El Partido Popular de Valencia ha escrito para pedir la paralización de la adjudicación de los Docks hasta que se conozca el contenido del segundo informe solicitado a la Abogacía del Estado por parte del presidente de la Autoridad Portuaria porque para la concejal popular Paula Llobet, continuar con el proceso de adjudicación podría suponer "graves consecuencias para los intereses patrimoniales del Ayuntamiento de Valencia y derivarse responsabilidades si finalmente se resuelve parcialmente el convenio de 2013 por incumplimiento del mismo tal y como expresamente ha sido advertido por el Presidente de la APV tras el primer informe de la Abogacía del Estado".
La portavoz del PP en el ayuntamiento de Valencia, María José Catalá, ha explicado que se ha presentado este segundo escrito tras la decisión de la Junta de Gobierno de desestimar la suspensión del procedimiento de adjudicación para la constitución de un derecho real de superficie sobre los Docks y continuar con la adjudicación. Además de este escrito el lunes se presentó un escrito comunicando la intención de presentar un recurso de reposición contra la decisión da la Junta de Gobierno del pasado viernes y solicitando, también, la suspensión del acuerdo del viernes hasta que se resuelva el recursos anunciado.
Además se ha realizado una Nota Interior dirigida a Alcaldía y a diferentes servicios municipales recordando la necesidad de atender en la Junta de Gobierno Local los escritos presentados por el Partido Popular antes de materializar la adjudicación propuesta por la Mesa de Contratación de los Docks ya que "una adjudicación precipitada podría tener graves consecuencias patrimoniales al Ayuntamiento", como ya se ha advertido en diversas ocasiones por parte del PP.
Catalá ha pedido al equipo de gobierno "paciencia y seguridad jurídica porque el Puerto de Valencia podría recuperar los DOCKS si el gobierno de Ribó y PSOE no destinan a los fines previstos el edificio histórico que data de principios del siglo XX. En un primer informe de la Abogacía del Estado se advierte que el uso de los DOCKS debe ser para fines de utilidad pública o interés social. Esto podría entrar en contradicción con otros usos de carácter privado a los que podría destinarse de almacén de ordenadores que ha previsto el equipo de gobierno".
La portavoz popular ha señalado que "no es momento de ir con prisas, es momento de esperar a tener este informe y el de la Dirección General de Cultura y Patrimonio solicitado el 14 de octubre de 2022 y con tanta prisa del Compromís y PSOE nos preguntamos qué interés tienen en un centro de datos para no esperar a tener todos los informes jurídicos".
El Partido Popular ya ha manifestado en reiteradas ocasiones que este edificio emblemático no se puede convertir en un almacén de datos, un espacio cerrado. "Se pierde una oportunidad para dedicar este edificio a usos destinados al emprendimiento, startups e innovación, y sobre todo, para el disfrute de la ciudadanía. Debe realizarse un proyecto desde el consenso y no convertir uno de los edificios más singulares de nuestra fachada marítima en un almacén", ha añadido la concejala del PP, Paula Llobet.
María José Catalá ha recordado que en 2014 el Ayuntamiento solicitó a la Autoridad Portuaria la declaración de Interés General de los proyectos presentados para Lanzadera y EDEM, "paso que ahora se ha saltado y que puede conllevar perjuicios".
Por último, ha instado al equipo de gobierno a "dejarse de declaraciones políticas y hacer caso a los informes jurídicos. Ante la inestabilidad existente en este momento, la mejor opción es esperar y saber cuál es la decisión definitiva de la Abogacía del Estado sobre los Docks antes de seguir en un proyecto que puede ser inviable en el edificio de los Docks".