El Gobierno valenciano ha dejado claro que no se sentará en una mesa a solas con el Ministerio de Hacienda para hablar de financiación autonómica. Una línea roja que la Generalitat repite desde hace meses y que este martes volvió a trazar con contundencia, justo el día después de que Madrid enviara una carta a todas las comunidades proponiéndoles encuentros bilaterales para avanzar en la reforma del modelo.
Valencia exige el foro multilateral, no reuniones a puerta cerrada
El conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública, José Antonio Rovira, fue directo al pronunciarse sobre la iniciativa del secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón: la negociación de un modelo que afecta a todas las comunidades autónomas debe ventilarse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), no en despachos particulares. Una postura que no es nueva, pero que cobra fuerza en un momento en que el debate se ha vuelto a encender en toda España.
"Ya lo hemos dicho muchísimas veces. El lugar para hablar de un modelo que afecta a todas las comunidades autónomas debe ser el CPFF, no reuniones bilaterales" - José Antonio Rovira, conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública de la Generalitat Valenciana
La posición valenciana no es un caso aislado. Las comunidades autónomas gobernadas por el PP tampoco piensan acudir a las reuniones bilaterales que les propone Hacienda para negociar la nueva financiación. El PP considera que el Gobierno busca ganar tiempo y dividir a las autonomías con negociaciones individuales, especialmente tras la comisión bilateral con Cataluña. El argumento de fondo es sencillo pero poderoso: lo que se decide para todas no puede negociarse con cada una por separado.
Un modelo sin letra pequeña, varado desde enero
Más allá del formato, Rovira apuntó a algo quizás más revelador: el contenido. Según el conseller, desde el último CPFF celebrado el 14 de enero no ha habido avance alguno. Y el problema no es solo político, sino técnico: el nuevo modelo de financiación sigue sin articulado, sin estructura clara y sin que se sepa de dónde saldrá el dinero. Presentar un modelo sin esos detalles equivale, en la práctica, a no presentar nada.
Esta opacidad no es exclusiva de la queja valenciana. En aquel Consejo de enero, la entonces ministra María Jesús Montero presentó su plan para reformar la financiación autonómica, y todas las comunidades, salvo Cataluña, expresaron su rechazo explícito al nuevo modelo, alegando que nacía "viciado" por el pacto previo entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el líder de ERC, Oriol Junqueras. Desde entonces, las aguas no han vuelto a su cauce.
El actual sistema de financiación autonómica lleva caducado desde 2014 , lo que significa que los servicios públicos que dependen de él —sanidad, educación, servicios sociales— llevan más de una década financiándose con un modelo que sus propios responsables reconocen como obsoleto. Cada euro que se deja de distribuir de forma justa es un euro que no llega a un hospital, a un colegio o a una residencia de mayores.
Lo que Valencia sí negociaría con Madrid
Eso sí, Rovira abrió una puerta, aunque estrecha. La Generalitat no descarta sentarse con el Gobierno central, pero solo para abordar dos asuntos urgentes y concretos que afectan directamente a los valencianos: la aprobación inmediata de un Fondo de Nivelación Transitorio y la deuda contraída para hacer frente al gasto generado por la dana de octubre de 2024. Dos heridas abiertas que, a diferencia del debate estructural sobre financiación, no pueden esperar a que se resuelvan las batallas políticas de fondo.
La dana del pasado octubre dejó una factura económica descomunal en la Comunitat Valenciana. Que ese gasto de emergencia haya ido íntegramente a engrosar la deuda autonómica, en lugar de ser absorbido por los mecanismos del Estado, es, para el Gobierno valenciano, una injusticia que necesita respuesta inmediata, al margen de cualquier gran reforma del sistema.
Un pulso que va más allá de Valencia
El Ministerio de Hacienda ha enviado una carta a cada uno de los consejeros regionales para iniciar una ronda de reuniones bilaterales de manera inmediata, con el objetivo de que el nuevo modelo entre en vigor el 1 de enero de 2027. Estas reuniones con cada uno de los gobiernos regionales se plantean como paso previo a que la reforma se presente ante el CPFF y después se apruebe en el Consejo de Ministros para arrancar la tramitación parlamentaria.
Hacienda defiende que esta reforma permitiría elevar en 20.975 millones de euros los recursos de las autonomías, estimando que en 2027 se distribuirían entre las comunidades 224.507 millones, frente a los 152.484 millones que recibieron en 2023. Cifras que suenan bien sobre el papel, pero que no convencen a quienes reclaman ver el articulado antes de sentarse a negociar.
El pulso entre comunidades y Gobierno central sobre cómo y dónde negociar la financiación autonómica refleja algo más profundo que una simple disputa de procedimiento. Es una pelea por quién tiene el poder de fijar las reglas del juego. Y mientras esa batalla se libra en los despachos, los ciudadanos siguen esperando que alguien, de una vez, ponga encima de la mesa no solo los números, sino también las respuestas.