Cuidar a una persona mayor dependiente tiene un precio. Y financiarlo adecuadamente, también. La Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia de la Generalitat Valenciana ha dado un paso para ajustar ese coste a la realidad: ha elevado el módulo económico de las plazas en residencias de mayores dependientes gestionadas por entidades de iniciativa social hasta los 84,77 euros por plaza y día, frente a los 80,99 euros que regían en 2025. El incremento, del 4,7%, ha quedado formalizado mediante resolución publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).
Casi cuatro millones de euros extra para el sector
La cifra puede parecer abstracta —3,78 euros más por plaza y día—, pero su impacto acumulado es considerable. La actualización supone una inyección adicional de 3.920.393,48 euros repartida entre 2026 y el primer semestre de 2028. De ese total, 1.601.190,06 euros se aplicarán en 2026, otros 1.547.548,90 euros en 2027, y los 771.654,52 euros restantes corresponderán a la primera mitad de 2028.
La medida entra en vigor con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026, lo que significa que los centros recibirán también los importes correspondientes a los meses ya transcurridos del año. En la práctica, ese dinero llegará a las entidades sin que hayan tenido que esperar a una nueva convocatoria: la retroactividad funciona como un reconocimiento tácito de que los costes reales ya habían crecido antes de que la norma lo recogiera sobre el papel.
Un modelo de gestión que conecta lo público y lo social
Para entender el alcance de la medida, conviene saber qué es exactamente la acción concertada. Se trata de centros de titularidad privada de iniciativa social que operan mediante acuerdos de acción concertada con la Generalitat, integrándose así en el Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales. No son residencias privadas al uso, sino entidades sin ánimo de lucro —fundaciones, asociaciones, congregaciones religiosas— que prestan un servicio público bajo supervisión y financiación autonómica. Son, en cierta medida, el puente entre la gestión institucional y la cercanía del tercer sector.
El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana ha reclamado recientemente a la Conselleria de Servicios Sociales que garantice información suficiente y actualizada sobre el acceso a plazas residenciales en la red pública, recordando que la Ley de Servicios Sociales Inclusivos reconoce ese acceso como un derecho subjetivo. En ese contexto, la estabilidad financiera de los centros concertados no es un asunto menor: sin recursos suficientes, la calidad del servicio —y el propio derecho— queda en entredicho.
Tres años seguidos de subidas
La de 2026 no es una actualización aislada. La Conselleria lleva tres ejercicios consecutivos incrementando este módulo. En 2024, la actualización de los módulos de acción concertada en el sector de personas mayores sumó 1.608.343,08 euros aplicables a los centros residenciales durante esa anualidad. Un año después, en 2025, el módulo pasó de 78,21 a 80,99 euros por plaza y día, con un diferencial adicional de 1,92 millones de euros. Ahora, en 2026, el módulo da otro salto hasta los 84,77 euros, consolidando una tendencia alcista sostenida que en tres años ha llevado el precio de referencia de 78,21 a 84,77 euros por plaza y día.
Esa progresión —más de seis euros de incremento en tres años— refleja la presión que ejercen los costes laborales, energéticos y de mantenimiento sobre unos centros que, por su naturaleza, no pueden recortar en personal ni en atención. La revisión de la financiación llega después de que la Generalitat prorrogara los acuerdos de acción concertada para el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de junio de 2028. Esa decisión dio continuidad a las plazas de mayores dependientes acogidas a estos conciertos, con la excepción de las residencias San Luis, María Inmaculada y L'Acollida.
La pregunta que subyace a todo esto es si las subidas son suficientes o si van simplemente a remolque de una inflación que no da tregua al sector sociosanitario. Lo que sí queda claro es que, detrás de cada décima de incremento porcentual, hay trabajadoras de atención directa, personas mayores con alzhéimer o movilidad reducida, y familias que confían en que el sistema público no les fallará cuando más lo necesiten.