El Gobierno valenciano no está dispuesto a dar por buenas las cifras. El conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública, José Antonio Rovira, ha rechazado que las entregas a cuenta comunicadas por el Ministerio de Hacienda supongan una solución real a la situación financiera de la Comunitat Valenciana. Según el responsable autonómico, el territorio sigue siendo la autonomía con menos recursos por habitante de todo el país, situada 8 puntos por debajo de la media nacional. Un dato que, lejos de ser anecdótico, tiene consecuencias directas en la calidad de la sanidad, la educación y los servicios sociales que reciben a diario millones de ciudadanos.
Dinero propio, no un regalo del Estado
Uno de los argumentos más contundentes de Rovira apunta a un malentendido que, en su opinión, conviene despejar: las entregas a cuenta no son una aportación extraordinaria del Gobierno central, sino dinero que ya corresponde a la Comunitat Valenciana dentro del sistema de financiación autonómica vigente. Dicho de otro modo, no hay ningún gesto de generosidad detrás del anuncio ministerial.
"Es dinero que corresponde a la Comunitat Valenciana dentro del sistema de financiación autonómica vigente, que lleva años maltratándonos, por lo que no nos están regalando nada y nos siguen discriminando" - José Antonio Rovira, conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública de la Generalitat Valenciana
La crítica de fondo es que el incremento de las entregas a cuenta no sustituye a la reforma estructural del sistema, un mecanismo que el propio conseller califica de "caducado desde hace años". Y los datos respaldan esa percepción: la financiación efectiva de la comunidad mejor tratada por el sistema es un 31,4% superior a la de la región peor considerada, la Comunitat Valenciana. Una brecha que no se cierra con pagos ordinarios, por elevados que sean.
Un sistema caducado y un CPFF aplazado
El momento político añade otra capa de complejidad. Tras el aplazamiento del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), foro donde debería negociarse el nuevo modelo de financiación autonómica, Rovira ha reclamado al Ministerio de Hacienda que facilite toda la documentación necesaria para que la Generalitat pueda valorar la propuesta con tiempo y criterio. La queja no es menor: la Generalitat había solicitado el aplazamiento del CPFF al considerar que el Ministerio de Hacienda no había facilitado toda la información necesaria para analizar la propuesta.
El conseller ha sido explícito en su petición: quiere saber cuál es el resultado concreto del modelo propuesto y cómo quedan afectadas, una a una, todas las comunidades autónomas. Sin esa información, cualquier valoración resulta incompleta. Agentes sociales y económicos de la propia Comunitat han valorado positivamente que exista una propuesta de cambio, aunque han advertido que no garantiza una solución definitiva a la infrafinanciación que arrastra el territorio.
La solución transitoria: el Fondo de Nivelación
Mientras el nuevo sistema de financiación autonómica no llega —un proceso que, a juzgar por los antecedentes, puede prolongarse durante años—, el Gobierno valenciano exige la creación de un Fondo de Nivelación Transitorio. La petición no es nueva ni exclusiva del actual Consell: la reivindicación valenciana lleva años siendo una constante política independientemente del color del gobierno de turno.
La infrafinanciación obliga a endeudarse y a elevar la presión fiscal para poder ofrecer servicios públicos de sanidad y educación al mismo nivel que la media de las comunidades autónomas. Según los cálculos de los expertos, la Comunitat Valenciana debería recibir una media de 1.782 millones de euros de este fondo de nivelación en cada año de la legislatura. Una cifra que ilustra la magnitud del desequilibrio acumulado.
Rovira ha recordado, además, que la figura del Fondo de Nivelación Transitorio ya era defendida por el actual ministro Arcadi España cuando ejercía como conseller de la Generalitat, lo que convierte la reclamación en un argumento difícil de rebatir desde el propio Gobierno central. La posición del Consell es clara y no admite dilaciones: los valencianos merecen los mismos recursos por habitante que el resto de ciudadanos para financiar sus servicios públicos básicos, y esa igualdad no puede seguir dependiendo de un sistema que, según el conseller, los lleva discriminando desde hace más de dos décadas.