Un solo temporal. Eso podría bastar, si el Gobierno central no da marcha atrás, para redefinir el límite entre la propiedad privada y el dominio público en toda la costa española. La Generalitat Valenciana ha elevado el tono contra el proyecto de real decreto impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que modifica los criterios para delimitar el dominio público marítimo-terrestre (DPMT), y ha advertido de que acudirá a los tribunales si el Gobierno no rectifica durante la tramitación de la norma.
El cambio que lo altera todo
Durante décadas, la línea que separa lo público de lo privado en la costa española se ha trazado tomando como referencia el alcance de las olas en los mayores temporales conocidos y reiterados. Es decir, no bastaba con que una tormenta excepcional llegase una sola vez a un punto concreto: hacía falta que ese fenómeno se hubiera repetido para que la zona quedase integrada en el dominio público. Hasta ahora, el límite del dominio público se calculaba con el promedio del alcance de las olas de los cinco mayores temporales registrados en un año. Ese criterio, consolidado y técnicamente estable, es precisamente el que el nuevo decreto pretende suprimir.
El Ministerio para la Transición Ecológica ha incluido en el real decreto de gestión del riesgo de inundaciones una modificación del Reglamento de Costas que amplía el dominio público marítimo-terrestre con un criterio polémico: bastará el alcance de una sola ola de temporal para fijar el límite. La medida fue anunciada por la vicepresidenta Sara Aagesen como respuesta a la DANA de 2024. La nueva redacción, según el borrador conocido, elimina ese promedio y toma como referencia el punto máximo que alcanzó una única ola durante cualquier temporal desde que existen registros.
El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, no ha dejado lugar a la ambigüedad: el Gobierno "pretende sustituir un criterio técnico consolidado durante décadas por otro basado en un único episodio excepcional de temporal", una decisión que califica de "desproporcionada, arbitraria y carente de la estabilidad que exige cualquier delimitación del dominio público".
La analogía con la DANA que lo explica todo
Para ilustrar el alcance real del cambio, Martínez Mus ha recurrido a una comparación difícil de ignorar: la DANA del 29 de octubre de 2024, que inundó decenas de municipios valencianos y dejó una huella devastadora en el territorio. "Es como si, después de la DANA de octubre de 2024, todo el terreno que se inundó pasara automáticamente a ser dominio público hidráulico. Nadie entendería una decisión así. En la costa debe aplicarse el mismo principio: los fenómenos excepcionales no pueden convertirse en la regla para delimitar el dominio público".
La imagen es poderosa porque resulta inmediatamente comprensible. Si en el ámbito hidrológico nadie aceptaría que una riada histórica convirtiese los campos y viviendas inundados en terreno público de forma automática, ¿por qué debería ocurrir algo distinto en el litoral? La respuesta que da el Consell es clara: no debería. Y añade que, aplicando ese mismo razonamiento al dominio público hidráulico, decenas de municipios valencianos verían transformada una parte muy significativa de su término municipal en dominio público por haber sufrido una inundación extraordinaria, una interpretación que considera jurídicamente insostenible.
Quién paga el precio: ciudadanos, empresas y ayuntamientos
Con el nuevo criterio, bastará que una sola ola de temporal alcance una propiedad para que el terreno pase a ser público, arrastrando el valor de las viviendas y dificultando las hipotecas. Para los propietarios, el cambio puede suponer un fuerte quebranto económico. Las asociaciones de afectados calculan que desde 1988 el dominio público marítimo-terrestre ha pasado de unas 14.000 hectáreas a cerca de 150.000, multiplicándose por más de diez. Una expansión que, con el nuevo decreto, podría acelerarse de forma notable.
La Generalitat también cuestiona la amplitud de los sistemas de medición previstos en el borrador, que permitirían utilizar boyas, satélites o cualquier otro dato oceanográfico o meteorológico sin fijar indicadores técnicos suficientemente objetivos y verificables. Una puerta abierta, en opinión del Consell, a una mayor discrecionalidad administrativa en los futuros procedimientos de deslinde, con todo lo que eso implica para la planificación urbanística y la actividad económica del litoral.
La plataforma Somos Mediterrania denuncia que la modificación se ha colado "por la puerta de atrás" dentro de un decreto sobre inundaciones, sin pasar por el Congreso. Manuel López, uno de sus fundadores, lamenta que "la definición misma del dominio público debería estar en la ley y debatirse en las Cámaras". Es, exactamente, la misma posición que mantiene la Generalitat Valenciana: un cambio de esta trascendencia no puede introducirse mediante un reglamento, sino que requeriría un debate parlamentario y una modificación de la legislación estatal de costas.
Valencia no cederá sin pelea
La Comunitat Valenciana posee uno de los litorales más extensos y estratégicos de España, donde la actividad turística, económica y social convive con un patrimonio natural de enorme valor. Por ello, el Consell defiende que la protección del dominio público marítimo-terrestre, recogida en el artículo 132 de la Constitución, debe compatibilizarse con la seguridad jurídica, el desarrollo sostenible y el aprovechamiento racional del litoral.
La Generalitat ya presentó alegaciones formales al Ministerio exigiendo mantener el criterio vigente —temporales reiterados, no episodios únicos— y rechaza que un solo fenómeno excepcional pueda alterar el deslinde de toda la costa. Si el Gobierno no rectifica el texto durante la tramitación del decreto, el Consell ha anunciado que defenderá los intereses valencianos en todas las instancias disponibles, incluida la vía judicial.
"No tiene sentido que un único temporal excepcional pueda modificar el deslinde de toda la costa. Las normas deben basarse en criterios estables y repetidos, no en un episodio aislado que, por definición, es extraordinario" - Vicente Martínez Mus, conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio de la Generalitat Valenciana
Lo que está en juego, en definitiva, no es solo una disputa técnica sobre cómo medir el alcance de las olas. Es una pregunta de fondo sobre cómo se hacen las leyes que afectan a miles de propietarios, empresas y municipios costeros: si a través del Parlamento, con debate y transparencia, o introducidas de madrugada en un decreto que lleva otro nombre en el título.