En el año 2021, hubo un total de 51 delitos contra el colectivo LGTBI. Así lo detalla el informe que publicó el Ministerio de Interior el pasado mes de octubre. Ese documento también revela que este tipo de delitos se multiplicaron por tres a partir del año 2020 y eso que, según la Fiscalía de delitos de València, solo una de cada diez agresiones acaban siendo denunciadas a la policía.
Por este motivo, las administraciones públicas deben tener un papel fundamental en la erradicación de los delitos de LGTBI-fobia. Así, la Generalitat Valenciana ha dado un paso adelante para evitar el aumento de este tipo de infracciones respaldando la Estrategia Valenciana para la Igualdad LGTBI 2022-2027.
Se trata de un documento que fue aprobado por el Consejo Valenciano LGTBI y ratificado por la Comisión Delegada del Consejo de Inclusión y Derechos Sociales; y que el pasado viernes obtuvo el respaldo del pleno del Consell. Desde su aprobación, esta estrategia ha sido la hoja de ruta del Ejecutivo valenciano para seguir avanzando en la consolidación de derechos y en la lucha contra la LGTBI-fobia.
Líneas estratégicas
En ese sentido, sus principales objetivos son avanzar hacia una sociedad que reconozca y valore positivamente la diversidad, que garantice la igualdad real y efectiva de las personas de este colectivo y que ponga fin a los episodios de odio y a la discriminación. Y, para ello, está estrucurada en tres líneas fundamentales.
En primer lugar, llevar a cabo acciones para que las personas que pertenecen al colectivo LGTBI tengan la posibilidad real de participar dentro de las instituciones públicas. Es el caso del apoyo público del 28 de junio, Día del Orgullo, las campañas de visibilización de la diversidad desde las instituciones o el apoyo al desarrollo de los Planes de Igualdad que se crean en el ámbito local.
Luego, la segunda línea pretende implementar los derechos de las personas LGTBI e incluye acciones como el desarrollo de los derechos del colectivo a través del servicio Orienta o el servicio para la inserción de las personas trans, así como actuaciones de mejora de la atención del colectivo en centros, servicios y programas dirigidos a personas mayores.
Dentro de esta segunda línea estratégica también se incluyen todas las acciones que se realizan en el sector sanitario como la formación de los profesionales, la redacción de guías específicas o protocolos para saber cómo actuar. Además, también se promueven proyectos de investigación orientación y desarrollo sexual e identidad de género.
La implementación de derechos también se consigue a través de la educación en los centros de formación públicos. Precisamente, la administración pública presta especial atención a la educación en la diversidad, la formación del profesorado y la creación de espacios seguros para cualquier miembro de este grupo.
Finalmente, el tercer eje de esta estrategia es la sensibilización social hacia la diversidad, la atención a las víctimas de LGTBI-fobia y el reconocimiento de la memoria, con acciones como la formación del personal público (de Justicia, Administración de la Generalitat o de la Policía Local). Además, está prevista la puesta en marcha de unidades especializadas en la prevención de delitos de odio.