El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha hecho balance, este jueves, de cómo está funcionando la política fiscal puesta en marcha hace un año, y que contempla no solo la mayor bajada de impuestos de la historia de la Comunitat Valenciana, sino también el mayor número de desgravaciones fiscales en el impuesto de la renta. Una “política fiscal social” – la ha bautizado el jefe del Consell – que se ha traducido en “una mayor recaudación”. Concretamente, en 2024, se han recaudado 2.541 millones de euros en todo el territorio valenciano, lo que supone un 7,8 % más respecto a 2023.
“Cuando anunciamos las rebajas fiscales, el Gobierno de España nos reprendió porque decía que iba a disminuir nuestra recaudación. Con estos datos, podemos asegurar que la política fiscal de la Comunitat Valenciana funciona. Se puede recaudar más, bajando impuestos – especialmente a las rentas bajas y medias – y aumentado las desgravaciones. De hecho, somos la comunidad autónoma que más desgravaciones contempla en la declaración de la renta”. Unos datos, ha continuado el president de la Generalitat, que son posibles “gracias también a medidas complementarias, como la Ley Simplifica para facilitar la autoliquidación a la ciudadanía y la incentivación de la inversión”.
En este sentido, cabe destacar que la política fiscal de la Generalitat ha permitido un ahorro a los valencianos de 127,5 millones de euros, beneficiándose, por ejemplo, “más de 12.000 jóvenes que han visto reducido en un 25 % el impuesto de transmisiones patrimoniales para la compra de su primera vivienda; o el aumento de donaciones (un 48 %) que ha permitido movilizar activos, ahorrándose tanto los donantes como los receptores un total de 5 millones de euros”.
Frente a esta política fiscal, Mazón ha denunciado que “el Gobierno de España lleva 81 subidas de impuestos a todos los españoles, pero también subidas constantes a la cotización desde 2008. El gobierno de la Generalitat Valenciana no seguirá castigando al contribuyente, sino que seguiremos con nuestra política de aliviar la presión fiscal y ayudar a los que más lo necesitan, es decir, las rentas medias y bajas”.
Por último, el president ha puesto en valor que con este aumento de la recaudación de la renta, gracias a las medidas de alivio fiscal, se han podido poner en marcha ayudas para las familias acogedoras de menores afectados por la DANA; o por ejemplo, la gratuidad escolar de 0 a 3 años para todos y con libertad de elección”.
“El populismo fiscal no funciona”
El jefe del Consell ha aprovechado para pedir al Gobierno de España que actúe ya y ayude a las personas afectadas por la DANA. “No se puede anunciar ayudas, que además no llegan, y subir impuestos con la otra mano”. En este sentido, ha exigido el IVA cero para la compra de vehículos o la rehabilitación de viviendas afectadas, y la exención del pago del IBI y el IAE durante todo el 2025, compensando a los ayuntamientos.
De este modo, Mazón ha recordado que el 5 de febrero les llegará el cargo del IRPF aplazado a todas las personas afectadas por la DANA; mientras que mañana finaliza la prestación de 800 € y la bonificación de la cuota para los autónomos por cese de actividad. “¿Qué va a pasar entonces? – ha preguntado – ¿el Gobierno de España va a permitir que llegue antes el cargo de impuestos que las ayudas?”.
De esta manera, el president ha anunciado, por un lado, que se seguirá trabajando en la reforma fiscal para que sea “más justo”; así como la puesta en marcha de una segunda línea de ayudas para los autónomos afectados por la riada que se presentará la próxima semana.
En esta línea, Mazón ha reclamado al Gobierno que se permita financiar el exceso de déficit mediante el Fondo de Liquidez Autonómica extraordinario, “algo que se nos niega por primera vez en 12 años y justo en el peor momento, cuando más lo necesitamos para garantizar el nivel de calidad que queremos para la sanidad, la educación y los servicios sociales”.
Balance fiscalidad 2024
El aumento de la recaudación alcanzado en 2024 se explica sobre todo por el tirón del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas, que con 1.545 millones de euros en ingresos y 1.564 millones de euros en derechos reconocidos representa más de la mitad de la acción directa de la ATV y alcanza los niveles más elevados en lo que va de siglo, con la única salvedad de los años que precedieron a la crisis inmobiliaria de 2008.
Por provincias, Alicante experimentó un incremento de más del 10%, tanto en derechos reconocidos como en ingresos tributarios, que se situaron en 1.117.950 euros; Castellón registró un aumento del 15,5% en derechos reconocidos y un 13,68% en ingresos hasta los 212.130 euros; mientras que en la provincia de Valencia los ingresos y derechos aumentaron más de un 4%, situándose los primeros en 1.211.507.286 euros en total.
El notable incremento en Alicante y Castellón, superior a las dos cifras en términos porcentuales, demuestra el fuerte desarrollo económico que está teniendo lugar en estas provincias, principalmente gracias a la actividad inmobiliaria y a las inversiones empresariales.
De todos los tributos gestionados por la ATV, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados es el que supone un mayor peso en los derechos reconocidos y en la propia recaudación. En 2024 se alcanzaron los 1.928 millones de recaudación, un 18,5% más que en 2023 y la más alta registrada en este impuesto desde el año 2007.
