“Transparente, eficaz y sin ‘enchufismos’”. Este es el objetivo del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, para el sector público de la Comunitat Valenciana. Un sector público que va a ser examinado al detalle mediante una auditoría general tras haber detectado irregularidades de contratación por parte del anterior gobierno del Botànic. “Un pozo sin fondo y una barra libre de la contratación a dedo”, detallaba este martes el propio Mazón.
El objetivo es “poner fin al malgasto y descontrol" de la anterior etapa y transformar que el sector público valenciano para que sea “transparente y eficaz”. Esta decisión se basa en informes técnicos de la Sindicatura de Cuentas, la Intervención general de la Generalitat y la Dirección General de Fondos Europeos y Sector Público, que han evidenciado procedimientos de contratación irregulares, falta de control en el manejo de recursos públicos y retribuciones a personal "colocado a dedo".
La auditoría comprenderá medidas como una auditoría 'forensic' para detectar posibles casos de fraude y gasto descontrolado, con la intención de exigir responsabilidades administrativas y penales si es necesario. También se llevará a cabo una auditoría operativa del sector público instrumental para identificar duplicidades e ineficiencias.
Además, el Consell iniciará el proceso para llevar a Les Corts un proyecto de ley destinado a eliminar seis entidades ya creadas durante la administración anterior. Estas entidades, que han sido calificadas como "empresas fantasma", tienen funciones que ya están siendo desempeñadas por distintas direcciones generales de la Generalitat.
713 millones “a dedo”
En relación con las irregularidades en materia de contratación, el president revelaba este martes que el 92% del sector público no sigue los procedimientos establecidos por la ley. Durante los últimos cuatro años, se adjudicaron "a dedo" 253.122 contratos por un importe de 713 millones de euros, saltándose la mayoría de las recomendaciones de organismos fiscalizadores.
En cuanto a gastos de personal, la plantilla del sector público aumentó un 35%, y el gasto en personal de las empresas públicas se disparó un 47% durante el gobierno anterior, según detallan los informes, que destacan, por ejemplo, más de 4.000 contrataciones no autorizadas en 2021.
Carlos Mazón ha enfatizado que la auditoría operativa comenzará en el primer trimestre de 2024, con informes intermedios y un informe final que detallará el trabajo realizado y las principales conclusiones.
“Empresas fantasma”
Por otro lado, se eliminarán seis "empresas fantasmas" creadas durante la etapa del Botànic, cuyo personal no político se incorporará a direcciones generales, sin afectar puestos de trabajo, salvo en caso de irregularidades.
Concretamente, el Consell aprobará en breve el inicio del expediente para llevar a Les Corts un proyecto de Ley para eliminar la Agencia Valenciana de la Energía (DG de Energía), la Agencia para la Digitalización y la Ciberseguridad (DG TIC), la Agencia Valenciana de información y control alimentarios (DG de Producción Agrícola y Ganadera y DG de Cadena Agroalimentaria), la Agencia Valenciana de Residuos y Economía Circular (escisión VAERSA), la Agencia Valenciana Cambio Climático (DG de Calidad y Educación Ambiental) y la Escuela Valenciana de Administración Pública (DG de Función Pública). No se descarta reorganizar o eliminar más entidades según los resultados de la auditoría.
Tras poner fin al "gobierno más caro de la historia", el interés general, la eficacia, la eficiencia, la transparencia y el control del gasto serán fundamentales, según el jefe del Consell, en esta nueva etapa del sector público valenciano.