Siete años después de que el Decreto 42/2019 lo pusiera sobre el papel, la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Generalitat Valenciana deja de ser una promesa normativa y se convierte en realidad. El Consell ha ratificado el acuerdo de la Mesa Sectorial de Función Pública que implanta definitivamente esta jornada para más de 21.200 empleados públicos, poniendo fin a un largo recorrido de negociaciones, condicionantes presupuestarios y mandatos sucesivos que habían mantenido la medida en un limbo administrativo.
El acuerdo, alcanzado en la Mesa Sectorial el pasado 14 de septiembre, contempla dos modalidades horarias: una jornada general de 35 horas semanales y una jornada de especial dedicación de 37 horas y 30 minutos. Ambas figuras ya estaban recogidas en el Decreto 42/2019 del Consell, pero su aplicación había quedado congelada a la espera de que se cumplieran ciertos requisitos vinculados a la estabilidad presupuestaria, la deuda pública y la regla de gasto. Un candado legal que, con el tiempo, el Estado terminó por eliminar.
Un camino largo y con varios obstáculos
La historia de las 35 horas en la función pública valenciana es, en buena medida, la historia de una medida que siempre estuvo ahí pero que nunca acababa de aterrizar. Hasta hace muy poco, la Comunitat Valenciana figuraba entre las comunidades autónomas cuyos empleados públicos continuaban trabajando más de 35 horas semanales. Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura o el País Vasco llevan años aplicando la jornada de 35 horas en sus administraciones, lo que sitúa a la Comunitat Valenciana en un proceso de convergencia con las comunidades más avanzadas en esta materia.
El principal escollo había sido de naturaleza financiera. La normativa estatal exigía el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y control del gasto para poder implantar una jornada ordinaria diferente a la general. El ejecutivo autonómico había iniciado las negociaciones en abril con el objetivo de sellar un acuerdo para que pudiese empezar a aplicarse en enero de 2027, a pesar de la delicada situación de las finanzas autonómicas, que había sido puesta como el principal límite para poder negociar las condiciones de los trabajadores públicos. Sin embargo, la modificación posterior de esa normativa estatal eliminó las restricciones presupuestarias, aunque mantuvo un requisito clave: que la temporalidad en el empleo público no supere el 8% de las plazas de naturaleza estructural.
El proceso negociador también tiene su propia hoja de ruta. En abril de 2024, la Mesa General de Negociación alcanzó un acuerdo —ratificado por el Consell el 7 de mayo de ese año— para que cada mesa sectorial negociara la aplicación de las 35 horas en su propio ámbito. Y fue el 24 de abril de 2026 cuando esa misma Mesa General instó a las mesas sectoriales a arrancar definitivamente las negociaciones y abordar las adaptaciones organizativas necesarias. El de Función Pública lo hizo. El resultado es el acuerdo que ahora el Consell ha convertido en oficial.
¿Quién se beneficia y cuánto cuesta?
El Gobierno valenciano estima que la medida tendrá un coste aproximado para las arcas públicas de 3 millones de euros al año, una cuantía que la administración autonómica destinará a contratar personal para compensar las horas de trabajo que dejen de hacer sus empleados públicos al reducir en 2,5 horas su jornada laboral cada semana. Según fuentes consultadas, esta partida se destinará a crear nuevos puestos que se concentrarán principalmente en aquellos centros donde el servicio se presta a turnos, con especial incidencia en los centros sociosanitarios, teniendo en cuenta que "el cómputo anual supone una reducción de más de 60 horas".
Ahora bien, conviene precisar a quién alcanza exactamente este acuerdo. El beneficio se aplicará a los funcionarios del ámbito de la Función Pública de la Generalitat Valenciana, pero no al personal de Educación, Sanidad o Justicia, que quedan fuera de este acuerdo y deberán negociar en sus respectivas mesas sectoriales esta mejora. Es decir, maestros, médicos o empleados de la administración de justicia seguirán a la espera de que sus propias mesas sectoriales recorran el mismo camino.
Conciliación, modernización y diálogo social
Más allá de los números, la medida se encuadra en una tendencia más amplia de repensar cómo y cuánto trabajamos. La reducción de jornada laboral hasta las 35 horas semanales ya había entrado en vigor para los empleados de la Administración General del Estado en España el pasado mes de abril. La Comunitat Valenciana da ahora ese mismo paso para su propia administración, alineándose con una política que va ganando terreno en el conjunto del sector público español.
La Generalitat enmarca la medida en su apuesta por la conciliación de la vida personal y profesional y por la modernización de la Administración autonómica. La implantación de las 35 horas semanales responde a un compromiso con el personal empleado público de la Generalitat y se enmarca en el proceso iniciado para adaptar la organización de la Administración a las nuevas necesidades de la sociedad valenciana. También se destaca el papel que ha jugado el diálogo social en todo este proceso: el acuerdo es fruto de la negociación colectiva entre la Administración y los sindicatos representados en la Mesa Sectorial, un mecanismo que, en esta ocasión, ha demostrado funcionar.
La aplicación de la nueva jornada no comprometerá el objetivo de reducción de la temporalidad en el empleo público, tal y como establece la normativa estatal básica. Un equilibrio que el Gobierno valenciano se ha esforzado en subrayar para despejar dudas sobre el impacto de la medida en la calidad y continuidad de los servicios públicos. Para más de 21.200 funcionarios, sin embargo, el debate ya tiene fecha de cierre: a partir de ahora, el reloj de la jornada laboral marcará 35 horas.