La provincia de Alicante es, por tamaño, la quinta economía española. Por inversión estatal por habitante, la última de 52. Esa contradicción, conocida y repetida hasta la extenuación por los empresarios alicantinos, sobrevoló este jueves el acto de clausura de la Asamblea General del Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (INECA), donde el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, tomó la palabra para reivindicar el papel del Consell como contrapeso de una deuda histórica que, según él, Madrid sigue sin saldar.
Un cambio de rumbo desde 2023
Pérez Llorca fue directo desde el principio: el Govern valenciano lleva corrigiendo desde 2023 el déficit inversor acumulado en la provincia durante legislaturas anteriores, tanto por parte de gobiernos autonómicos del pasado como, sobre todo, por la inacción del Ejecutivo central. Su diagnóstico no es nuevo, pero los números que lo acompañan son cada vez más contundentes. Los Presupuestos de la Generalitat de 2025 asignan a Alicante 461 millones de euros, el 39% del total autonómico, de los que 372 millones ya están en ejecución. El horizonte final, según el president, alcanzará los 2.314 millones de euros de inversión cuando se completen todos los proyectos previstos.
Para entender la magnitud de ese esfuerzo, conviene recordar el punto de partida. La provincia pasó de ser un referente inversor —llegó a los 423,5 euros por habitante en 2004, por encima de la media nacional— a ocupar la penúltima posición entre las 52 provincias en inversión per cápita, con una caída de 39 puestos desde 2002. Un declive gradual, silencioso, que se fue consolidando ejercicio tras ejercicio hasta convertirse en una herida estructural.
Sobre el terreno, el Consell enumera una batería de proyectos ya en marcha: la Estación Intermodal de Alicante, la Ronda de Elche y su futuro tranvía, el desdoblamiento de la CV-95 entre Orihuela y Torrevieja, la modernización del TRAM entre Benidorm y Dènia, además de inversiones por valor de 288 millones de euros destinadas a mejorar los sistemas de depuración de aguas y a ejecutar el postrasvase Júcar-Vinalopó. También se ha impulsado la construcción o renovación de 32 centros educativos y la promoción de 3.000 viviendas de protección pública, de las que cerca de un millar ya están en construcción.
Hospitales, centros de salud y una deuda con los servicios básicos
La lista de obras sanitarias en ejecución ilustra, quizás mejor que cualquier cifra abstracta, el alcance de ese déficit heredado. Las obras avanzan en el Hospital General Universitario de Alicante, en el Hospital Vega Baja de Orihuela y en la ampliación del Hospital Marina Baixa de La Vila Joiosa. A eso se suman el nuevo edificio ISABIAL del Hospital General de Alicante y varios centros de salud: La Torreta-PAU II y Garbinet, Elx-Travalón, Pedreguer y el Centro de Salud Pública de Alicante. Son intervenciones que afectan a la vida cotidiana de cientos de miles de personas y que, según el Consell, llevan años esperando.
Pérez Llorca también aprovechó para marcar distancias con la opacidad que, a su juicio, caracterizó a gobiernos autonómicos anteriores.
"Frente a los años de anteriores gobiernos de la Generalitat en los que se negó sistemáticamente la información, y se eliminaron las cuentas de ejecución territorializada, ahora hemos pasado de una etapa de confrontación a otra de cooperación" - Juanfran Pérez Llorca, president de la Generalitat Valenciana
En esa línea, el president destacó el papel que desempeñará la Mesa de Seguimiento de Inversiones de la Provincia de Alicante como herramienta para fiscalizar el avance de los proyectos y corregir disfunciones antes de que se enquisten.
El Estado, en el banquillo: 37 euros por habitante frente a los 194 de media nacional
Si el bloque autonómico fue de balance y promesas, el dedicado al Gobierno central fue de reproches. Y con datos difíciles de rebatir. La inversión estatal licitada por habitante en Alicante fue en 2025 de 37,1 euros, apenas el 19,1% de los 194,4 euros de media nacional. Alicante lleva cinco años consecutivos como la última provincia de España en inversión del Estado, un periodo que la patronal de obra pública ha bautizado como el «quinquenio negro» por su impacto en la competitividad, la conectividad y el desarrollo económico del territorio.
El déficit inversor conjunto del Estado y la Generalitat Valenciana alcanzó en 2024 los 2.643 millones de euros, el máximo histórico de la serie. Una cifra que habla por sí sola y que Pérez Llorca utilizó como argumento central para reclamar al Ejecutivo de Pedro Sánchez lo que considera una deuda pendiente con la provincia.
En el acto, el president reclamó explícitamente una conexión ferroviaria digna para Alicante y la construcción de la segunda pista del aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández, un aeropuerto que cerró 2025 con récord histórico de pasajeros pero que sigue sin contar con una segunda pista ni conexión ferroviaria directa. También exigió desbloquear las obras del Corredor Mediterráneo para evitar nuevos incumplimientos de plazos.
Sobre el agua —asunto de vida o muerte en el sureste peninsular—, Pérez Llorca instó al Gobierno a reconsiderar su rechazo a financiar el proyecto Vertido Cero de Alicante y a abrir una negociación basada en criterios técnicos y científicos para garantizar el futuro del Trasvase Tajo-Segura. El Gobierno de Pedro Sánchez elevó desde el 1 de enero de 2026 el caudal ecológico del río Tajo a su paso por Aranjuez hasta los 8 metros cúbicos por segundo, una decisión que golpea directamente al campo alicantino.
Presupuestos como argumento político
En un guiño que tiene tanto de gestión como de mensaje político, Pérez Llorca contrapuso la estabilidad presupuestaria del Consell con el bloqueo crónico del Ejecutivo central. El Gobierno lleva años sin aprobar unas cuentas públicas nuevas, lo que según el president condena a Alicante, por cuarto año consecutivo, al puesto 52 de 52 en inversión estatal. La prórroga indefinida de los Presupuestos Generales del Estado no es, en su lectura, un accidente administrativo, sino la causa directa de que proyectos estratégicos sigan paralizados o retrasados.
El president avanzó además su compromiso de mantener el rumbo inversor a través de los presupuestos autonómicos de 2026 y cerró su intervención con un gesto de apertura hacia Madrid, aunque sin renunciar a la presión: "Desde el Consell siempre vamos a tener la puerta abierta y la mano tendida al Gobierno para llegar a los mejores acuerdos posibles que mejoren el día a día de los alicantinos." Una frase de conciliación que, en el contexto del discurso, sonó más a ultimátum que a tregua.
INECA, el anfitrión del acto, lleva años documentando con rigor este desequilibrio. Alicante es la quinta provincia de España por PIB, con 52.321 millones de euros, y la cuarta por población, con 2,03 millones de habitantes. Esa potencia económica y demográfica convive, paradójicamente, con una de las redes de infraestructuras más castigadas del país, un contraste que el president prometió seguir combatiendo desde la Generalitat, con o sin la complicidad de un Gobierno central que, por ahora, sigue mirando hacia otro lado.