El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha vuelto a dar la razón al Consell. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha desestimado íntegramente el recurso presentado por miembros de Compromís contra la Orden 2/2025, la norma que reguló la consulta mediante la cual las familias valencianas eligieron la lengua base de la educación de sus hijos a partir del curso 2025-2026. La resolución no deja margen de interpretación: rechaza todos y cada uno de los argumentos de los demandantes, considera ajustado a derecho todo el procedimiento y condena en costas a los recurrentes, con un máximo de 1.800 euros.
Una consulta, 339.411 familias y una pregunta sencilla con respuesta compleja
Para entender el alcance de la sentencia, conviene recordar qué estaba en juego. La consulta, contemplada en la Ley de Libertad Educativa, se celebró entre el 25 de febrero y el 4 de marzo de 2025, y en ella participaron 339.411 familias. No era un trámite burocrático menor: se trataba de que los progenitores decidieran si querían que sus hijos estudiaran en valenciano o en castellano como lengua vehicular principal. Una pregunta aparentemente sencilla que, sin embargo, llevaba meses generando un intenso debate político y judicial en la comunidad autónoma.
El modelo impulsado por el Consell rompe con el sistema anterior de proyectos lingüísticos predeterminados por cada centro educativo. En su lugar, la Ley de Libertad Educativa apuesta por la pluralidad lingüística y traslada la decisión directamente a las familias, un cambio de paradigma que sus detractores han recurrido sistemáticamente ante los tribunales, hasta ahora sin éxito.
"El TSJCV vuelve a confirmar que la libertad educativa, la participación de las familias y la protección del valenciano son perfectamente compatibles" - Miguel Barrachina, portavoz del Consell de la Generalitat Valenciana
El tribunal desmonta los argumentos de la oposición uno a uno
La sentencia es especialmente relevante por lo que descarta de forma expresa. El tribunal rechaza que el modelo suponga discriminación o segregación lingüística, y concluye que es compatible con los principios de inclusión y con la autonomía de los centros educativos. Además, avala la aplicación diferenciada de los resultados según se trate de zonas valencianohablantes o castellanohablantes, reconociendo así la realidad sociolingüística diversa del territorio.
Uno de los argumentos más repetidos por los críticos era que esta ley amenazaba la presencia del valenciano en las aulas. La resolución judicial lo desmonta: el tribunal afirma que el valenciano es lengua vehicular en toda la Comunitat Valenciana, también en las zonas castellanoparlantes. No hay, según el fallo, evidencia de que el valenciano deje de ser lengua vehicular en ningún territorio, ni en los de predominio histórico valencianohablante ni en los castellanohablantes.
El fallo también zanja otra polémica técnica: rechaza que la Orden fuera tramitada sin memoria económica, al concluir que se trata de una norma de carácter procedimental que no generaba gasto propio y que, por tanto, no requería dicho trámite. Y avala la validez de la consulta telemática, considerando que se desarrolló con todas las garantías jurídicas y técnicas necesarias.
No es la primera vez, ni probablemente la última
Lo que convierte esta sentencia en algo más que una victoria puntual es el patrón que revela. No se trata de un fallo aislado. Esta es la segunda sentencia a favor de la administración autonómica en relación con la consulta; en ese mismo mes de octubre el TSJCV desestimó también el recurso presentado por el Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià-Intersindical Valenciana contra la misma Orden. Dos de esas resoluciones ya son firmes, lo que consolida la seguridad jurídica del modelo.
El 99,8 % del alumnado de la Comunitat Valenciana estudia este curso en la lengua base elegida por sus familias , un dato que las autoridades educativas han destacado como prueba de que el caos que algunos pronosticaban nunca llegó. La sentencia, en palabras de la propia Conselleria, "desmiente el presunto caos que vaticinaban algunos como consecuencia de la consulta".
El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha aprovechado el fallo para lanzar un mensaje político directo a la oposición: quienes intentaron presentar la Ley de Libertad Educativa como una amenaza para el valenciano reciben ahora una respuesta desde la Justicia. La ley fue aprobada por Les Corts y ha sido avalada en repetidas ocasiones por los tribunales. El debate sobre el modelo lingüístico en la educación valenciana lleva décadas siendo uno de los más ríspidos de la política autonómica, y esta acumulación de sentencias favorables al Consell no cierra el debate ideológico, pero sí estrecha considerablemente el margen legal de quienes aspiran a revertirlo por la vía judicial.