Un año y medio después de la DANA que devastó decenas de municipios valencianos el 29 de octubre de 2024, la Comunitat Valenciana sigue atrapada en una paradoja burocrática: tiene la urgencia, pero no siempre tiene la ley de su lado. El comisionado para la Recuperación, Raúl Mérida, ha llevado a Madrid una propuesta concreta para cambiar las reglas del juego y que la contratación de emergencia pueda usarse no solo para reparar lo que la catástrofe destruyó, sino también para construir las defensas que eviten que vuelva a ocurrir.
Reconstruir igual que antes, ¿para qué?
La legislación vigente obliga a reconstruir las infraestructuras dañadas exactamente en las mismas condiciones en que se encontraban antes del desastre. Es decir, si un puente o un colegio eran vulnerables antes de la riada, la ley obliga a reponerlos igual de vulnerables. La Generalitat considera que esta lógica es un obstáculo para construir un territorio más seguro y resiliente, y así lo ha trasladado Mérida en su reunión en Madrid con representantes de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).
"En la actualidad, la Ley de Contratos obliga a reconstruir las infraestructuras en las mismas condiciones en las que se encontraban antes del desastre. Sin embargo, experiencias como la dana han puesto de manifiesto la necesidad de avanzar hacia soluciones más seguras y resilientes" - Raúl Mérida, comisionado para la Recuperación de la Generalitat Valenciana
La petición de la Generalitat se articula en tres ejes. El primero, que la contratación de emergencia permita ejecutar infraestructuras de prevención de futuras catástrofes, no solo de reparación de las ya ocurridas. El segundo, que el marco temporal de aplicación se amplíe: hoy esa contratación expira antes de que muchas zonas hayan recuperado la normalidad. El tercero, que las obras ejecutadas bajo este régimen puedan suponer una mejora real respecto al estado previo al desastre.
El ejemplo de los colegios: seis meses frente a tres años
El caso de los centros educativos ilustra con claridad el problema. Tras la DANA, más de 60 centros educativos de la provincia de Valencia resultaron afectados , y la Generalitat habilitó soluciones provisionales para garantizar la vuelta a las aulas cuanto antes. La inversión en obras de emergencia en colegios e institutos superó los 21,5 millones de euros. Ahora, sin embargo, la reconstrucción definitiva de esos edificios no puede acogerse al procedimiento de emergencia, porque las intervenciones urgentes iniciales ya agotaron esa vía.
El resultado es que obras que podrían ejecutarse en unos seis meses bajo contratación de emergencia deberán tramitarse por el procedimiento ordinario, lo que, según Mérida, puede extender los plazos hasta tres años. Tres años en los que los alumnos pueden seguir en instalaciones provisionales o en edificios que no cumplen los estándares de seguridad deseados.
"Ahora esos colegios no pueden reconstruirse mediante un procedimiento de contratación de emergencia que acortaría los plazos a unos 6 meses, en lugar de los 3 años que suelen demorarse estas obras por el trámite ordinario" - Raúl Mérida, comisionado para la Recuperación de la Generalitat Valenciana
Construyendo apoyos, uno a uno
La Generalitat no ha llegado a Madrid con las manos vacías. La propuesta de modificación legislativa de alcance nacional ya cuenta con el respaldo de la Cámara de Comercio de Valencia, la Federación de Obras Públicas de Alicante (FOPA) y numerosos ayuntamientos. Mérida también la ha presentado ante la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y en la Fundación Conexus.
Al encuentro con la CEOE acudieron representantes del más alto nivel del sector constructor: el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Pedro Fernández Alén; la presidenta de la Cámara de Contratistas de Madrid, Isabel de Blas; el secretario de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (SEOPAN), Carlos Borrego; la presidenta de la Asociación Nacional de Constructores Independientes (ANCI), Concha Santos, y el presidente de la Federación de Empresas de Construcción de la Comunidad Valenciana (FECOVAL), José Luis Santa Isabel. La presencia de todos ellos en la reunión no es casual: son precisamente las empresas constructoras las que mejor conocen la diferencia entre ejecutar una obra en seis meses o en tres años.
Una reforma nacida de la experiencia
Mérida ha insistido en que los cambios que reclaman no responden a un interés político coyuntural, sino a lecciones concretas extraídas de la gestión de la catástrofe. La propuesta no pide excepciones permanentes al sistema de contratación pública, sino adaptar sus mecanismos de emergencia a la realidad de lo que implica recuperarse de un desastre de gran escala: un proceso largo, complejo y que, si se hace bien, no debería dejar el territorio igual que antes, sino mejor preparado.
La pregunta que subyace a toda esta iniciativa es sencilla pero poderosa: ¿tiene sentido reconstruir con urgencia lo que fue destruido y luego esperar años para construir lo que podría evitar la próxima tragedia? Para la Generalitat Valenciana, la respuesta es claramente no. Y ahora intenta convencer al Gobierno central, y a buena parte del tejido empresarial e institucional del país, de que reformar la ley no es solo una cuestión técnica, sino una deuda con quienes siguen esperando que sus barrios, sus escuelas y sus calles vuelvan a ser seguros.