La Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones están colaborando en la elaboración de propuestas para mejorar la armonización de las prestaciones del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la Renta Valenciana de Inclusión (RVI).
La secretaria autonómica de Atención Primaria y Servicios Sociales, Irene Gavidia, y la secretaria general de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social, Milagros Panigua, han mantenido una reunión de trabajo para analizar la situación actual de algunos proyectos conjuntos entre ambas administraciones, como es la armonización de ambas prestaciones, el proyecto Pilotem de inclusión social y la tarjeta social digital.
Irene Gavidia ha explicado que las dos instituciones “coinciden en el planteamiento de soluciones” para agilizar la gestión del IMV y la RVI, reducir el tiempo de media de espera de resoluciones y ampliar el número de beneficiarios.
Respecto a la RVI, la secretaria autonómica ha señalado que, en estos momentos, un total de 76.846 personas en situación de vulnerabilidad en la Comunitat Valenciana son destinatarias de la renta, una prestación económica puesta en marcha por el Consell en 2017 “para luchar contra la pobreza y por la inclusión social y laboral de los colectivos más vulnerables puesto que, además de una prestación económica, incluye itinerarios de inclusión” ha recordado.
Programa Pilotem
Durante la reunión con la secretaria general de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social, se ha analizado también el desarrollo del programa Pilotem de itinerarios de inclusión social de la Comunitat Valenciana, puesto en marcha en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con una dotación económica de diez millones de euros.
Irene Gavidia ha explicado que se trata de un proyecto piloto de itinerarios de inclusión social para colectivos específicos, con la finalidad principal de aplicar en cada caso “objetivos concretos y bien diferenciados para su posterior evaluación, que se adaptarán a las necesidades de cada uno de ellos”.
Con la finalidad de contribuir a la promoción de la igualdad, la inclusión social y la lucha contra la pobreza, se ha priorizado como grupos específicos a las mujeres víctimas de violencia de género, población gitana, jóvenes extutelados por la administración, personas sin hogar, familias vulnerables, personas con diversidad funcional o afectadas por enfermedades de salud mental, población LGTBI y personas prostituidas.
Para la realización del proyecto, ha señalado Gavidia, se está contando con la colaboración de entidades del tercer sector especializadas y con experiencia en la realización de este tipo de itinerarios de inclusión social, “con quienes ya se han iniciado las reuniones para establecer y fijar las actuaciones a seguir”. Se estima la ejecución de 53 acciones con un alcance aproximado de 2.282 participantes.
Además, en el proyecto colaboran también las entidades locales a través de los servicios sociales de atención primaria, “poniendo en valor” la importancia de la coordinación con las entidades del tercer sector como elemento de mejora en el proceso de intervención de los itinerarios, ha incidido Gavidia.