ese sistema desde 2010.
Un organismo clave que pocos conocen
El ICV es una entidad de derecho público con personalidad jurídica propia cuyo objetivo es impulsar, coordinar y fomentar las tareas de desarrollo cartográfico, fotométrico, geodésico, topográfico y de cualquier otra tecnología geográfica en el ámbito de las competencias de la Generalitat Valenciana. Dicho de otro modo: es el organismo que, entre otras cosas, levanta el mapa oficial del territorio valenciano con una precisión milimétrica. Entre sus funciones destaca la realización de un vuelo fotogramétrico anual que cubre la totalidad del territorio de la Comunitat Valenciana, con una resolución que nunca es inferior a 25 centímetros por píxel. Un nivel de detalle que, para hacerse una idea, permite distinguir el techo de una vivienda con claridad desde el aire.
El ICV es el organismo de geomática de la Comunitat Valenciana y presta atención a los diferentes estudios que integran este campo del conocimiento: la cartografía, la geodesia, la fotogrametría, la teledetección, la sísmica o los sistemas de información geográfica. No es, pues, solo un archivo de mapas: es una infraestructura técnica viva, en constante actualización.
Por qué importa que los mapas "hablen" entre sí
La pregunta de fondo es sencilla: ¿qué pasaría si cada administración elaborara su propia cartografía sin coordinarse con las demás? El resultado sería una Torre de Babel de datos geográficos, incompatibles entre sí y duplicados a un coste innecesario para el erario público. Precisamente para evitar eso nació el Sistema Cartográfico Nacional, y de ahí la relevancia de este acuerdo.
El convenio prorrogado establece que el ICV y el Consejo Superior Geográfico llevarán a cabo una labor conjunta en proyectos y actuaciones dentro de la Comunitat Valenciana para garantizar la homogeneidad de la información producida por las distintas instituciones, asegurando su coherencia, continuidad e interoperabilidad. En términos prácticos, significa que un dato geográfico generado en Valencia podrá integrarse sin fricciones en el sistema estatal, y viceversa.
En la medida en que hay numerosas actividades administrativas autonómicas para las cuales resulta instrumental la actividad cartográfica —ordenación del territorio, obras públicas, carreteras, urbanismo—, resulta evidente que las administraciones competentes deben poder desarrollar sus propios servicios cartográficos, siempre que no afecten a las competencias estatales en la materia. El convenio es, en esencia, el mecanismo que hace compatible esa autonomía con la coherencia nacional.
Eficiencia pública y apertura de datos
Más allá de la coordinación técnica, el acuerdo tiene una dimensión económica nada desdeñable. La prórroga busca favorecer la eficiencia en el gasto público destinado a cartografía y sistemas de información geográfica, evitando la dispersión y la duplicidad de recursos. En un contexto en el que las administraciones públicas están bajo presión permanente para optimizar sus presupuestos, que dos organismos no paguen dos veces por el mismo mapa no es un detalle menor.
El convenio también contempla garantizar la disponibilidad pública y la actualización permanente de la información geográfica y cartográfica, así como la calidad de su producción oficial. La propia normativa que regula el ICV contempla que este organismo se constituya como cartoteca digital con el objeto de preservar para las generaciones futuras el patrimonio cartográfico valenciano. Con este acuerdo, ese patrimonio no solo se conserva: se comparte.
Hay una última consecuencia que merece ser subrayada: el acceso público a la información geográfica y la competitividad del sector cartográfico privado. Cuando las administraciones ponen a disposición de todos datos geográficos fiables, actualizados y homologados, no solo benefician a los ciudadanos que necesitan consultar un mapa oficial; también abren la puerta a que empresas y desarrolladores privados construyan sobre esa base servicios de valor añadido. La cartografía pública de calidad es, en ese sentido, un bien común que multiplica su valor cuanto más se comparte.