La tensión educativa en la Comunitat Valenciana llegó esta semana al hemiciclo de Les Corts. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, aprovechó la sesión de control parlamentario para tender la mano a los sindicatos docentes y, al mismo tiempo, lanzar un mensaje inequívoco: el Consell no va a tolerar que la huelga indefinida ponga en riesgo el futuro académico del alumnado, especialmente de quienes se juegan el acceso a la universidad.
Una oferta que, según el Consell, no tiene parangón en España
Pérez Llorca defendió con contundencia el paquete de medidas presentado por su gobierno a los representantes sindicales, calificándolo de "la oferta educativa más ambiciosa y mejor dotada económicamente de todas las comunidades autónomas de España". Una afirmación que, en el contexto de una huelga indefinida convocada desde el 11 de mayo por los cuatro sindicatos mayoritarios —STEPV, CCOO, UGT y CSIF—, suena tan a argumento como a declaración de intenciones.
Entre las propuestas sobre la mesa, el Consell incluye la reducción progresiva de ratios, la simplificación burocrática, la actualización de plantillas, mejoras en infraestructuras con planes de climatización y accesibilidad, la apertura de al menos 150 aulas UECO y el impulso a la Formación Profesional. La pieza central, no obstante, es una subida salarial de 200 euros mensuales en complementos específicos, que el president no dudó en contrastar con el pasado: según Pérez Llorca, el anterior gobierno del Botànic rechazó un incremento similar hasta en cinco ocasiones.
De materializarse, ese aumento situaría a los docentes de Secundaria entre los tres mejor pagados de toda España, y a los maestros de Primaria en el quinto puesto del ranking autonómico. Son cifras que el Consell esgrime como palanca negociadora, aunque los sindicatos reclaman subidas de entre 300 y 500 euros mensuales y dan por "agotada" la negociación con la Conselleria de Educación.
"Lo que está demostrando esta huelga es la incompetencia" - Juanfran Pérez Llorca, president de la Generalitat Valenciana
Con esa frase, dirigida al anterior equipo de gobierno, Pérez Llorca dejó claro que comparte parte de las reivindicaciones del profesorado, pero que la responsabilidad de la situación actual la atribuye a quien gobernó antes. Un argumento recurrente en el debate político, pero que difícilmente satisface a quienes hoy secundan los paros.
El derecho a huelga, sí, pero con límites
El president reconoció explícitamente el derecho de los docentes a movilizarse y a defender sus condiciones laborales. Ahí el tono fue conciliador. Pero acto seguido marcó una línea roja: calificó de "intolerable" que las necesidades del alumnado quedaran desatendidas como consecuencia del conflicto. En ese equilibrio entre el derecho a huelga y el derecho a la educación, Pérez Llorca apeló a la "proporcionalidad" y recordó que los tribunales han respaldado la posición del Consell.
"No va a tolerar que se utilice a los estudiantes y a los padres como chantaje al Gobierno valenciano", subrayó, en una declaración que resume bien la doble postura del Ejecutivo autonómico: apertura al diálogo, pero sin ceder ante la presión de la movilización.
El fantasma de la infrafinanciación, siempre presente
El debate en Les Corts no se quedó en la educación. Pérez Llorca aprovechó las respuestas a los grupos parlamentarios de Compromís y VOX para desplegar un argumentario más amplio sobre lo que el Consell considera un agravio histórico del Gobierno central hacia la Comunitat Valenciana. Y los números que citó son difíciles de ignorar.
En materia de infraestructuras ferroviarias, el president señaló que la Comunitat tiene entre el 60% y el 70% del Plan de Cercanías 2017-2025 sin ejecutar, mientras el Estado destina 5.200 millones de euros a una cuarta línea orbital en el área metropolitana de Barcelona. Un contraste que, más allá de la disputa política, tiene consecuencias cotidianas para miles de viajeros valencianos. A eso se suma que, un año y medio después de la dana, los trenes de cercanías todavía no circulan entre Buñol y Utiel, y que el aeropuerto Alicante-Elche sigue sin segunda pista ni conexión ferroviaria.
Sobre la reconstrucción tras la dana, el president fue tajante: la Confederación Hidrográfica del Júcar solo ha ejecutado el 3,9% de lo que tenía comprometido. Y en sanidad, el Estado adeuda, según Pérez Llorca, más de 5.000 millones de euros en dependencia y más de 1.000 millones por atención a desplazados.
Un fondo de nivelación que nadie responde
El hilo conductor de toda la intervención fue la financiación autonómica. La Comunitat Valenciana lleva años situada a la cola del sistema de reparto entre autonomías, una situación que condiciona directamente su capacidad de invertir en servicios públicos como la educación o la sanidad. Pérez Llorca reclamó una vez más un fondo de nivelación transitorio y denunció que el actual ministro de Hacienda lleva más de un mes sin responder a la carta que le envió al respecto. El reproche adquirió un matiz particular: ese mismo ministro, recordó el president, defendía ese fondo cuando formaba parte del Consell valenciano.
La sesión arrancó con un minuto de silencio en memoria de una mujer y su hijo asesinados en Dolores víctimas de la violencia machista, un recordatorio de que más allá del ruido político, hay realidades que no admiten debate. Pero el grueso de la jornada lo ocupó la huelga docente: un conflicto que combina reivindicaciones laborales legítimas, un sistema de financiación estructuralmente injusto y una pugna política que lo atraviesa todo. La pregunta, mientras tanto, sigue en el aire: ¿cuándo se sienta de verdad cada parte a resolver lo que afecta a las aulas?