El precio del arroz en España ha caído cerca de un 40% en apenas dos años. Ese dato, por sí solo, resume el estado de alarma que vive uno de los sectores agrícolas más arraigados a la identidad mediterránea. Y, sin embargo, el problema no viene del campo ni del clima, sino de miles de kilómetros al este: de las llanuras arroceras de Camboya y Myanmar, cuyos granos inundan el mercado europeo amparados por acuerdos comerciales que los eximen de aranceles.
Ante esta situación, la Comunitat Valenciana y Andalucía han dado un paso conjunto y han dirigido una carta al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, reclamando que el Gobierno de España impulse ante la Unión Europea la activación inmediata de las cláusulas de salvaguarda frente a esas importaciones. La urgencia es la clave: no quieren esperar a 2027, año en que entrará en vigor el nuevo sistema automático de salvaguardia, porque el daño ya está ocurriendo ahora.
Un mercado en caída libre
Para entender la dimensión del problema basta con repasar las cifras. El precio del arroz índica en cáscara rondaba los 310 euros por tonelada en otoño de 2025, muy por debajo de los 453 euros de media del año 2024, los 555 euros de 2023 o los 524 euros de 2022. Una caída sostenida que ya compromete la viabilidad de muchas explotaciones.
Los datos de la campaña 2024/2025 muestran la magnitud del problema: la Unión Europea importó 1.727 millones de toneladas de arroz, una cifra que supera su propia producción, procedente principalmente de Camboya y Myanmar. Ambos países están sujetos a la iniciativa comunitaria EBA —siglas en inglés de «Todo salvo armas»—, que eliminó completamente los aranceles a la importación de este cereal en 2009, aunque entre 2018 y 2021 se introdujeron cláusulas de salvaguardia que gravaron temporalmente la entrada de este arroz. Lo que se pide ahora es repetir ese mecanismo, sin esperar.
La autosuficiencia de la UE en arroz ha caído del 75% al 40% en poco más de una década. Una tendencia que, de no frenarse, podría condenar a desaparecer un cultivo que en España ocupa decenas de miles de hectáreas y es inseparable de la cultura gastronómica del Mediterráneo.
"Pedimos al Gobierno de España que actúe como nuestro representante ante Bruselas y utilice los mecanismos que existen para frenar unas importaciones que están haciendo un enorme daño al sector arrocero" - Miguel Barrachina, conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Comunitat Valenciana
El etiquetado, otra batalla pendiente
La carta conjunta de ambas comunidades autónomas no se limita a reclamar la activación de las salvaguardas. También plantea una serie de medidas complementarias para devolver competitividad a un sector que siente que compite con una mano atada a la espalda. Entre ellas, la exigencia de que los productos importados cumplan las mismas normas ambientales, fitosanitarias y de seguridad alimentaria que se imponen a los productores europeos —una asimetría que lleva años generando malestar—, mayor agilidad para autorizar tratamientos fitosanitarios imprescindibles y el impulso del uso de drones agrícolas.
Pero hay una reivindicación que conecta directamente con el bolsillo del consumidor: el etiquetado. Los agricultores exigen un etiquetado claro sobre el origen del arroz que evite la confusión de los consumidores. ¿Cuántos compradores saben, cuando meten un paquete de arroz en el carro del supermercado, que puede no contener un solo grano cultivado en España?
"No es razonable que la única referencia geográfica que encuentre el consumidor sea 'envasado en España' cuando ese producto puede no contener un solo grano de arroz español" - Miguel Barrachina, conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Comunitat Valenciana
La pesca mediterránea, otra urgencia sobre la mesa
El conseller Barrachina acudió este miércoles a Madrid no solo para defender al sector arrocero. En paralelo, participó en el Consejo Consultivo de Política Pesquera, donde reiteró la posición de las comunidades mediterráneas en favor de una regulación europea más adaptada a las características de su flota artesanal.
El nudo central de la queja es la incertidumbre. Los arrastreros del Mediterráneo no saben en qué condiciones podrán faenar hasta que llega diciembre, cuando Europa fija las reglas para el año siguiente. Un modelo que obliga a los pescadores y armadores a tomar decisiones de inversión y planificación prácticamente a ciegas.
"No podemos jugar cada mes de diciembre con la viabilidad de las empresas pesqueras y con la vida de nuestros pescadores. Necesitan más días de pesca y un horizonte regulatorio que les permita saber con tiempo cuáles van a ser las reglas" - Miguel Barrachina, conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Comunitat Valenciana
La Generalitat Valenciana respalda los avances alcanzados junto al comisario europeo de Pesca y Océanos, Costas Kadis, para introducir mayor flexibilidad en la gestión del Mediterráneo. El conseller reclamó, además, que las decisiones sobre el esfuerzo pesquero se fundamenten en evidencia científica y que los cambios normativos tengan estabilidad suficiente para que los pescadores puedan planificar su futuro.
Detrás de ambas reivindicaciones —la del arroz y la del pescado— subyace la misma tensión: la de sectores con siglos de historia que sienten que las reglas del mercado global se diseñan sin tener en cuenta su realidad. Explotaciones españolas ya están vendiendo su producción por debajo de los costes. Y mientras Bruselas delibera, los campos y los puertos esperan una respuesta que no puede seguir llegando tarde.