Casi dos años después de la noche más trágica que ha vivido la Comunitat Valenciana en décadas, el dinero prometido a las familias de quienes lo perdieron todo empieza a materializarse. La Generalitat ha abonado ya 17.019.999 euros en ayudas a familiares de víctimas mortales de la dana, lo que representa el 98% del total concedido. La última orden de pago se cursó este miércoles, y en los próximos días el importe llegará a las cuentas de los beneficiarios.
439 subvenciones para los allegados de 216 víctimas
La dana del 29 de octubre de 2024 se cobró la vida de al menos 229 personas en la provincia de Valencia, dejando además 2.641 heridos y más de 300.000 afectados de forma directa o indirecta. Una catástrofe de proporciones históricas que, además del dolor irreparable, sumió a muchas familias en una situación económica extraordinariamente difícil. Frente a ese escenario, la Generalitat puso en marcha un mecanismo de apoyo económico directo que ahora alcanza su fase de desembolso casi definitivo.
En total, el Consell ha aprobado la concesión de 439 subvenciones dirigidas a familiares de víctimas mortales, por un importe global de 17,28 millones de euros. Estas ayudas están vinculadas a un total de 216 víctimas cuyos allegados presentaron solicitud. En el resto de casos —el resto hasta completar el balance oficial de fallecidos— no se registró ninguna petición por parte de posibles beneficiarios.
El marco legal que las ampara es el Decreto 23/2026, de 20 de febrero, del Consell, que fija una cantidad de 80.000 euros por víctima mortal. Una cifra que, en la práctica, se distribuye entre los beneficiarios que acrediten su derecho según un orden de prelación establecido en la propia normativa:
- El cónyuge no separado legalmente o la persona con una relación análoga de afectividad.
- Los hijos de la persona fallecida, así como los hijos del cónyuge o pareja que convivieran con el fallecido.
- En su defecto, los padres, abuelos o hermanos.
También pueden acceder a estas ayudas las personas que hayan sido declaradas con incapacidad permanente absoluta por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) como consecuencia directa de la dana.
Directas, compatibles y exentas de impuestos
No es habitual que una subvención pública llegue sin letra pequeña. En este caso, sin embargo, el diseño de las ayudas incluye tres características que las hacen especialmente favorables para sus destinatarios: son de concesión directa, son compatibles con otras subvenciones o indemnizaciones procedentes de administraciones públicas, entidades privadas o compañías aseguradoras, y —quizás lo más relevante para muchas familias— están exentas de tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Es decir, el dinero llega íntegro, sin que Hacienda se lleve una parte.
"Se ha dado cumplimiento a uno de los principales compromisos asumidos por la Generalitat con los familiares de las víctimas de la dana, garantizando que las ayudas lleguen de forma ágil y efectiva a quienes han sufrido las consecuencias más duras de esta tragedia." - Raúl Mérida, comisionado para la Recuperación de la Generalitat Valenciana
"Somos conscientes de que ninguna ayuda económica puede compensar la pérdida irreparable de un ser querido, pero esta medida representa el compromiso institucional de ofrecer un respaldo económico destinado a aliviar las dificultades que muchas familias han tenido que afrontar." - Raúl Mérida, comisionado para la Recuperación de la Generalitat Valenciana
Un 2% pendiente, por trámites incompletos
El pequeño porcentaje que aún no se ha abonado —ese 2% restante sobre los 17,28 millones aprobados— no responde a falta de voluntad ni de recursos, sino a cuestiones puramente administrativas: expedientes que han requerido subsanaciones o documentación adicional. La Generalitat ha indicado que seguirá trabajando en su resolución hasta cerrar la totalidad de los pagos.
Que el 98% de las ayudas haya llegado a sus destinatarios en apenas unos meses desde la aprobación del decreto es, en el contexto de la burocracia española, un ritmo notable. Pero más allá de los porcentajes, lo que hay detrás de cada expediente es una familia que perdió a alguien en los garajes, en los coches o en las calles de los pueblos del sur de Valencia aquella tarde de octubre. Para ellas, los 80.000 euros no son una cifra abstracta: son el reconocimiento institucional de una pérdida que ninguna norma podría haber evitado del todo, pero que al menos ahora el Estado acompaña con algo más que palabras.