Acceder a una plaza en la Administración pública es, para cualquier persona, un proceso largo y exigente. Para alguien con discapacidad intelectual o enfermedad mental, el reto no termina el día que se aprueba la oposición: empieza de nuevo. La Generalitat Valenciana acaba de reconocer ese momento crítico con una medida concreta: la creación de una nueva figura profesional, el Técnico de Inclusión Social, cuya misión será acompañar y facilitar la integración laboral de estas personas durante sus primeros meses en la función pública.
Una figura nueva para un problema real
La secretaria autonómica de Administración Pública, Eva Palomares, presentó este viernes en la Mesa Sectorial de Función Pública un paquete de medidas que fue respaldado por unanimidad por los sindicatos. Entre todas ellas, la creación del Técnico de Inclusión Social es, sin duda, la más novedosa. Se crearán 15 puestos de esta figura, que quedarán adscritos a la Dirección General de Función Pública y cuyo cometido será precisamente el que ningún otro perfil profesional cubría hasta ahora: el acompañamiento especializado en los procesos de incorporación y adaptación funcional de empleados públicos con discapacidad intelectual o enfermedad mental.
"Destinada a acompañar y facilitar la integración laboral de personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental que accedan a la función pública" - Eva Palomares, secretaria autonómica de Administración Pública de la Generalitat Valenciana
La medida no surge de la nada. La Comunitat Valenciana lleva años apostando de forma decidida por la inclusión en el empleo público, hasta el punto de convertirse en referencia en España. La Ley de Función Pública Valenciana establece una reserva de más del 10% de las vacantes para personas con discapacidad o diversidad funcional, con un desglose que incluye al menos un 3% para discapacidad intelectual y un 2% para enfermedad mental con un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Ese porcentaje supera el mínimo nacional, fijado también en el 10% pero con una distribución algo menos específica. En la oferta de empleo público de 2026, esto se tradujo en 267 plazas reservadas, desglosadas en un 5% para discapacidad física, un 3% para intelectual y un 2% para enfermedad mental.
Sin embargo, la experiencia acumulada ha evidenciado una brecha: abrir la puerta de acceso no es suficiente si no existe un soporte real una vez cruzado el umbral. En el conjunto de España, solo se cubre el 56% de las plazas reservadas para personas con discapacidad , una cifra que revela que las cuotas, por sí solas, no garantizan la integración efectiva. La figura del Técnico de Inclusión Social pretende justamente atacar ese punto ciego.
Menos brecha salarial en los escalones de entrada
El paquete aprobado en la Mesa Sectorial va más allá de la inclusión de personas con discapacidad. La Generalitat también ha propuesto medidas para reducir la brecha salarial dentro de su propia estructura. La propuesta pasa por elevar el complemento de destino de los puestos de entrada del subgrupo A2: los que están en nivel 16 pasarán al 18, y los que están en nivel 17 también se equipararán al 18, según los casos. Una corrección que puede parecer técnica, pero que en la práctica significa más retribución para los perfiles de acceso en algunas de las categorías más numerosas de la función pública.
A esto se suma una tercera actuación: la financiación para implantar efectivamente el cuerpo técnico de gestión en Educación Infantil, una figura ya recogida en la Ley de Función Pública Valenciana pero pendiente de materialización. La iniciativa contempla la promoción interna específica de 134 profesionales actualmente adscritos al cuerpo de especialistas de Educación Infantil, junto con la amortización y creación de nuevos puestos adaptados a la nueva clasificación profesional.
Las tres medidas —inclusión laboral, reducción de la brecha salarial y nueva clasificación en Educación Infantil— suman un coste total de 3.761.995,04 euros y se enmarcan en el Programa temporal de lucha contra la brecha salarial y racionalización de la clasificación de puestos para los años 2025, 2026 y 2027.
Personal sanitario, con la puerta abierta a las mutuas
La reunión trató también otro asunto de perfil más técnico pero con implicaciones prácticas relevantes para un colectivo específico. La propuesta sobre la mesa es permitir que el personal sanitario de la Administración autonómica perteneciente a los cuerpos de Medicina del Trabajo, Medicina y Enfermería pueda desarrollar una segunda actividad asistencial en mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en la Comunitat Valenciana.
Las condiciones son estrictas: esta actividad secundaria requerirá autorización expresa de la Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Pública, no podrá coincidir en horario con el puesto principal y se desarrollará en régimen laboral, a tiempo parcial y con duración determinada. La Generalitat ha dejado claro además que la medida no tendrá impacto presupuestario para las arcas autonómicas, y que las compatibilidades solo se concederán garantizando el cumplimiento de las obligaciones en ambos puestos.
En conjunto, lo aprobado este viernes dibuja un enfoque que va más allá del cumplimiento formal de cuotas o de ajustes retributivos puntuales. La apuesta por acompañar activamente a las personas con discapacidad durante su integración en la función pública supone reconocer que el acceso al empleo público es solo el primer paso, y que la verdadera inclusión se construye, sobre todo, en los meses que vienen después.