El PSPV ha insistido este jueves en que la acción promocional que la Generalitat contrató en el diario británico 'The Guardian' se hizo "conforme a ley", en un contexto marcado por el Brexit y, por tanto, la polémica en torno a la entrevista del 'president' Ximo Puig "es absolutamente estéril y va a quedar en nada", mientras desde Vox han anunciado que están estudiando con sus servicios jurídicos llevar esta cuestión a los tribunales.
El diputado socialista en Corts y secretario de Organización del PSPV, José Muñoz, se ha pronunciado sobre las informaciones en torno a la entrevista a Puig publicada en ese medio británico y ha destacado que se contrató una acción publicitaria que era "positiva" para los intereses valencianos en un contexto de Brexit y ante las relaciones económicas de la Comunitat Valenciana y Reino Unido.
Dentro de esa acción, ha dicho, hubo una entrevista al presidente, que es "el representante de la ciudadanía valenciana elegido democráticamente" y su opinión como tal "es importante", por lo que "no debe ser objeto de extrañeza".
Muñoz ha subrayado que es la "tónica habitual" ver en medios de comunicación acciones promocionales con entrevistas a alcaldes o responsables de mancomunidades y consorcios, por lo que ha incidido: "Es una polémica absolutamente estéril y se va a quedar, como siempre, en absolutamente nada".
"Estamos muy tranquilos, es uno más de los ataques contra el presidente", ha dicho, ya que es "el mayor activo del Botànic" para la oposición. "Tranquilidad absoluta, se hizo todo conforme a ley", ha concluido.
Por su parte, la portavoz de Vox en el parlamento autonómico, Ana Vega, ha apuntado que este podría ser, a su juicio, un caso de "presunta corrupción" por los supuestos delitos de "cohecho, fraude y tráfico de influencias porque el presidente es perfectamente conocedor de que no puede adjudicar un contrato de 43.000 euros a un contratista que le regaló una entrevista".
Y es que, según ha dicho, "The Report Company -con quien supuestamente se contrató la acción promocional-- compró un espacio en The Guardian y luego se lo regaló al presidente, y posteriormente se le adjudicó un contrato". "Es una cuestión muy grave que nuestros servicios jurídicos están estudiando ya y, si procede, que yo pienso como jurista que sí, derivaremos a sede judicial".