Más de un año después de la DANA que arrasó la Comunitat Valenciana, solo el 5% de los 1.700 millones de euros transferidos por el Gobierno central a los municipios afectados ha llegado a ejecutarse. El dato, revelado por el comisionado para la Recuperación, Raúl Mérida, durante una conferencia en Madrid, resume con crudeza el muro burocrático al que se enfrentan los ayuntamientos valencianos cuando intentan reconstruir lo que el agua destruyó.
Mérida presentó ante empresarios, representantes institucionales y directivos de grandes consultoras reunidos en la Fundación Conexus la estrategia de la Generalitat para hacer del territorio valenciano un espacio más resiliente frente a futuras catástrofes. Pero la conferencia no fue solo una hoja de ruta técnica: fue también una llamada de atención directa al Ejecutivo nacional. El comisionado reclamó una reforma profunda del marco normativo en materia de contratos, emergencias y ayudas a afectados, argumentando que las leyes actuales están diseñadas para tiempos de normalidad, no para gestionar las secuelas de una catástrofe.
Una ley que obliga a reconstruir igual lo que el agua destrozó
Uno de los puntos más llamativos del diagnóstico de Mérida tiene que ver con la Ley de Contratos del Sector Público. Tal y como está redactada, obliga a reconstruir cualquier infraestructura dañada exactamente en los mismos términos en que existía antes del desastre. En la práctica, eso significa que si un puente fue arrasado por una riada, la administración tiene que rehacerlo igual, aunque todos sepan que resistirá mal el próximo episodio extremo.
"En el caso de la DANA, si un puente ha sido arrasado por el agua, no podemos reconstruirlo de la misma manera. Debemos aprovechar la reconstrucción para hacerlo más seguro, más resistente y más resiliente" - Raúl Mérida, comisionado para la Recuperación de la Generalitat Valenciana
Por eso, Mérida pidió que se modifique la Ley de Contratos o la Ley de Bases de Régimen Local para que los contratos de emergencia no solo permitan reponer lo destruido, sino también mejorarlo. Y que esos contratos puedan mantenerse mientras persistan las consecuencias del desastre, no únicamente durante las primeras fases de la emergencia, que es cuando actualmente está permitido utilizarlos. A ello se suma la petición de una revisión de precios en la obra pública para adecuarlos a la realidad económica actual, lo que también está lastrando el avance de la reconstrucción.
470 días para convocar una comisión que debería reunirse en 24 horas
Si el bloqueo contractual es grave, el institucional resulta todavía más difícil de justificar. La comisión mixta intergubernamental entre el Estado y la Generalitat Valenciana se convocó 470 días después de la DANA. Mérida reclamó que una futura Ley ante Catástrofes Naturales establezca la obligación de convocarla en un plazo máximo de 24 horas tras producirse un desastre. Un mecanismo básico de coordinación que, en este caso, tardó más de un año en activarse.
La misma lentitud se registró con el Mecanismo Europeo de Protección Civil: el Gobierno central tardó casi dos semanas en activarlo tras la DANA. La nueva ley que reclama el comisionado debería articular también su activación inmediata. Completarían ese marco normativo otras medidas de alivio para los ciudadanos afectados: que las ayudas por catástrofe no tributen en el IRPF, la exoneración del pago de intereses por devolución de subvenciones y la suspensión de plazos administrativos y judiciales mientras dure la emergencia.
"El objetivo es articular un nuevo marco que permita a las comunidades autónomas y a las administraciones locales actuar con mayor rapidez, coordinación y eficacia" - Raúl Mérida, comisionado para la Recuperación de la Generalitat Valenciana
Parques que frenan riadas: la apuesta verde de la Generalitat
Junto a las reformas legales, Mérida desgranó en Madrid los proyectos de regeneración territorial que impulsa el Comisionado para la Recuperación en la Comunitat Valenciana. La filosofía de fondo es sencilla de entender: en lugar de levantar muros de hormigón, construir naturaleza que absorba. Los fenómenos climáticos extremos se están volviendo más frecuentes , y la respuesta de la Generalitat pasa por infraestructuras basadas en soluciones naturales que ya están funcionando en algunas de las ciudades europeas más avanzadas.
Los proyectos en marcha incluyen el sistema de parques inundables metropolitanos de València, el corredor verde del Monnegre, el parque fluvial de Mutxamel, actuaciones en la Vega y la estrategia verde de Castellón. Todos comparten un mismo propósito: que el territorio sea capaz de absorber el golpe de una riada sin que la devastación se repita a la escala de octubre de 2024.
"Estos espacios verdes funcionarán al mismo tiempo como infraestructuras anti-riadas" - Raúl Mérida, comisionado para la Recuperación de la Generalitat Valenciana
El respaldo empresarial, clave para presionar al Gobierno
La elección de Madrid como escenario no fue casual. La conferencia en la Fundación Conexus forma parte de una ronda de contactos que Mérida está manteniendo con actores institucionales, empresariales y sociales para recabar apoyos que respalden los cambios normativos que la Generalitat reclama al Estado. Entre los asistentes figuraban representantes de empresas como Stadler Rail, BP Energía, Veolia, Rover Grupo, Grupo Lantania o Rimontgó, junto a consultoras de primer nivel como PricewaterhouseCoopers y McKinsey. También acudieron la directora general de Recuperación y Reconstrucción, Sandra Castillo, y la subdirectora de la Fundación Conexus, Ana Berenguer.
La Generalitat está impulsando iniciativas innovadoras diseñadas para prever y mitigar riesgos mediante la utilización de inteligencia artificial y análisis de datos meteorológicos. La pregunta que queda en el aire es si el Gobierno central estará dispuesto a mover ficha antes de que llegue la próxima DANA.