Los consejeros socialistas en el consejo de administración de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València han pedido al equipo jurídico externo que amplía el informe presentado a la entidad y en el que se muestran contrarios a comunicar al Tribunal de Cuentas y al Banco de España el fraude de cuatro millones de euros sufrido en la entidad al verlo "muy pobre", sin argumentos e ir sin firmar.
Así lo han indicado Elisa Valía y Ramón Vilar al término del consejo extraordinario de este martes donde se ha aprobado que el nuevo secretario no consejero del consejo de administración sea el actual secretario general del Pleno del Ayuntamiento de València y secretario de la Junta General de EMT, Hilario Llavador Cisternes, tras la reciente dimisión del secretario asesor del Consejo de Administración, Salvador Martínez Tarín, en plena polémica por la vinculación de su bufete con el despacho Abastos Abogados, relacionado con el cuñado del alcalde de València, Joan Ribó.
Además, se ha acordado que la letrada asesora no consejera del Consejo de Administración --cargo que surge de la disgregación del anterior de secretario-asesor que desempeñaba Tarín-- sea la responsable jurídica de la empresa Virginia Álvarez Guaita, ha señalado la empresa en un comunicado.
El consejo ha recibido un informe del bufete de abogados Melero&Gené, que está defendiendo los intereses de la empresa en la investigación que realiza el Juzgado de Instrucción número 18 de València, que recomienda "no presentar dichas comunicaciones porque hay un procedimiento penal abierto que todavía está en tramitación". El documento del equipo jurídico no se opone a la comunicación a la Sindicatura de Comptes.
"Lo más prudente es no comunicarlo, al menos en este momento", señala el documento, por el procedimiento penal en tramitación y al considerar que esta jurisdicción prevalece sobre cualquier otra y porque el Tribunal de Cuentas es una jurisdicción que trata de posibles irregularidades contables y esto "no es el supuesto del tema que nos ocupa".
"Sería prematuro y a nuestro entender incluso totalmente desaconsejable, al menos en este momento, interponer denuncia ante otra jurisdicción cuando el tema está bajo investigación penal". Y, en el caso del Banco de España, propone esperar a disponer de la información que proporcione la causa judicial.
RESPONSABILIDADES
Sin embargo, según Valía, ese informe es "muy pobre", de una página y media, ha recalcado, y no contiene "argumentos" por lo que han solicitado que se amplíe por lo que quieren incluso debatir con los abogados los extremos del nuevo documento que hagan y hacer consultas con otros profesionales acerca de las responsabilidades en que pueden incurrir como consejeros en caso de no comunicarlo porque, según ha recordado, "estamos a título individual y respondemos con el patrimonio actual y futuro".Además, ha recordado que otro miembro del consejo de administración --en representación de Cs-- ya ha llevado el asunto al Tribunal de Cuentas por lo que quieren que se despejen dudas. "Hemos dejado claro que el informe que puede emitir el despacho consultor no es vinculante; no es del secretario del Ayuntamiento ni del Interventor. Es para tener una información y luego la decisión se tomará", ha apuntado Vilar.
En especial, quieren también que ese documento vaya con firma pero han dejado claro que, diga lo que diga ese informe, no se comprometen a seguir lo que se aconseje porque el equipo externo hace una valoración "de estrategia jurídica y no contemplan posibles responsabilidades de los consejeros".
El argumento para no comunicar al Tribunal de Cuentas y Banco de España es el proceso judicial pero, han insistido, "es el despacho contratado para diseñar la estrategia procesal de requerimiento a Caixabank, lo que queremos saber es la implicación en esa estrategia el hecho de ir" a ambas instituciones. "Con esa argumentación no tenemos argumentos para posicionarnos", ha dicho.
Así, por ejemplo, apuntan a que el Banco de España tiene medios e instrumentos para hacer averiguaciones sin necesidad de pedirlas al juzgado "y eso es lo que entendemos nosotros".
Valía ha revelado además que el secretario cesado ha renunciado a cobrar desde el 1 de octubre, en total mes y medio, "porque ha estado muy cuestionado su trabajo y es una forma de reconocerlo", ha dicho.