Casi dos años después de la DANA que arrasó la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024, dejando más de 229 fallecidos y devastando decenas de municipios, la reconstrucción avanza a un ritmo que el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, califica de inaceptablemente lento. En la segunda reunión de la Comisión Mixta para la reconstrucción, celebrada en Algemesí, el jefe del Consell lanzó un mensaje sin ambigüedades al Gobierno de España: hay que acelerar, y hay que hacerlo ya.
El dinero existe, pero no llega a las obras
El diagnóstico que ofreció Pérez Llorca es tan sencillo como inquietante. De los más de 1.700 millones de euros transferidos por el Gobierno central a los ayuntamientos, solo se ha ejecutado el 5%. No porque los municipios no quieran construir, sino porque no pueden: la normativa vigente les impide tramitar contratos por emergencia y nadie ha impulsado aún un cambio legal que lo facilite.
"Si no cambia la normativa y se establecen plazos más rápidos, esto va a tardar mucho en ponerse en marcha" - Juanfran Pérez Llorca, president de la Generalitat Valenciana
La parálisis burocrática tiene consecuencias visibles. Según el president, 118 concursos públicos han quedado desiertos por no haberse revisado los precios de las obras —como sí se hizo con la empresa pública TRAGSA—, bloqueando inversiones por valor de 150 millones de euros. Una reforma de precios que en teoría debería ser un trámite técnico se convierte, en la práctica, en un muro que frena la recuperación.
Las obras hidráulicas, sin arrancar
Si los problemas normativos bloquean las obras municipales, el frente hídrico no está en mejor situación. Pérez Llorca instó a la Confederación Hidrográfica del Júcar a acelerar los trabajos de defensa frente a inundaciones que, según denunció, "aún no han empezado", pese a que se trata de las actuaciones que dotarían de mayor seguridad estructural a los municipios más vulnerables. La misma queja que los expertos y los propios alcaldes llevan meses trasladando: las grandes infraestructuras hidráulicas dependen del Estado, y el Estado no ha movido ficha.
El contraste con el volcán de La Palma sobrevoló toda la reunión. Allí, la Comisión Mixta se constituyó de forma inmediata tras la catástrofe. En el caso de la DANA valenciana, el organismo arrancó con más de un año de retraso. "Seguramente hubiésemos conseguido mayores objetivos si los primeros meses tras la riada se hubiese constituido esta comisión", admitió el president, con la frustración apenas disimulada de quien habla desde la experiencia acumulada.
Un mapa de municipios que el Gobierno no quiere ampliar
Otra de las batallas que libra la Generalitat es la del reconocimiento oficial. El Real Decreto-Ley 6/2024 incluyó 75 municipios afectados con acceso a ayudas estatales y europeas, pero la Generalitat contabiliza 103. Los 28 municipios que quedan fuera de la lista gubernamental son comunidades reales, con vecinos reales, que ven cómo sus vecinos de la localidad de al lado acceden a recursos a los que ellos no pueden optar.
A esta reclamación se suma la devolución de los 82 millones de euros que la Generalitat abonó en concepto de IVA al formalizar los contratos de emergencia, así como la exoneración del pago de intereses por la devolución de subvenciones estatales y europeas. Son cifras que, en el contexto de una reconstrucción financiada en gran medida con deuda autonómica, pesan.
El pulso por los fondos europeos
En el plano europeo, la situación ha dado un giro relevante. La Comisión Europea ha autorizado el desembolso de 846 millones de euros del Fondo de Solidaridad de la UE, que sumados a los 100 millones adelantados por Bruselas en marzo de 2025, elevan el apoyo comunitario a un total de 946 millones de euros. Se trata del segundo mayor importe jamás asignado por el principal instrumento de ayuda de la UE para la recuperación tras catástrofes.
Sin embargo, Pérez Llorca exige que esos 946 millones se cogestionen desde la Comisión Mixta, y no sean distribuidos en exclusiva por el Gobierno central. "Aquí estamos todos representados y aquí vemos todas las necesidades que tenemos", argumentó. La misma lógica aplica a los 1.250 millones de fondos Next Generation que la Unión Europea autorizó desviar en octubre de 2025 hacia las zonas afectadas: el president reclama saber qué se ha hecho con ese dinero y qué parte le correspondería a la Comunitat.
La Generalitat dice haber cumplido; el Gobierno, a medias
El balance que presentó el jefe del Consell sobre la gestión autonómica fue contundente. El 100% de las 296 iniciativas propias de la Generalitat ya están en ejecución, y se han finalizado 59 de las 60 obras locales asumidas por el Ejecutivo valenciano. En total, la Generalitat ha movilizado más de 3.100 millones de euros, de los que cerca de 1.800 millones son ayudas directas a víctimas, damnificados, autónomos y empresas. En el próximo mes, anunció Pérez Llorca, comenzará el pago de las ayudas de 80.000 euros a las familias de los fallecidos.
Frente a ello, el president cuestionó abiertamente las cifras que maneja el Gobierno. De los 9.600 millones que el Ejecutivo central dice haber ejecutado, más de 4.000 corresponden al Consorcio de Seguros, una entidad que se nutre de las primas que pagan todos los ciudadanos. "Lo que no podemos pretender es vender como ayuda algo que pagamos todos con nuestro bolsillo todos los días", advirtió.
El campo y el lago de L'Albufera también ocuparon espacio en la reunión. Los alcaldes de los municipios afectados reclaman mesas de trabajo específicas sobre ambos asuntos. Las tierras agrícolas arrasadas por la riada, o aquellas que ahora forman parte del dominio público hidráulico por la ampliación de cauces, representan un drama silencioso: parcelas que ya no se pueden cultivar y agricultores que no reciben indemnización. La realidad cotidiana en numerosos municipios valencianos sigue marcada por la sensación de lentitud, y ayuntamientos, asociaciones empresariales y plataformas vecinales coinciden en señalar que los plazos administrativos no siempre se ajustan a la urgencia de una catástrofe de esta magnitud. Casi dos años después, la pregunta que sobrevuela cada reunión sigue siendo la misma: ¿cuándo empieza la reconstrucción de verdad?