Hace apenas tres años, la Comunitat Valenciana figuraba entre las comunidades autónomas con mayor presión fiscal de España. Hoy, según el conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública, José Antonio Rovira, el territorio es el que más deducciones del IRPF ofrece en todo el país. Un giro de 180 grados que el Gobierno valenciano ha convertido en su principal argumento para atraer inversión y favorecer el tejido empresarial.
Rovira escogió la VII Noche de la Economía de la Cámara de Comercio de Orihuela —que este año celebra su 125 aniversario— para reivindicar ese cambio de rumbo. Un escenario simbólico: una institución centenaria, rodeada de empresarios locales, como telón de fondo para defender una política fiscal que, según el conseller, está diseñada para quienes crean riqueza, no para quienes la administran.
"En mayo de 2023 nos encontrábamos entre las comunidades con mayor presión fiscal. En cambio, hoy la Comunitat Valenciana es la autonomía con más deducciones del IRPF de toda España" - José Antonio Rovira, conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública de la Generalitat Valenciana
Pero ¿qué significa eso en la práctica para un ciudadano o una empresa? Que la fiscalidad ya no es solo un coste, sino también un incentivo. Se estima que, gracias a las deducciones autonómicas introducidas, alrededor de 750.000 contribuyentes valencianos dejarán de pagar 217 millones de euros. Una cifra que da escala real al discurso político.
Una batería de medidas que va mucho más allá del IRPF
El conseller repasó uno a uno los frentes abiertos en materia fiscal desde 2023. La Generalitat no solo ha ampliado el catálogo de deducciones del impuesto sobre la renta, sino que también ha extendido los límites de renta para que las clases medias —históricamente excluidas de muchos beneficios fiscales— puedan acceder a estas desgravaciones. A eso se suma una rebaja en el tramo autonómico del IRPF aprobada meses atrás, con efectos a partir de 2026, y el anuncio, realizado esta misma semana por el president Juanfran Pérez Llorca, de nuevas deducciones por audífonos y gastos veterinarios, además de una segunda reducción de los tramos del impuesto sobre la renta.
El Impuesto de Patrimonio también ha sido objeto de cambios: se ha elevado el mínimo exento, aliviando la carga sobre quienes acumulan activos sin ser necesariamente grandes fortunas. Y para los nuevos autónomos, el Gobierno valenciano ha puesto en marcha la cuota cero durante los dos primeros años de actividad, que se amplía hasta cuatro años en el caso de autónomos jóvenes. Una medida que apunta directamente a uno de los colectivos más vulnerables del ecosistema emprendedor.
El Impuesto de Sucesiones: del núcleo familiar a los primos
Uno de los capítulos más llamativos de la reforma es el tratamiento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. La Generalitat ha establecido una bonificación del 99% para transmisiones entre hijos, cónyuges y padres, lo que en la práctica supone casi eliminarlo entre los familiares más directos. Pero el Gobierno ha ido más lejos: ha extendido bonificaciones a tíos, hermanos y sobrinos —un 25% en 2026 y un 50% en 2027— y, según explicó Rovira, recientemente ha llevado esa bonificación hasta el cuarto grado de parentesco, atendiendo así una reivindicación histórica de las empresas familiares.
Precisamente estas empresas son otro foco de atención: el impuesto de sucesiones queda eliminado para las empresas familiares, incluidas las agrícolas, los negocios profesionales y las participaciones en sociedades holding. La idea es que el relevo generacional no signifique, en términos fiscales, la liquidación del negocio. Una realidad que ha truncado muchos proyectos empresariales a lo largo de décadas en toda España.
Simplificar para producir más
La segunda pata del discurso de Rovira fue la simplificación administrativa. Con el Plan Simplifica, la Generalitat ha abordado los procesos regulatorios y organizativos tanto de la administración autonómica como de los entes locales valencianos, con el objetivo de reducir cargas burocráticas, eliminar duplicidades y coordinar procedimientos que antes obligaban a ciudadanos y empresas a perder tiempo y dinero.
La lógica es tan sencilla como poderosa: cada hora que una empresa dedica a rellenar formularios es una hora que no dedica a producir, vender o contratar. Una administración más ágil no es una administración más laxa; es, como argumentó el conseller, una que concentra sus esfuerzos donde realmente importan.
El acto sirvió también para reconocer el papel de las cámaras de comercio como interlocutores indispensables entre el tejido empresarial y las instituciones. En un entorno económico marcado por la incertidumbre global y los retos derivados de la digitalización y la transición energética, la proximidad al territorio y el conocimiento directo de los problemas de las empresas son, quizás, los activos más valiosos que puede ofrecer una institución centenaria como la de Orihuela.