Una estatua en la plaza de un pueblo, el nombre de una calle, una placa en la fachada de un edificio institucional. Elementos cotidianos que, para muchos ciudadanos, son algo más que decoración: son huellas de periodos oscuros de la historia. La Generalitat Valenciana ha dado un paso concreto para abordar este asunto con rigor técnico: la Conselleria de Justicia, Transparencia y Participación y la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades han formalizado la creación del Comité de Expertos para la elaboración del Catálogo de Vestigios de la Comunitat Valenciana.
Un órgano nacido de la Ley de Concordia
Este comité no surge de la nada. Su creación estaba expresamente prevista en la Ley 5/2024, de 26 de julio, de Concordia de la Comunitat Valenciana, una norma que, desde su aprobación, generó un intenso debate político. La ley derogó la anterior Ley 14/2017 de memoria democrática y para la convivencia de la Comunitat Valenciana , y fue impulsada por el Partido Popular con el apoyo de Vox. Sus defensores la presentaron como "una ley superadora de bandos", "restaurativa por encima de revanchismos" , mientras que asociaciones de memoria histórica y familiares de víctimas criticaron que "la Comunitat Valenciana sale de la normalidad democrática" con su aprobación. Sea cual sea la lectura política, lo cierto es que la norma existe y ahora avanza en su desarrollo práctico.
La constitución de este comité supone el arranque efectivo de una de las piezas clave de esa ley: el catálogo que servirá para identificar, analizar y clasificar los elementos materiales o simbólicos presentes en el espacio público o institucional que estén vinculados a periodos de conflicto o violencia política. La pregunta que muchos vecinos se hacen —¿qué pasa con el monumento de mi calle?— tendrá, a partir de ahora, un proceso técnico y reglado para encontrar respuesta.
Qué hará exactamente el comité
El comité tiene un mandato claro: elaborar el Catálogo de Vestigios de la Comunitat Valenciana. Para ello recopilará información aportada por entidades locales, administraciones públicas, asociaciones vinculadas a la concordia o la memoria colectiva y la propia Generalitat. Pero su trabajo no se limita a hacer un inventario. También deberá definir una metodología común para identificar, clasificar y evaluar cada elemento, considerando criterios históricos, artísticos, religiosos, técnicos y de contexto social.
Uno de los aspectos más relevantes —y más delicados— de su labor será la emisión de informes motivados sobre la inclusión de vestigios en el catálogo. En algunos casos, el comité podrá analizar si un determinado elemento merece ser exceptuado de la retirada general, por razones de valor histórico, artístico-religioso, patrimonial o incluso de seguridad. Todos los elementos, monumentos o cruces que estén contemplados en alguno de los supuestos de la ley habrán de entenderse como elemento de concordia, como símbolos de memoria colectiva, reflexión y homenaje a todas las víctimas . No se trata, por tanto, de una operación de borrado sistemático, sino de un ejercicio de clasificación y contextualización con criterios técnicos.
Sin nuevas estructuras ni gasto adicional
La Generalitat ha sido cuidadosa en un aspecto que siempre genera suspicacias cuando se crean nuevos órganos administrativos: el coste. La constitución de este comité no implica la creación de nuevas estructuras permanentes ni supone un incremento del gasto público. Funcionará como un grupo de trabajo técnico adscrito a la conselleria competente en materia de concordia, con los medios materiales y humanos que ya existen en la administración autonómica. Una solución práctica que, sobre el papel, evita la tentación burocrática.
Composición: plural y con capacidad de ampliar horizontes
El comité está presidido por la persona titular de la conselleria competente en materia de concordia. Cuenta con representación de ambas consellerias a través de sus respectivas secretarías autonómicas y de la dirección general competente en la materia. A ello se suman seis vocalías designadas por las consellerias con competencias en patrimonio cultural y concordia.
Pero quizá lo más destacable de su diseño es la apertura hacia el conocimiento externo: el comité podrá recabar la colaboración de universidades, instituciones culturales, entidades públicas y especialistas externos cuando la naturaleza de los asuntos lo requiera. Sus sesiones podrán celebrarse de forma presencial, telemática o mixta. Una estructura pensada para adaptarse, no para enquistarse.
El verdadero reto de este comité no será técnico, sino simbólico. Decidir qué permanece y qué desaparece del paisaje urbano toca fibras muy profundas de la identidad colectiva. La historia de cualquier sociedad se lee también en sus plazas, en sus calles y en sus fachadas. Lo que ahora comienza en la Comunitat Valenciana es, en el fondo, una conversación pendiente sobre qué queremos que nos cuente el espacio público cuando lo miramos al pasar.