La violencia sobre la mujer tiene una geografía muy concreta: en la mayoría de los casos ocurre puertas adentro, en el hogar, a menudo mientras al otro lado del tabique hay alguien que puede escuchar, intuir o sospechar. Esa proximidad es, precisamente, el punto de partida de un nuevo acuerdo firmado en la Comunitat Valenciana que apuesta por convertir a los administradores de fincas en un eslabón activo de la red de prevención y detección temprana. El Comisionado para la Lucha contra la Violencia sobre la Mujer y el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de la Comunitat Valenciana (CGCAFCV) han suscrito un convenio de colaboración para reforzar la identificación de situaciones de riesgo en las comunidades de propietarios.
Una red que llega donde los servicios públicos no siempre pueden
La lógica del acuerdo es tan sencilla como poderosa. Los administradores de fincas gestionan cientos de comunidades de propietarios, mantienen contacto habitual con presidentes de comunidad, visitan portales, convocan y presiden juntas de vecinos. Son, en la práctica, una figura con acceso cotidiano a ese entorno residencial donde la violencia doméstica se ejerce —y muchas veces se silencia—. No es una iniciativa sin precedentes: en Galicia, Andalucía y otras comunidades autónomas se han impulsado convenios similares desde hace años con el mismo objetivo de romper el aislamiento de las víctimas a través del entorno vecinal.
El convenio, con una duración de un año desde su entrada en vigor, fue firmado por la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero; la secretaria autonómica de Igualdad y Diversidad, Asunción Quinzá; el Comisionado para la Lucha contra la Violencia sobre la Mujer, Felipe del Baño; y el presidente del CGCAFCV, Sebastián Cucala.
"Los actos de violencia sobre la mujer se ejercen a menudo en la intimidad de los hogares, por lo que contar con la colaboración de agentes sociales con un contacto directo y frecuente con el entorno residencial y vecinal resulta crucial para la detección temprana y prevención de estas situaciones." - Susana Camarero, vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad de la Generalitat Valenciana
Formación, difusión y presencia en las juntas de vecinos
El acuerdo no se limita a la buena voluntad de las partes. Establece compromisos concretos para ambos lados. Por parte de la Generalitat, el Comisionado se compromete a impartir jornadas formativas con personal técnico especializado, de modo que los administradores colegiados adquieran pautas de actuación claras ante señales de alarma. También se pondrá a disposición del colectivo personal técnico para coordinar actuaciones conjuntas.
Del lado de los administradores de fincas, el compromiso es igualmente tangible: distribuirán materiales informativos y de sensibilización, recomendarán su colocación en lugares visibles de las comunidades que gestionan y, en un gesto que puede parecer menor pero tiene un impacto real, promoverán la inclusión de un punto informativo sobre el convenio en los órdenes del día de las juntas de propietarios. Es decir, el tema de la violencia contra la mujer entrará formalmente en los debates del ascensor, del portal, de la reunión anual de vecinos.
"La atención a las mujeres no puede depender de su lugar de residencia." - Susana Camarero, vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad de la Generalitat Valenciana
Recursos para quienes los necesiten
Más allá del convenio en sí, la Generalitat ha aprovechado el acto para recordar que las víctimas de violencia machista cuentan con una red de recursos públicos accesibles: atención presencial, telefónica y telemática a cargo de equipos multidisciplinares integrados por psicólogos, abogados y trabajadores sociales. Los centros gestionados por la Generalitat ofrecen también alojamiento y manutención para quienes necesitan salir de una situación de peligro inmediato.
Camarero subrayó que esta apuesta se ha traducido en mayores recursos, nuevas infraestructuras y mejora de los servicios ya existentes, con el objetivo de que ninguna víctima quede desatendida independientemente de dónde viva. En un contexto en el que una ínfima parte de las denuncias son presentadas por personas que viven cerca de la víctima , ampliar la red de detección hacia el tejido vecinal y profesional no es solo una medida administrativa: es una apuesta por cambiar la cultura del silencio que todavía rodea la violencia doméstica. Que un administrador de fincas pueda ser, en algún caso, el primer hilo del que tire una mujer que necesita ayuda dice mucho sobre lo que puede conseguirse cuando se suman voluntades fuera del circuito institucional habitual.