Transcribir una vista judicial de forma automática, anonimizar resoluciones en segundos o repartir procedimientos sin intervención humana. Lo que hace apenas unos años parecía ciencia ficción hoy ya ocurre en los juzgados de la Comunitat Valenciana. La consellera de Justicia, Transparencia y Participación, Nuria Martínez, ha presentado el estado de avance de la digitalización judicial en la región durante la inauguración del curso 'Inteligencia artificial y digitalización', organizado conjuntamente por el Consejo General del Poder Judicial y la Generalitat.
Una transformación que ya está en marcha
El mensaje de Martínez fue claro desde el principio: la transformación digital de la justicia no es un proyecto de futuro, es una realidad presente. Y los datos lo respaldan. La Generalitat ha impulsado en los últimos años la implantación del nuevo sistema de gestión procesal Just@, la digitalización de los registros civiles, la mejora de la atención telemática a la ciudadanía y la renovación de las infraestructuras tecnológicas en las sedes judiciales.
Pero quizás lo más llamativo es el catálogo de herramientas de inteligencia artificial que ya operan en los tribunales valencianos. Entre ellas, la transcripción automática de vistas, la anonimización de resoluciones, la elaboración de resúmenes jurídicos, la automatización del reparto de procedimientos monitorios o la tramitación de procedimientos masivos. Aplicaciones que, en la práctica, pueden marcar la diferencia entre una administración judicial saturada y una que funciona con agilidad.
No es una tendencia exclusiva de la Comunitat Valenciana. La justicia española arrastra desde hace años un diagnóstico complejo, marcado por la lentitud y la sobrecarga de trabajo: entre 2018 y 2023, los asuntos pendientes se incrementaron en un 52%, mientras que los asuntos nuevos ingresados lo hicieron en un 16%. En ese contexto, la apuesta tecnológica cobra una dimensión especialmente urgente. Según la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia (CEPEJ), España se sitúa entre los líderes en el uso de tecnologías de la información en el ámbito judicial.
IA con garantías: el dilema del control democrático
La consellera fue prudente, y deliberadamente así. Reconoció el enorme potencial de estas herramientas, pero también insistió en que su incorporación debe hacerse "desde la prudencia, el rigor jurídico y el pleno respeto a las garantías que sustentan nuestro Estado de Derecho". Una advertencia que no es retórica: entre los sistemas de inteligencia artificial considerados de alto riesgo por la normativa europea se encuentran los destinados a ser utilizados por una autoridad judicial para ayudar en la investigación e interpretación de los hechos y de la ley.
"La tecnología, por sí sola, no mejora las instituciones. Lo que verdaderamente marca la diferencia es el uso responsable que hagamos de ella, nuestra capacidad para situar siempre a las personas y a los derechos fundamentales en el centro de cualquier proceso de innovación" - Nuria Martínez, consellera de Justicia, Transparencia y Participación de la Generalitat Valenciana
Esta tensión entre eficiencia e imparcialidad es uno de los debates más vivos en el ámbito jurídico europeo. El Consejo de Europa ha establecido cinco principios que deben regir el uso de la inteligencia artificial en el contexto judicial: respeto de los derechos fundamentales, no discriminación, calidad y seguridad, transparencia e imparcialidad, y control por parte del usuario. La Comunitat Valenciana parece haber hecho suyos esos criterios.
GVA Confia: el registro que vigila a los algoritmos
Una de las iniciativas más singulares presentadas por Martínez es el Registro público de algoritmos de la Generalitat, denominado GVA Confia. Se trata de una herramienta que permite identificar qué sistemas automatizados se utilizan en la administración pública valenciana, con qué finalidad y bajo qué garantías. Un instrumento diseñado para que los ciudadanos sepan, en todo momento, cuándo y cómo una máquina interviene en decisiones que les afectan.
La iniciativa encaja en una tendencia regulatoria más amplia. El Anteproyecto de Ley para el buen uso y la gobernanza de la Inteligencia Artificial, aprobado por el Consejo de Ministros en marzo de 2025, incorpora la designación del Consejo General del Poder Judicial como autoridad de vigilancia del mercado respecto de los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo en el ámbito de la administración de justicia. La Generalitat Valenciana se adelanta así a parte de ese marco normativo con una herramienta propia de rendición de cuentas.
La pregunta que subyace al debate es tan antigua como la tecnología misma: ¿puede una herramienta ser neutral cuando la diseña y opera alguien con intereses? La consellera no eludió la cuestión. Insistió en la necesidad de garantizar "la transparencia, el control democrático y la rendición de cuentas en el uso de sistemas automatizados dentro de las administraciones públicas". Una exigencia que, en el fondo, no es solo tecnológica, sino profundamente política.
Justicia del siglo XXI: servicio público antes que innovación
Martínez cerró su intervención con una reflexión que resume bien el enfoque que la Generalitat quiere imprimir a este proceso: la innovación tecnológica solo tiene sentido si no pierde de vista la vocación de servicio público de la justicia, su cercanía a la ciudadanía y su compromiso con la garantía de derechos y libertades. Un recordatorio de que, detrás de cada expediente digitalizado, de cada vista transcrita automáticamente o de cada resolución anonimizada, hay una persona esperando una respuesta que cambia su vida.
El reto que tiene por delante la administración judicial valenciana —y, por extensión, la española— es aprender a conjugar velocidad y equidad. Como concluyen los expertos en la materia, la articulación estratégica entre digitalización, inteligencia artificial y supervisión humana abre un horizonte de mejora sostenida del servicio público de justicia, siempre que se garantice el cumplimiento de garantías básicas y principios éticos. La Comunitat Valenciana, con sus herramientas ya operativas y su registro público de algoritmos, apuesta por demostrar que esas dos cosas no son incompatibles.