Formarse en un despacho o en un aula tiene sus límites. Aprender a acompañar a una víctima de violencia de género, de un robo con violencia o de un delito de odio requiere algo más que teoría: requiere estar allí. El Pleno del Consell ha dado un paso en esa dirección al autorizar un convenio de colaboración entre la Conselleria de Justicia, Transparencia y Participación y la Universitat de València-Estudi General para que estudiantes universitarios puedan realizar sus prácticas académicas externas curriculares y obligatorias en las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito (OAVD) de la Comunitat Valenciana.
Un entorno profesional donde la teoría se pone a prueba
Las OAVD no son oficinas al uso. La Generalitat cuenta con 37 de estas oficinas, cuyo objetivo general es prestar una asistencia integral, coordinada y especializada a las víctimas del delito, dar respuesta a sus necesidades en el ámbito jurídico, psicológico y social, y ayudarles a recibir las medidas de justicia restaurativa a las que tengan derecho. Se trata de un servicio universal y gratuito que atiende a víctimas directas e indirectas de delitos como violencia de género, agresiones sexuales, acoso escolar o laboral, trata de seres humanos y delitos de odio, entre otros. Un ecosistema de alta exigencia emocional y técnica que, a partir de ahora, se convertirá también en aula para el alumnado de la universidad pública valenciana.
El acuerdo está dirigido a estudiantes de cuatro titulaciones: Trabajo Social, Psicología, Derecho y Criminología. Precisamente las disciplinas que confluyen en la atención a las víctimas: quien evalúa el daño psicológico, quien orienta sobre derechos legales, quien analiza el perfil del agresor, quien coordina los recursos sociales. El convenio no crea una nueva figura auxiliar; formaliza una colaboración que convierte el entorno real de las OAVD en un espacio de aprendizaje supervisado.
Cómo funcionará el acuerdo
El reparto de responsabilidades entre ambas instituciones está bien delimitado. La Conselleria de Justicia facilitará el acceso del alumnado a las oficinas y garantizará el entorno adecuado para el desarrollo de las actividades formativas. La Universitat de València, por su parte, asumirá la tutorización académica y elaborará una memoria anual sobre el desarrollo de las prácticas. La incorporación de estudiantes, en todo caso, estará condicionada a la disponibilidad organizativa y a las necesidades reales de cada oficina, lo que impide que el convenio se convierta en una mera formalidad sobre el papel.
En términos económicos, el acuerdo no supone ningún coste adicional para las arcas públicas: se desarrollará íntegramente con los medios personales y materiales propios de la Generalitat, sin incremento presupuestario. Un detalle relevante en un contexto en el que la colaboración público-universitaria suele estar condicionada a la disponibilidad de financiación específica.
Cuatro años, con posibilidad de prórroga
El convenio tendrá una duración inicial de cuatro años desde su firma, con posibilidad de prorrogarse hasta cuatro años más. Un horizonte temporal suficientemente amplio como para que el acuerdo consolide una dinámica real de formación práctica, más allá de experiencias puntuales o proyectos piloto.
El Consell entiende como una prioridad el apoyo a las víctimas de los delitos y la efectividad de sus derechos, y entiende que esta tarea debe realizarse mediante la gestión directa de una red de oficinas que garanticen la protección integral desde todos los ámbitos. Incorporar a futuros profesionales en ese engranaje, aunque sea en fase formativa, encaja con esa visión: no como sustitutos del personal especializado, sino como una generación que llega al mercado laboral habiendo visto de cerca cómo funciona la atención a las personas más vulnerables del sistema judicial. La brecha entre lo que se estudia y lo que se vive en la práctica tiene, con este convenio, una vía concreta para reducirse.