La tragedia de la dana no solo dejó un rastro de destrucción y dolor en la Comunitat Valenciana. También sembró una pregunta incómoda que los supervivientes se negaron a dejar en el aire: ¿sabía la gente cómo actuar cuando el agua empezó a subir? La respuesta, en demasiados casos, fue no. Y de esa certeza nació una exigencia que ahora tiene forma de propuesta legislativa.
La Generalitat Valenciana trabaja en consenso con las asociaciones de víctimas y afectados de la dana para incorporar la formación ciudadana ante emergencias en la nueva Ley de Protección Civil y Gestión de Emergencias de la Comunitat Valenciana, una norma que actualizará la vigente Ley 13/2010 con el objetivo de optimizar la respuesta ante cualquier catástrofe futura. La iniciativa parte de la Mesa Permanente de Trabajo constituida tras la tragedia y llega al debate legislativo cargada de simbolismo: son los propios afectados quienes exigen que ningún ciudadano vuelva a estar tan desprotegido como ellos lo estuvieron.
Una demanda que nació en la Comisión Mixta del 9 de junio
El detonante concreto fue la reunión de la Comisión Mixta Generalitat-Gobierno central celebrada el pasado 9 de junio, que se centró de forma monográfica en la gestión de emergencias. Tras ese encuentro, las asociaciones reunidas en la Mesa Permanente de Trabajo solicitaron formalmente que la formación ciudadana ante situaciones de emergencia quedara recogida en el texto legal. No se conformaron con trasladar la petición a un solo interlocutor: han remitido escritos a diferentes miembros del Consell, a grupos parlamentarios de Les Corts y también al Gobierno central, para que la iniciativa se incorpore tanto a la legislación autonómica como a la nacional.
La apuesta es clara y va más allá de los simulacros puntuales o las campañas informativas de turno. Lo que se reclama es convertir en derecho exigible algo que hasta ahora dependía de la buena voluntad institucional: el derecho de los ciudadanos a ser informados sobre los riesgos colectivos graves que puedan afectarles y sobre las medidas previstas para hacerles frente. También se quiere reforzar el acceso a instrucciones concretas sobre las medidas de seguridad a adoptar y la conducta a seguir en cada tipo de emergencia.
Sin presupuesto no hay formación: la otra exigencia de la Mesa
Las asociaciones saben que una ley sin financiación es poco más que papel mojado. Por eso, desde la Mesa Permanente se ha acordado solicitar a la Generalitat que los presupuestos autonómicos contemplen una dotación presupuestaria específica, suficiente y finalista destinada al desarrollo del derecho a la formación en materia de emergencias, autoprotección, prevención y respuesta ante catástrofes para la ciudadanía. La palabra "finalista" no es casual: se quiere evitar que los fondos puedan redirigirse a otros fines, garantizando que el dinero llegue efectivamente a los programas formativos.
La Ley 13/2010, norma que actualmente regula la protección civil en la Comunitat Valenciana, ya establecía entre las funciones de la Generalitat la de "fomentar actuaciones que contribuyan a la prevención de siniestros" y a "la toma de conciencia y sensibilización de los ciudadanos". Sin embargo, la dana demostró que esas previsiones, formuladas en términos genéricos, no se habían traducido en una cultura real de autoprotección entre la población. La nueva ley tiene la oportunidad —y ahora también la presión ciudadana— de corregir ese vacío con compromisos concretos y recursos garantizados.
Lo que está en juego, en definitiva, no es solo una reforma legal más. Es la posibilidad de que la próxima vez que el cielo se desplome sobre la Comunitat Valenciana, sus vecinos sepan exactamente qué hacer, adónde ir y cómo protegerse. Una lección aprendida a un precio demasiado alto como para no dejarla escrita en la ley.