El exconseller de Solidaridad y exdiputado 'popular' en Les Corts Rafael Blasco ha insistido en su inocencia y ha negado irregularidades en contratos informáticos desde su departamento: ni ordenó contratar al empresario Augusto César Tauroni ni participó en ningún amaño.
Blasco se ha pronunciado así en el juicio que se sigue contra él y contra tres personas más en la Audiencia Provincial de Valencia por un presunto amaño en contratos de informática, la quinta pieza del conocido como caso Cooperación.
Junto al exconseller, que se enfrenta a dos años y ocho meses de cárcel por un delito continuado de tráfico de influencias en concurso con delitos continuados de prevaricación y fraude a la Administración --tal y como le reclama Fiscalía--, también se sientan en el banquillo de los acusados la exsecretaria general de la Conselleria Agustina Sanjuán; el exjefe del servicio de Informática de Solidaridad Javier Murcia; y el empresario Augusto César Tauroni.
Se da la circunstancia de que estos últimos tres acusados han reconocido los hechos que se les atribuyen y han llegado a un acuerdo con el ministerio fiscal, mientras que el exconseller insiste en negar los hechos.
De esta forma, Javier Murcia ha aceptado cumplir una pena de un año de prisión --Fiscalía le pedía año y medio--; Tina Sanjuán ha aceptado otro año de cárcel y, por último, Tauroni, un año y tres meses más por el fraude.
Blasco ha comenzado su turno de palabra afirmando que su declaración estaba guiada por "decir la verdad" y "colaborar con la justicia hasta el esclarecimiento total de mi inocencia y mi nula participación en hechos de este procedimiento relacionado con expedientes de 2008 a 2011", ha dicho.
En esta línea, ha insistido en que "nunca" hubo por parte del conseller ningún interés en que los contratos se adjudicaran a Tauroni. "Es más, la decisión de que fuera una contratación centralizada la tomó Tina Sanjuán, tal y como ella ha declarado", ha expuesto. También ha aseverado que todo estaba avalado por la Abogacía de la Generalitat y "jamás se hizo ninguna observación sobre los expedientes" cuestionados.
Los hechos se remontan a los años 2008 a 2011 y se ha investigado un presunto amaño de contratos informáticos adjudicados desde la Administración valenciana a Fujitsu y a otras dos empresas, que terminaron siendo subcontratos a las sociedades de Tauroni. Las empresas interpuestas recibían una comisión de alrededor del 7% del total del contrato.
Los contratos presuntamente amañados eran para el desarrollo del Portal del Inmigrante, Portal de la Ciudadanía, herramientas de participación ciudadana y para el control telemático de la gestión de escuelas de acogida, entre otros.
Blasco ya ha sido condenado por las piezas 1, 2 y 3 del conocido caso Cooperación, relativas al desvío de ayudas a ONGs y al proyecto fallido para la construcción de Haití. Salió de prisión con tercer grado a principios de 2019 por la condena de seis años y medio de la pieza 1.