Los datos de paro de septiembre en la Comunitat Valenciana tienen trampa —o al menos, matices que conviene no pasar por alto—. El desempleo registrado subió en 2.267 personas respecto al mes anterior, pero ese número esconde dos realidades completamente opuestas que, sumadas, ofrecen un retrato más fiel del momento que vive el mercado laboral valenciano.
La vicepresidenta primera de la Generalitat y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, señaló que el incremento del paro en septiembre estuvo "tremendamente condicionado" por la incorporación de nuevas personas extranjeras al desempleo como consecuencia del proceso extraordinario de regularización impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez. En concreto, 3.216 personas extranjeras recién regularizadas se inscribieron en las listas del paro durante el mes, un 48,8% más que en agosto.
Dos velocidades en el mismo mercado laboral
Si se separan los datos por nacionalidad, el cuadro cambia radicalmente. El paro entre las personas de nacionalidad española descendió en 2.549 personas, un 1,1%, mientras que entre las extranjeras creció en 4.816, lo que elevó el desempleo de este colectivo hasta las 66.518 personas, un 7,8% más. El resultado neto fue ese incremento de 2.267 personas. Si se descuenta el efecto de las nuevas incorporaciones derivadas de la regularización, el desempleo habría bajado en 949 personas, un 0,33%.
El único sector que registró un aumento del paro fue el de personas sin empleo anterior —aquellas que buscan trabajo por primera vez o llevan tiempo fuera del mercado laboral—, donde el incremento fue de 3.550 personas, un 12,4%. Para Camarero, este dato es precisamente el que mejor ilustra el impacto de la regularización: personas que, al obtener sus documentos en regla, acceden por primera vez a los servicios públicos de empleo. En el resto de sectores —agricultura, industria, construcción y servicios— el paro descendió.
El proceso extraordinario de regularización al que alude la consellera es el impulsado por el Gobierno central a través del nuevo Reglamento de Extranjería, aprobado mediante el Real Decreto 1155/2024. El plazo de presentación de solicitudes concluyó el pasado 30 de junio y el total de solicitudes registradas ascendió a 1.174.978. Se trata, sin duda, de uno de los procesos migratorios de mayor envergadura en la historia reciente de España. En España se han realizado seis procesos de regularización extraordinaria para migrantes, siendo la primera de ellas entre 1991 y 1992, durante el Gobierno socialista, beneficiando a un total de 108.321 personas. La actual supera con creces ese alcance.
Un récord de afiliación que no conviene ignorar
Más allá del debate sobre el paro, los datos de afiliación a la Seguridad Social cuentan otra historia. La Comunitat Valenciana alcanzó en septiembre un nuevo máximo histórico con más de 2,3 millones de personas afiliadas, sumando 8.833 nuevas afiliaciones en el mes, un 0,4% respecto a agosto. El empleo crece, incluso mientras el desempleo registrado sube en papel.
Además, la Comunitat encadena ya trece meses consecutivos liderando el crecimiento anual de afiliación en España, con un incremento del 4,5% en el último año, lo que equivale a 99.183 personas afiliadas más. Esa cifra está un punto porcentual por encima de la media nacional. "Estos datos muestran que, pese al incremento puntual del paro registrado, el empleo continúa creciendo a un ritmo superior al del conjunto de España", señaló Camarero.
La Generalitat reclama recursos al Gobierno central
El trasfondo político de la comparecencia de Camarero no es menor. La consellera aprovechó la presentación de los datos para renovar la reclamación de financiación extraordinaria al Ejecutivo de Sánchez, con el argumento de que la regularización genera una nueva demanda de servicios públicos que Labora —el servicio valenciano de empleo— debe absorber sin recursos adicionales.
"La incorporación de estas personas está generando una nueva demanda de orientación, formación e intermediación laboral que tenemos que atender desde Labora. Por eso seguimos reclamando al Gobierno de España los recursos necesarios para poder dar una respuesta adecuada" - Susana Camarero, vicepresidenta primera y consellera de Empleo de la Generalitat Valenciana
La petición no es nueva. La Generalitat ya había reclamado con anterioridad financiación extraordinaria para reforzar la capacidad operativa de Labora ante el incremento de demanda derivado del proceso de regularización. Ahora, con los datos de septiembre encima de la mesa, Camarero insistió en que "el empleo es la mejor política social" y que la obligación de la administración autonómica es ofrecer a cada persona que acude a los servicios públicos "una respuesta útil y personalizada". La eficacia de un proceso de estas dimensiones depende, en gran medida, de la capacidad administrativa para absorber el volumen de solicitudes y de la coordinación entre los órganos responsables. Una lección que, al parecer, aún está pendiente de aprenderse en el reparto competencial entre Madrid y Valencia.