Por provincias, Alicante experimentó un incremento del 17,24% en derechos reconocidos, Castellón un 21,34% y Valencia un 19,54%, lo que demuestra que todo el territorio de la Comunitat Valenciana resulta atractivo a la hora de atraer nuevas inversiones.
En la modalidad de Actos Jurídicos Documentados de este impuesto, especialmente ligado a las escrituras notariales, los ingresos alcanzaron los 379 millones de euros tras aumentar un 22,47%.
Alivio fiscal: ahorro y aumento de las donaciones
En el caso concreto de la bonificación del 99% en el Impuesto de Sucesiones para los grupos I y II (descendientes y adoptados, cónyuges, ascendientes y adoptantes), el ahorro es de 99,1 millones en total. Los derechos reconocidos se han situado en 223 millones (206 en la modalidad de Sucesiones y 17 en la modalidad de Donaciones) y los ingresos en 196 millones (184 en Sucesiones y 11 en Donaciones).
Otro efecto derivado de esa bonificación es el notable incremento del importe global de la base liquidable, lo que evidencia que los contribuyentes han respondido al incentivo fiscal con un mayor empleo de la figura de la donación, algo que al mismo tiempo implica un fuerte estímulo de la economía de la Comunitat Valenciana.
En este sentido, cabe destacar que las Donaciones en los grupos I y II han pasado de 39.220 en 2023 a 58.159 en 2024. De estos declarantes, únicamente han ingresado alguna cantidad 8.605 contribuyentes y el importe medio pagado en 2024 se ha reducido en un 86,6% respecto a 2023, pasando de 3.215 euros a 432 euros. Estos contribuyentes se han ahorrado 4,8 millones de euros.
Por provincias, destaca Alicante con una disminución de las cuotas ingresadas por los contribuyentes de 3,1 millones y un aumento significativo de donaciones: de 12.510 en 2023 a 18.830 en 2024. En Valencia la diferencia ha sido de 1,1 millones, donde se ha pasado de 21.456 declaraciones en 2023 a 31.674 en 2024; y en Castellón, la diferencia es menor dado el menor volumen de operaciones (5.254 en 2023 y 7.655 en 2024), que han ahorrado 583.060 euros en total.
Ahorro en el ITP para jóvenes y vulnerables
Por otro lado, la reducción de los tipos reducidos y superreducidos del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales ha supuesto que los 18.070 declarantes que se han acogido a estas tarifas desde enero del pasado se hayan ahorrado en total 23,6 millones de euros o, lo que es lo mismo, 1.306 euros de media.
Por provincias, Alicante presenta un ahorro medio de 1.242 euros en 6.642 declaraciones, 1.145 euros de media en Castellón en 2.545 declaraciones, y Valencia registró 8.883 declaraciones, con un ahorro medio de 1.400 euros.
La tarifa específicamente enfocada a los jóvenes menores de 35 años que adquieren su primera vivienda habitual fue la más utilizada, con 12.223 declaraciones y un ahorro medio de 1.414 euros por contribuyente. El reparto por provincias fue de 4.279 contribuyentes en Alicante que ahorraron en total 5,8 millones de euros, 1.718 en Castellón que ahorraron 2,2 millones de euros y 6.226 en Valencia que ahorraron 9,3 millones.
Este ahorro también se traslada al resto de colectivos beneficiados por las nuevas tarifas del Impuesto sobre Transmisiones aprobadas por el Consell: personas con discapacidad (ahorro medio de 759 euros), familias numerosas y monoparentales (ahorro medio de 550 euros), mujeres víctimas de violencia de género (ahorro medio de 827 euros), VPO de régimen especial que sea la primera vivienda habitual (ahorro medio de 746 euros) y VPO de régimen general que sea la vivienda habitual (ahorro medio de 1.525 euros).
Por último, el Impuesto sobre el Patrimonio alcanza unos derechos reconocidos que ascienden a algo más de 199 millones de euros, un 1,5% más que en 2023, mientras que la cifra de los tributos sobre el juego se sitúa en 156 millones de euros, una cuantía que refleja un incremento de un 4,2% respecto a 2023, lo que muestra también el crecimiento de este sector.
Elevada ejecución
Entre los aspectos más destacados de la labor que desempeña la ATV en la gestión de los tributos que tiene cedidos y los propios destaca el elevado porcentaje de ejecución (98%) de los ingresos realizados sobre los derechos reconocidos gracias al empleo nuevas herramientas que facilitan le generación y pago de autoliquidaciones, así como a las tareas de gestión, valoración, inspección y recaudación para garantizar el correcto proceder en las declaraciones.
De hecho, de los 2.593 millones de euros registrados en concepto de derechos reconocidos, la Generalitat ha ingresado 2.541 millones de euros, unas cifras que evidencian que el proceso de apertura de la agencia, de digitalización de la administración y nuestras campañas extensivas de gestión para impulsar la autoliquidación de impuestos están funcionando “frente a otras épocas en las que la ciudadanía se veía sometida a procesos de sanción, inspecciones, etcétera, para que procedieran al pago de sus impuestos por las dificultades que existían para ello”.