La segunda fase del caso Azud sigue en marcha: más registros y comisiones rogatorias para buscar dinero fuera
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La segunda fase de la operación Azud, una presunta trama de corrupción urbanística, sigue en marcha: la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) sigue efectuando registros, uno de ellos en la Concejalía de Urbanismo del consistorio valenciano, y se han cursado diferentes comisiones rogatorias para buscar dinero en el extranjero.Según han informado a Europa Press fuentes conocedoras del procedimiento, la UCO continúa este lunes los registros en busca de más pruebas y documentación después de que el pasado jueves arrestara a un total de 14 personas en el marco de esta causa, entre ellas, al exsubdelegado del Gobierno en Valencia Rafael Rubio (PSPV) y al exvicealcalde del Ayuntamiento de Valencia Alfonso Grau (PP), ambos en prisión desde la última hora del sábado.Según ha podido saber Europa Press, la UCO ha recogido información en otras áreas del consistorio: Ciclo Integral del Agua, Servicios Sociales, Patrimonio Municial e Intervención. En esta segunda fase de la operación Azud se investiga el posible cobro de comisiones ilegales relacionadas con operaciones urbanísticas y adjudicaciones de contratos en el Ayuntamiento de València, otros consistorios y diversas entidades públicas locales y estatales, entre 2004 y 2011.Además, se han tramitado diferentes comisiones rogatorias puesto que se sospecha que algunos de los arrestados pudieron esconder dinero en el extranjero. Este último indicio es uno por los que el Juzgado de Instrucción número 13 de València, encargado de la causa, decretó el sábado la prisión provisional para cinco de los 14 detenidos: Rubio, Grau y tres empresarios, entre ellos, Jaime Febrer. Otro argumento que justificó el ingreso en la cárcel fue la destrucción de pruebas o el riesgo de fuga.Los otros ocho detenidos que pasaron a disposición judicial el sábado quedaron en libertad con retirada de pasaportes, prohibición de salir del país y comparecencias semanales en sede judicial. Ninguno los arrestados quiso declarar ante la jueza, según ha podido saber Europa Press.Únicamente el responsable jurídico de Divalterra, José Luis Vera, quiso declarar ante la Guardia Civil, pero a mitad testimonio lo interrumpió y se acogió a su derecho de no decir nada más. Solo uno de los 14 detenidos en la operación no fue puesto a disposición judicial: la que fuera alcaldesa de Xixona con el PP, aunque fuentes de la formación han señalado que se dio de baja del partido en 2012.Sobre los registros, la vicealcaldesa de València y edil de Desarrollo y Renovación Urbana en la ciudad, Sandra Gómez, ha confirmado en rueda de prensa que se ha producido uno en dependencias del servicio de Urbanismo del consistorio valenciano ubicadas en el edificio municipal de Tabacalera.
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