Antes de interponer una demanda civil o mercantil en España, los ciudadanos tienen hoy una obligación nueva que muchos todavía desconocen: intentar resolver el conflicto fuera de los tribunales. Desde el 3 de abril de 2025, la Ley Orgánica 1/2025 de Medidas de Eficiencia del Servicio Público de Justicia exige acreditar un intento previo de solución extrajudicial del conflicto como requisito de procedibilidad para la mayoría de demandas civiles y mercantiles. En la práctica, esto significa que quien acuda a un juez sin haber pasado antes por un proceso de mediación u otro mecanismo equivalente puede ver su demanda directamente inadmitida. La Comunitat Valenciana ha decidido anticiparse a la desorientación y poner en marcha una respuesta concreta: los denominados puntos de acuerdo local.
Una red de mediación que llega hasta el municipio
La Conselleria de Justicia, Transparencia y Participación de la Generalitat Valenciana ha anunciado la creación de esta nueva red de servicios para fomentar el acceso de la ciudadanía a los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC). La iniciativa se articulará a través de un programa de subvenciones destinado a entidades locales, con el objetivo de que el servicio alcance a un centenar de municipios. La lógica es simple pero poderosa: llevar la mediación al territorio, al vecindario, al barrio, en lugar de obligar al ciudadano a desplazarse a una sede judicial para cumplir un trámite que, en muchos casos, podría resolverse mucho antes.
"Gracias a este nuevo programa de subvenciones, vamos a acercar de forma más eficiente la mediación y otros medios extrajudiciales de resolución de conflictos a nuestros municipios, aproximamos atención y orientación jurídica a los ciudadanos, humanizamos la Administración de Justicia y descongestionamos el sistema judicial" - Nuria Martínez, consellera de Justicia, Transparencia y Participación de la Generalitat Valenciana
Desde estos puntos, las entidades locales beneficiarias de la subvención podrán ofrecer sesiones informativas e iniciales, o sesiones de mediación extrajudicial. También se podrán realizar intervenciones por profesionales especializados en mediación extrajudicial e incluso en mediación penal, dentro del marco de la justicia restaurativa. Además, los espacios servirán para difundir y promover los MASC como alternativa real al proceso judicial.
El peso del nuevo requisito legal: qué cambia para el ciudadano de a pie
Los Medios Adecuados de Solución de Controversias se convierten en requisito de procedibilidad para poder acudir a la vía jurisdiccional respecto a las pretensiones de carácter dispositivo en el ámbito civil y mercantil. Dicho de otro modo: un conflicto de herencia entre hermanos, una disputa entre propietarios o un litigio con un proveedor ya no pueden ir directamente al juzgado. Hay que intentar el acuerdo antes, y hay que poder demostrarlo con documentación. El certificado acreditativo del intento de resolución a través de un MASC, emitido por el profesional o institución que haya concluido el proceso, deberá adjuntarse a la demanda como prueba de cumplimiento del requisito de procedibilidad.
Esta exigencia no es un capricho burocrático. La Ley Orgánica 1/2025 representa un cambio de paradigma, preconizando el intento de transitar desde una justicia contenciosa a una justicia basada en el consenso, la colaboración y la conciliación entre los ciudadanos. Y es precisamente en ese cambio de paradigma donde la red de puntos de acuerdo local encuentra su razón de ser: si la ley impone un nuevo paso previo, la administración tiene el deber de facilitarlo.
Valencia, tierra de acuerdos: una historia que también es argumento
La consellera Nuria Martínez no tardó en invocar el pasado para reforzar el presente. La Comunitat Valenciana alberga tres de los cuatro tribunales consuetudinarios reconocidos en España, una singularidad histórica que convierte a este territorio en un laboratorio natural de resolución de conflictos al margen de los juzgados ordinarios. El más conocido, el Tribunal de las Aguas de Valencia, lleva más de mil años resolviendo disputas entre regantes sin necesidad de recurrir al sistema judicial formal. No es retórica: es una tradición viva que sustenta la apuesta institucional.
"Somos un territorio que es ejemplo histórico y presente de consenso y mediación. Llevamos el acuerdo en nuestro ADN" - Nuria Martínez, consellera de Justicia, Transparencia y Participación de la Generalitat Valenciana
Menos juicios, menos coste, menos trauma
Más allá del cumplimiento del nuevo requisito legal, los puntos de acuerdo local persiguen un objetivo más amplio: reducir la cultura del litigio que históricamente ha caracterizado al sistema jurídico español. La mediación y otros mecanismos extrajudiciales acortan los tiempos de resolución, reducen los costes para las partes y evitan el desgaste emocional que supone enfrentarse a un proceso judicial. No es menor ese último factor: un pleito no solo consume dinero y tiempo, sino que puede deteriorar relaciones personales, familiares o comerciales de manera irreversible.
Los puntos de acuerdo local también incorporarán orientación previa en materia de MASC y mediación, y podrán realizar intervenciones especializadas en mediación penal dentro del marco de la justicia restaurativa, ampliando así su alcance más allá del ámbito civil y mercantil. Se espera que la norma impulse un cambio cultural en la resolución de disputas, fomentando la confianza en la mediación y otros mecanismos extrajudiciales, y contribuyendo a un servicio público de justicia más ágil y eficaz. En ese escenario, Valencia no solo se adapta a la nueva ley: aspira a ser referente de una forma de entender la justicia que ponga el acuerdo antes que la sentencia.