Una nueva rotura en el acueducto Tajo-Segura ha vuelto a cortar el suministro de agua hacia el sureste peninsular, y esta vez la Generalitat Valenciana no está dispuesta a esperar. El Consell exigió este viernes al Gobierno central que actúe con la máxima urgencia para reparar los daños detectados en el canal a su paso por Liétor, un municipio de la provincia de Albacete, y que garantice que los regantes de Alicante no pierdan ni un hectómetro cúbico del agua que ya estaba previsto trasvasar.
La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) informó de la suspensión de la derivación de agua tras la detección de una rotura en el tramo 2 del canal. Como resultado de la primera evaluación, se constataron graves daños por "colapso en los paños de la solera y de los taludes del canal, así como importantes alteraciones en el terreno sobre el que se asientan". No es la primera vez que esta misma zona da problemas: la nueva avería tiene como precedente más reciente el cierre registrado en agosto de 2025, cuando también se detectó una rotura grave en el canal a la altura de Liétor, que obligó a vaciar el acueducto y cuyas obras concluyeron el 1 de octubre, tras alrededor de mes y medio de interrupción.
La Vega Baja, en el punto de mira
El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, trasladó la preocupación del ejecutivo autonómico durante la rueda de prensa celebrada en Alicante tras el Pleno, haciendo especial hincapié en las zonas que dependen del Tajo-Segura para sobrevivir. La Vega Baja, uno de los territorios agrícolas más productivos del país, es la que más tiene que perder.
"Pedimos al Gobierno de España que todo el tiempo en el que no se pueda trasvasar agua se tenga en cuenta y que se amplíe el periodo de los trasvases más allá de la previsión del 1 de octubre, para que nuestros regantes puedan recibir el agua que necesitan" - Miguel Barrachina, portavoz del Consell de la Generalitat Valenciana
La petición no es menor. El trasvase Tajo-Segura comenzó a funcionar en 1979 y esta infraestructura tiene una longitud de 292 kilómetros, conectando las cuencas del Tajo y del Segura, atravesando las del Guadiana y del Júcar y utilizando el embalse de Alarcón como elemento de tránsito. Décadas después de su puesta en marcha, sigue siendo el cordón umbilical hídrico de gran parte del levante español.
11.400 hectómetros a Portugal y 100 menos para el sureste
Pero la avería no es el único frente abierto. Barrachina aprovechó la comparecencia para cargar con dureza contra la política hídrica del Gobierno central, articulando un argumento que resulta difícil de ignorar: mientras Madrid envía a Portugal un volumen de agua muy por encima de lo pactado, al mismo tiempo pretende recortar el trasvase hacia Alicante, Murcia y Almería.
El portavoz cifró en más de 11.400 hectómetros cúbicos el agua del Tajo enviada a Portugal durante el actual ciclo hidrológico, es decir, cuatro veces más de lo acordado en el Convenio de Albufeira, que establece un volumen de referencia de 2.700 hectómetros cúbicos. Y, sin embargo, el Gobierno central plantea restar otros 100 hectómetros cúbicos al trasvase que abastece al sureste peninsular.
"Después de haber enviado más de 11.400 hectómetros cúbicos a Portugal, el Gobierno de España pretende quitar otros 100 hectómetros cúbicos al trasvase que necesitan Alicante, Murcia y Almería" - Miguel Barrachina, portavoz del Consell de la Generalitat Valenciana
Para entender la magnitud real de ese recorte, basta con un dato que ofreció el propio portavoz: alrededor de 10 millones de árboles podrían verse afectados si los recursos hídricos se reducen. Una cifra que convierte el debate técnico sobre hectómetros cúbicos en algo mucho más tangible y cotidiano. Barrachina insistió en que cualquier modificación de los recursos disponibles para el trasvase debe tener una justificación técnica y científica, y reiteró la petición de la Generalitat de mantener una interlocución directa con el Gobierno sobre el futuro de esta infraestructura.
18 presas sin plan de emergencia cuando empieza a llover
El agua del trasvase no fue el único asunto incómodo sobre la mesa. Con el inicio del periodo de lluvias, Barrachina volvió a poner el foco en una realidad que, un año después de la dana que devastó parte de la Comunitat Valenciana, sigue sin resolverse: las 18 presas de titularidad estatal ubicadas en la región continúan sin tener implantado su plan de emergencia.
La normativa es clara: las presas clasificadas en las categorías A o B deben disponer de un Plan de Emergencia elaborado e implantado. Ese plan incluye sistemas de aviso a la población, sirenas, protocolos de evacuación, comunicaciones y simulacros. La única presa pública que lo tiene operativo en la Comunitat es Buseo, de titularidad de la Generalitat.
"Dos años después de la dana, no podemos seguir esperando. Pedimos al titular de esas infraestructuras que ponga en marcha unos planes que son obligatorios y que existen para avisar, evacuar y proteger a las personas cuando se produce una emergencia" - Miguel Barrachina, portavoz del Consell de la Generalitat Valenciana
Ayudas por incendios y restauración forestal
El Pleno del Consell aprobó también un decreto de ayudas urgentes para paliar los daños causados por los incendios forestales de Soneja, El Saler y Tuéjar, este último con afección también a Benagéber. En total, se destinan 535.970 euros para atender daños en viviendas, enseres, alquileres y vehículos, así como para apoyar la recuperación de autónomos, comercios, trabajadores y explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales. El decreto contempla además instrumentos financieros específicos del Institut Valencià de Finances dirigidos a empresas e industrias afectadas.
Para la zona quemada por el incendio de la Vall d'Uixó del pasado 25 de julio, el Consell declaró la emergencia y encargó a Tragsa las actuaciones de restauración, con una inversión de 2,6 millones de euros y un plazo de ejecución de ocho meses. Los trabajos incluyen la retirada controlada de arbolado con riesgo de caída, la eliminación de restos vegetales, la ampliación de seis pistas forestales y la apertura de cuatro nuevas para mejorar el acceso de los vehículos de emergencia.
Función pública, patrimonio y vivienda solidaria
Entre los demás acuerdos adoptados, el Consell aprobó el nuevo Reglamento de selección, movilidad y provisión de puestos de trabajo de la Administración de la Generalitat, que actualiza estos procedimientos conforme a la Ley 4/2021 de la Función Pública Valenciana, refuerza la seguridad jurídica y simplifica los trámites vinculados al acceso y la provisión de puestos.
En el ámbito cultural, el Pleno declaró Bien de Interés Cultural, con la categoría de bien inmaterial, el sistema constructivo de la plaza de toros de Algemesí. Se trata de una plaza diseñada en 1947 que se levanta cada año de forma manual y comunitaria durante la Setmana de Bous mediante más de 2.000 piezas y técnicas tradicionales transmitidas entre generaciones, con informe favorable del Consell Valencià de Cultura y de la Universitat de València.
En un pleno cargado de urgencias, el Consell dejó patente que los grandes problemas estructurales de la Comunitat Valenciana —el agua, la seguridad ante catástrofes naturales y la recuperación de los territorios dañados por el fuego— siguen pendientes de una respuesta del Gobierno central que, por el momento, no termina de llegar.