Las Corts validarán el próximo jueves, con la única oposición de Vox, el decreto ley que establece el régimen sancionador específico contra el incumplimiento de las disposiciones reguladoras de las medidas de prevención frente a la COVID-19, que prevén multas desde 60 a 60.000 euros y el cierre de locales o negocios.
Los grupos del Botànic han anunciado este martes su respaldo al igual que el PP y Cs, que han explicado que votarán a favor por "sentido de responsabilidad" a pesar de "las deficiencias legales" que incluye y "la mala gestión". Vox será el único que votará en contra al considerarlo "antidemocrático, anticonstitucional y confiscatorio".
La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha defendido la vía de decreto ley dada la urgencia para su aprobación para "seguir salvando vidas" y para dar "seguridad jurídica" por la "excepcionalidad de la situación" a las sanciones que se impongan.
Bravo ha destacado que durante estos diez primeros días de funcionamiento han evidenciado "la necesidad de la medida y la urgencia de la tramitación": así se han puesto 1.385 advertencias por no hacer uso mascarilla y se han levantado 247 actas sancionadoras. "Más de mil actuaciones de la policía autonómica que nos ha protegido del virus", ha destacado Bravo, que ha anunciado que se reforzará la plantilla para tramitar las sanciones con nueve funcionarios.
En ese sentido ha señalado que aunque más del 90% de los valencianos han tenido "un comportamiento ejemplar" y han cumplido con las normas, pero hay "una minoría que ha empañado este camino de responsabilidad".
En esta línea, ha recalcado que, según el último balance, hay 560 focos en España y 67 en la Comunitat Valenciana y se ha comprobado que el 36% de ellos de los nuevos contagios desde el fin del confinamiento se produce por contacto social o familiar, el 17,6% ocio, y el 15% laboral.
Por ello, ha defendido que es "imprescindible" volver a apelar a esa corresponsabilidad de toda sociedad y también la vigilancia para que se cumplan las medidas de seguridad para hacer frente a esta pandemia, que ya se ha cobrado la vida de al menos 1.432 personas.
Bravo ha recalcado que este decreto "no solo tiene un carácter punitivo sino también concienciador y se ha visto que cumple con su dispositivo pedagógico". "Tras la prevención y contención y ahora es el momento sancionador porque no se trata de estigmatizar ni tiene afán recaudatorio sino disuasorio para no bajar la guardia", ha recalcado la consellera, que ha recordado que todo el dinero que se recaude se destinará a investigación contra la Covid.
"Nos jugamos mucho, la salud y la economía de todos y por eso actuaremos donde haga falta y con la coordinación de todas las Fuerzas de Seguridad para hacer de la Comunitat un lugar seguro", ha apostillado.
Por su parte, la diputada socialista Rosa Peris ha incidido en que "el riesgo no ha desaparecido" y no se puede consentir que "queden impunes unos pocos que ponen en riesgo la salud de los valencianos". Desde Podem, la diputada Beatriz Gasco ha destacado que "siempre han priorizado la salud ante presiones de determinados sectores" y que "la seguridad sanitaria supone también una mejor recuperación económica", mientras que la diputada de Compromís Nathalle Torres ha resaltado que se trata de "un instrumento necesario y efectivo para la salvaguarda de la salud pública".
"DECRETO INSUFICIENTE Y COBARDE"
Por su parte, el diputado de Cs Vicente Fernández ha explicado que votan a favor por "sentido de responsabilidad" pese a que, ha señalado, "no nos gusta, es insuficiente, cobarde, llega tarde y hay mucha dudas sobre su legalidad" pero es "un mal menor y mejor esto que nada". No obstante, ha pedido tramitarlo como proyecto de ley para poder enmedarlo durante su tramitación.De igual modo, el diputado del PP José Císcar ha anunciado que lo apoyará al igual que todos "los procedimientos para salvaguardar el preciado bien que es la salud" y "a pesar de propias deficiencias que tienen la norma, la mala gestión en su aplicación y la falta de medios que hará que quede en una medida cosmética".
Por contra, el portavoz adjunto José Maria Llanos ha justificado su voto en contra en que se trata de un decreto ley "inconstitucional, confiscatorio y antidemocrático". Entre estas irregularidades, se ha referido a "la arbitrariedad" de las sanciones, que "se inmiscuye en competencias exclusivas del Estado como regular el derecho de reunión, o la inseguridad jurídica del concepto sobre mal uso de la mascarilla". "Este decreto ley nace herido de muerte porque cualquier ciudadano puede recabar la tutela en los tribunales", ha apostillado.