El Gobierno estatal sigue dando pasos adelante dentro del proyecto para la instalación de peajes en las autovías españolas a partir de 2024, tal y como se comprometió con Bruselas a cambio de recibir los fondos europeos valorados en 70.000 millones de euros en subvenciones.
En este sentido, esta misma semana ha comenzado la primera de las tres fases para que los peajes en las vías estatales sean una realidad: iniciar los trámites para estudiar las distintas posibilidades, encargando a la consultora pública Ineco la elaboración de nueve informes para valorar un nuevo sistema de financiación de las carreteras.
Por su parte, Ineco ya ha contratado los servicios de KPMG Abogados por 89.000 euros para realizar el servicio de asesoría y consultoría jurídica especializada en materia fiscal y tributaria en el ámbito de las carreteras, como parte de este contrato.
Concretamente, el 10 de junio se formalizó el contrato interno entre la Dirección General de Carreteras e Ineco, y el pasado 10 de agosto esta empresa adjudicó los servicios de consultoría a KPMG. Todos los documentos apuntan al año 2024 como el año a partir del cual "podrían" implantarse los peajes.
El coste de estos servicios ascenderá a 1,4 millones de euros y el plazo establecido será de 10 meses.
En sintonía con la Unión Europea
Según el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana este plan responde a las recomendaciones específicas hechas a España en el marco del Semestre Europeo 2019-2020 y al alineamiento con las agendas estratégicas de la Unión Europea, en cuya mayoría de países se aplican peajes de forma generalizada.
Así, se inicia ya la primera de las tres fases en las que se articulará esta medida. La segunda será el diseño e ingeniería de la solución adoptada y la tercera estará constituida por los servicios necesarios de soporte para la licitación de la implantación del nuevo sistema de cobro.
Uno de los primeros elementos que se analizarán en estos informes será si se paga una cantidad fija al año para poder circular o si dependerá de la distancia que se recorre en cada momento. Asimismo, se estudiará al alcance de la red vial a tarificar, si son solo las autovías estatales o también las autonómicas, con el objetivo de evitar agravios territoriales, así como la posible progresividad fiscal para no perjudicar a los colectivos más vulnerables.