Tras casi tres años de episodios judiciales, hoy finalmente el departamento 3º del Tribunal de Cuentas ha emitido la sentencia en la que se declara responsable contable directa a Celia Zafra. La exjefa de administración de EMT València, resulta responsable del fraude millonario a la entidad pública en septiembre de 2019. Zafra tendrá ahora que abonar la cantidad estafada, que asciende a 4 millones, más intereses.
El presidente de la EMT, Giuseppe Grezzi, ha convocado este mediodía a los medios de comunicación con urgencia para informar de un asunto que lleva años poniendo en cuestión el trabajo que se lleva realizando desde la EMT de València. Con esta sentencia su favor, "se subraya y refuerza que desde la EMT siempre hemos mantenido todos los protocoles en vigor", celebra Grezzi, quien pide que quienes han cuestionado el trabajo de la corporación "se disculpen ahora que se ha esclarecido la situación".
Por otro lado, el Tribunal reconoce que la práctica regular en la empresa era el abono a proveedores por medio de la preparación de los pagos en la banca electrónica de CaixaBank, y que dicho protocolo estaba instaurado en la compañía. Esta entidad bancaria realizó una serie de pagos "pese a la peculiaridad de la operación", indican desde el Tribunal de Cuentas.
El delegado instructor reconoce que hubo negligencia grave y esgrime diferentes razones como que la demandada "no llevó a cabo unas mínimas averiguaciones sobre la veracidad de las personalidades de los terceros que buscaban lograr su cooperación. Ello es especialmente grave cuando una de ellas correspondía al Presidente del Consejo de Administración de la EMT. No consideró la improbabilidad de que el principal directivo de la sociedad se dirigiera a ella, un cargo directivo medio, para poner en marcha una operación de tal envergadura".
La sentencia también dicta que Zafra "se sometió a una supuesta cláusula de confidencialidad por la que se obligaba a no informar a sus superiores jerárquicos directos, ni al resto del personal de la EMT, de la operación a realizar, sin plantearse la posible irregularidad de aquella, ya fuera por el nivel de responsabilidades que debería asumir o por la excepcionalidad que representaba su utilización en la forma habitual de proceder de la EMT".
La exjefa de administración de EMT proporcionó documentos con las firmas de sus superiores jerárquicos, los únicos autorizados a los pagos, así como copias escaneadas de sus documentos nacionales de identidad, sin conocimiento y consentimiento de aquellos. Aparentemente, no le causó extrañeza la solicitud de tales datos, cuando como Directora de Negociado de Administración sabía que el pago a los proveedores se realizaba previa la preparación material de los pagos y la subida de los correspondientes ficheros a la banca en línea, que era su función, anterior a la autorización de los mismos por sus superiores, mediante sus firmas digitales mancomunadas".
Por tanto, el Tribunal concluye que Celia Zafra asumió y ejerció, con plena consciencia, funciones que correspondían a otros cargos directivos de la sociedad, sin tener atribuidas las competencias correspondientes. Además de que u actuación no se limitó a la del día 3 de septiembre de 2019, sino que fue recurrente hasta el día 23 de septiembre. En esta fecha, un aviso de la entidad bancaria sobre la excepcionalidad de las sumas abonadas hasta ese momento sin seguir el procedimiento protocolizado llevó al Gerente a paralizar la última transferencia ordenada, sin que para facilitar o provocar esa decisión hubiera mediado aviso o voluntad de la demandada.
Así, el proceso penal actual sobre el fraude sufrido por la empresa pública sigue tres vías judiciales. Por el momento, tanto en el ámbito laboral como en el contable la judicatura ha dado la razón a EMT València, que aparece en todo caso como perjudicada. La tercera vía, la penal, se encuentra aún en fase de instrucción, pero cabe destacar que la EMT ha solicitado que se impute a CaixaBank por blanqueo de capitales y que el Tribunal de Cuentas apunta a la entidad bancaria como colaboradora del fraude, aunque no es competente al no ser CaixaBank gestora de fondos públicos.