Podem critica a Fulgencio por "preocuparse" de los contratistas en la V-21 y no por "los derechos de la ciudadanía"

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Podem ha criticado este jueves al delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, a quien ha acusado de "preocuparse" por los derechos de los contratistas y adjudicatarios de la 21-V pero "no le hemos escuchado una palabra sobre los derechos de la ciudadanía, a quien solo se consulta cada cuatro años".

Así lo ha indicado en un comunicado después de unas recientes declaraciones de Fulgencio quien apuntó el pasado martes que el problema de la V-21 se puede arreglar hasta donde los expedientes administrativos, las licitaciones, "no estén conclusas, en todo aquello que sea posible sentarse a una mesa sin vulnerar los derechos de contratistas y adjudicatarios".

A juicio de la formación morada, afirmar que el límite a la negociación de alternativas al tercer carril de la V-21 sobre terrenos "protegidos" de l'Horta son los expedientes administrativos es "reducir una cuestión estratégica y con grave impacto ambiental y territorial a una visión meramente burocrática".

Para Podem, "resulta sorprendente la inconsciencia con la que el nuevo ejecutivo se ha lanzado a dar por válidas algunas infraestructuras proyectadas por anteriores Gobiernos del Partido Popular, obras no prioritarias, con un elevado coste social, económico y medioambiental, que ha suscitado el rechazo por parte de la sufrida ciudadanía, a la que nadie, ni Fomento, con el anterior ministro De la Serna a la cabeza, ni los alcaldes de los municipios afectados, Alboraia y València, ni el actual titular de la cartera de Fomento, el valenciano José Luis Ábalos, han consultado".

"La desprotección a la que se ven sometidos la ciudadanía y el territorio parece no importarle a nadie", ha apuntado la diputada en el Congreso Rosana Pastor. "Nadie les ha preguntado y entre los derechos de la ciudadanía está el de ser escuchados y el derecho a mantener el patrimonio cultural, medioambiental y económico que supone ser los 'usufructuarios' de ese enclave único que es la huerta mediterránea y ampliación de V-21 amenaza gravemente la pervivencia de este ecosistema", ha manifestado.

Por su parte el diputado autonómico Antonio Montiel ha subrayado que el contrato "no ha echado a andar, en tanto que ni siquiera se ha procedido a informar a los titulares de las parcelas afectadas (que fueron citados la pasada semana y empezarán a ser recibidos a partir del próximo 23 de julio), los cuales desconocen aún los términos de la posible expropiación, como tampoco se ha llevado a cabo el replanteo del proyecto".

ES POSIBLE LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

En estas condiciones, ha asegurado que la suspensión del contrato "es perfectamente posible, y con un coste muy reducido, haciendo uso de las prerrogativas que la Ley de Contratos del Sector Público otorga a la administración contratante".

Por su parte, la concejala de València en Comú, Maria Oliver, reclama que se cumple el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de València y se paralice la ampliación por considerarla "innecesaria, contraria a los intereses de territorio y a las políticas de movilidad de la ciudad". "Nos parece una alternativa muy peligrosa porque potencia un modelo incompatible con nuestra apuesta de futuro por una fachada marítima", ha aseverado.

Podem ya ha solicitado formalmente una entrevista con el ministro José Luis Ábalos a la que puedan asistir también miembros del colectivo ciudadano Per l'Horta. "Es importante que la voz de los expertos de la sociedad civil sea escuchada a la hora de planificar", ha dicho, para añadir que este jueves solicitarán nuevamente la paralización del proyecto y que el ministro "fije lo antes posible la fecha para esta reunión".

"Solo suspendiendo el contrato y paralizando la previsión de expropiaciones aún sin iniciar, puede ser creíble la voluntad del Ministerio de Fomento de alcanzar acuerdos para considerar todas las alternativas posibles, incluida la alternativa 0. Exigimos que se abra una mesa de trabajo con participación de todas las partes implicadas, Ministerio, Generalitat, ayuntamientos y colectivos sociales y vecinales donde se pueda dialogar sin cortapisas y razonando todas las alternativas", ha reclamado Montiel.

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