¿Cómo se decide quién recibe una vivienda pública en la Comunitat Valenciana? Durante años, esa pregunta no siempre tuvo una respuesta clara. Ahora, el Consell ha dado un paso decidido para cambiar esa realidad: la modificación de varios artículos del Decreto 180/2024, de 10 de diciembre, introduce mecanismos de control administrativo sin precedentes en la adjudicación de viviendas de protección pública, obligando a crear registros específicos por promoción, imponiendo un control previo a los promotores privados y creando una comisión técnica que supervisará cada expediente.
Un sistema que ahora tendrá que justificarse ante todos
El núcleo de la reforma es la transparencia. Hasta ahora, un promotor privado no estaba obligado a seguir criterios públicos de selección ni a publicar cómo había elegido a los adjudicatarios de una vivienda protegida. La nueva normativa lo cambia radicalmente: los promotores de proyectos privados y de colaboración público-privada deberán abrir plazos de inscripción claros, aplicar criterios de baremación previamente definidos y publicar listas de adjudicación trazables. El acceso a una vivienda pública, en definitiva, deberá poder explicarse paso a paso.
"Garantizar el acceso efectivo a una vivienda digna y asequible, incrementar la oferta de vivienda protegida y dotar al sistema de mayor seguridad jurídica, transparencia y eficacia en su aplicación" - Sebastián Fernández, secretario autonómico de Vivienda de la Generalitat Valenciana
La reforma se enmarca en el Plan Vive Comunitat Valenciana, una iniciativa de la Generalitat lanzada en abril de 2024 con el objetivo de promover la construcción de 10.000 viviendas de protección pública hasta 2027. Actualmente, 317 ayuntamientos se han adherido al convenio marco que lo sustenta, y el plan busca beneficiar a cerca de 25.600 personas. Es en ese contexto donde la transparencia en la adjudicación resulta especialmente crítica: a más viviendas, más solicitantes, y por tanto, más necesidad de que las reglas del juego sean visibles e iguales para todos.
El antes y el después: una crítica directa al Govern del Botànic
La Generalitat no ha evitado el terreno político al justificar la reforma. Sebastián Fernández ha recordado que el Decreto 180/2024 recuperó los principios de igualdad, objetividad y concurrencia en la adjudicación, principios que, según el Consell, el anterior gobierno del Botànic había eliminado de su propio decreto. En palabras del secretario autonómico, con el marco anterior "un promotor no estaba obligado a seguir principios de igualdad, transparencia y concurrencia, ni a publicitar la baremación ni fórmulas de adjudicación", y la adjudicación se hacía directamente con y por el promotor, amparada en un registro público de demandantes que, a efectos prácticos, tenía escasa relación con la selección real de los beneficiarios.
Ahora, esa laguna desaparece. La modificación de los artículos 18 y 19 del decreto introduce un control preventivo desde el primer momento: las empresas promotoras privadas estarán obligadas a detallar, ya al solicitar la calificación provisional, cómo van a comercializar los pisos y con qué criterios seleccionarán a los futuros propietarios o inquilinos. No se trata de un trámite posterior, sino de una condición de partida.
Arraigo al municipio, una demanda histórica de los alcaldes
La reforma también responde a una reivindicación que venía de los propios ayuntamientos. En las promociones desarrolladas sobre suelo público, la norma permitirá incorporar criterios de vinculación territorial continuada —es decir, el empadronamiento— para priorizar a quienes tienen raíces en el municipio. La Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha) lleva a cabo estas actuaciones mediante colaboración público-privada, lo que supone la licitación mediante permuta a cambio de obra futura de suelos públicos para la construcción de vivienda protegida en régimen de venta y alquiler. Que una vivienda construida sobre ese suelo vaya a parar a alguien con arraigo real en la localidad es, precisamente, lo que muchos alcaldes llevaban tiempo reclamando.
Fernández lo expresó con claridad: la modificación "da respuesta a la demanda de alcaldes y ciudadanos, que pedían tener en cuenta el arraigo al municipio para priorizar la adjudicación de vivienda y dar oportunidades de futuro a los vecinos".
Una comisión técnica que supervisará cada expediente
Quizá la novedad más significativa en términos de control institucional sea la creación de una comisión de valoración técnica, contemplada en la modificación del artículo 43 del Decreto. Este órgano estará encargado de supervisar los expedientes y verificar el cumplimiento de los requisitos legales de acceso para aquellos adjudicatarios que vayan a comprar una vivienda protegida. La medida había sido anunciada previamente por la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero.
La comisión no actúa sola: la reforma de los artículos 47 y 48 refuerza también el visado administrativo de los contratos, que deja de ser un mero trámite formal. Ningún contrato podrá ser visado sin la validación previa de esta nueva comisión de valoración, y la obligación se extiende a todas las fases: primeras adjudicaciones, segundas transmisiones y contratos de arrendamiento. Además, el Decreto 180/2024 ya obliga específicamente a los notarios a solicitar el visado del comprador antes de elevar escritura, lo que cierra otro posible resquicio en la cadena de control.
Un portal web para que cualquier ciudadano pueda seguir el proceso
Todo este entramado de controles se acompaña de una apuesta por la información pública. La Generalitat ha puesto en marcha la nueva página web del Plan Vive Comunitat Valenciana, un portal que permite conocer el estado de todas las promociones impulsadas por la administración, los plazos mínimos de inscripción y las listas públicas de adjudicación. El portal genera además un registro electrónico de solicitudes con trazabilidad y justificante, de forma que cualquier ciudadano interesado en acceder a una vivienda de protección pública pueda saber cuándo, cómo y en qué condiciones puede hacerlo.
En un momento en el que el acceso a la vivienda es uno de los problemas más acuciantes para jóvenes y familias en toda España, dotar de transparencia al proceso de adjudicación no es un detalle burocrático menor: es la diferencia entre un sistema que genera confianza y uno que alimenta sospechas. La Generalitat Valenciana parece haber tomado nota de esa distinción.