Cuando una empresa valenciana elabora un plan para reducir sus residuos peligrosos o analiza el riesgo ambiental de sus instalaciones, el organismo que revisa esa documentación no siempre es la administración directamente. El Consell ha ratificado un nuevo acuerdo que encomienda al Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de la Comunitat Valenciana el ejercicio de funciones públicas en materia de calidad y educación ambiental, actualizando así una colaboración que lleva casi dos décadas funcionando.
La medida, aprobada por la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, no es una novedad absoluta: su raíz se remonta a 2007, cuando el Consell autorizó por primera vez esta delegación de competencias. Lo que cambia ahora es el alcance y el marco normativo que la sostiene, adaptado a una legislación medioambiental que ha evolucionado considerablemente en los últimos años.
Qué funciones asume el Consejo de Cámaras
Las cámaras de comercio de la Comunitat Valenciana desarrollan servicios en campos como la formación, el asesoramiento, la promoción y la gestión de residuos. Además, realizan funciones de órganos consultivos y de colaboración con las administraciones públicas, correspondiendo al Consejo de Cámaras las funciones de representación, relación y coordinación del conjunto de cámaras, así como de consulta y colaboración con la Generalitat.
En la práctica, el nuevo acuerdo le encarga al Consejo de Cámaras la revisión de las memorias anuales que presentan los gestores de residuos domésticos e industriales, los informes de resultados de los planes de minimización de residuos peligrosos y los informes preliminares de suelos contaminados. Se añaden también los informes de resultados de los planes empresariales de prevención y ecodiseño de envases y residuos de envases, así como los análisis de riesgos medioambientales en materia de responsabilidad ambiental. Una cartera de competencias técnicas y específicas que exige una estructura especializada para gestionarla con eficacia.
Las funciones público-administrativas de ámbito autonómico son atribuidas al Consejo de Cámaras y ejecutadas por cada cámara en su demarcación. El Consejo desempeña las funciones generales de dirección, coordinación, control y evaluación de estas funciones público-administrativas, garantizando la eficacia, imparcialidad, transparencia y accesibilidad de las empresas de la Comunitat Valenciana a estos servicios.
Un acuerdo con historia y varias actualizaciones
El Consejo de Cámaras lleva años colaborando con la Conselleria competente en materia de medio ambiente en actuaciones tendentes a estimular el mercado de la reutilización, reciclaje y valorización de residuos, fomentando la prevención de los mismos e informando sobre temas ambientales y herramientas de gestión ambiental de interés para las empresas de la Comunitat Valenciana.
El primer acuerdo de delegación data de 2007 e incluía funciones como los planes de prevención y reducción de residuos peligrosos, los planes empresariales de prevención de envases y residuos de envases, y las notificaciones previas de traslado de residuos peligrosos. Por Resolución de 24 de abril de 2014, de la Dirección General de Calidad Ambiental, se refundió y actualizó la delegación en el Consejo de Cámaras de determinadas funciones competencia de la citada dirección general. Ahora, la nueva ratificación da un paso más y amplía el perímetro de actuación con materias que la normativa anterior no contemplaba.
Entre los ámbitos que han impulsado esta revisión destacan la evolución del marco legal sobre residuos —especialmente tras la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular—, los cambios en la regulación de envases y gases fluorados, y la progresiva digitalización de los trámites administrativos de la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental.
Una delegación que alivia la carga administrativa y acerca la gestión a las empresas
La lógica detrás de este tipo de acuerdos es conocida en la administración pública: delegar en organismos intermedios con experiencia sectorial permite una gestión más ágil y próxima a las empresas que deben cumplir con las obligaciones ambientales. Las cámaras de comercio, por su naturaleza y proximidad al tejido empresarial valenciano, actúan como una correa de transmisión entre las compañías y la administración autonómica.
En los supuestos y con las condiciones y alcance que establezca la Generalitat, al Consejo de Cámaras le corresponderá tramitar programas públicos de ayudas e incentivos a las empresas, gestión de servicios públicos y desempeño de las funciones público-administrativas que se le atribuyan, encomienden o deleguen. Es precisamente ese marco legal el que ampara la ratificación aprobada por el Consell.
El nuevo acuerdo también responde a la necesidad de refundir en un único documento las distintas modificaciones que se habían ido acumulando desde 2007, lo que simplifica el marco regulador y aporta mayor seguridad jurídica tanto para las empresas como para los organismos implicados. En un contexto en el que las obligaciones ambientales del sector empresarial no dejan de crecer, contar con una estructura de gestión clara y actualizada no es un detalle menor: es una condición para que el sistema funcione.