Estatuas, cruces, placas conmemorativas, nombres en fachadas institucionales. El paisaje urbano y simbólico de cualquier ciudad encierra capas de historia que, en muchos casos, resultan incómodas o directamente controvertidas. La Generalitat Valenciana ha dado un paso concreto para abordar esa cuestión: las consellerias de Justicia, Transparencia y Participación, y de Educación, Cultura y Universidades han formalizado la creación del Comité de Expertos para la elaboración del Catálogo de Vestigios de la Comunitat Valenciana. Un órgano técnico y consultivo cuya misión es identificar, analizar y catalogar aquellos elementos materiales o simbólicos presentes en el espacio público o institucional que guarden relación con periodos de conflicto o violencia política.
El mandato de la Ley de Concordia
Este comité no surge de la nada. Su creación estaba prevista en la Ley 5/2024, de 26 de julio, de la Generalitat, de Concordia de la Comunitat Valenciana, una norma que en su momento generó un intenso debate político y social. La ley derogó la anterior Ley 14/2017 de memoria democrática y para la convivencia de la Comunitat Valenciana , y fue impulsada con el objetivo declarado de superar la lógica de bandos y promover una memoria colectiva integradora. El objeto de la ley abarca a todas las víctimas de la violencia social, política, del terrorismo o la persecución ideológica o religiosa desde 1931 hasta nuestros días. La puesta en marcha de este comité supone, en la práctica, uno de los desarrollos reglamentarios más tangibles desde su aprobación.
Todos los elementos, monumentos o cruces ubicados en el territorio de la Comunitat Valenciana que, por su origen o evolución histórica, estén contemplados en alguno de los supuestos de la ley habrán de entenderse como elementos de concordia, como símbolos de memoria colectiva, reflexión y homenaje a todas las víctimas, desde una perspectiva de convivencia democrática y respeto a los derechos fundamentales. La interpretación, sin embargo, no siempre resulta evidente, y ahí es precisamente donde entra en juego el trabajo del nuevo comité.
Catalogar para decidir: qué permanece y qué se retira
La tarea no es menor. El comité deberá elaborar el Catálogo de Vestigios de la Comunitat Valenciana a partir de la información que aporten entidades locales, administraciones públicas, asociaciones vinculadas a la concordia o la memoria colectiva y la propia Generalitat. Pero más allá de listar elementos, tendrá que definir una metodología común para identificarlos, clasificarlos y evaluarlos, aplicando criterios históricos, artísticos, religiosos, técnicos y de contexto social.
Una de las cuestiones más delicadas que deberá abordar el comité es la posibilidad de establecer excepciones a la regla general de retirada. Habrá elementos que, pese a su vinculación con periodos oscuros de la historia, puedan conservarse por razones de valor histórico, artístico-religioso, patrimonial o incluso de seguridad. Para ello, el comité emitirá informes motivados que justifiquen, caso por caso, si un determinado vestigio merece una consideración especial. Es decir: no todo lo que incomoda desaparece automáticamente, ni todo lo que permanece lo hace sin una justificación razonada.
Un órgano plural, sin coste adicional
La Generalitat ha cuidado especialmente el mensaje sobre el impacto económico de esta iniciativa. El comité no implicará la creación de nuevas estructuras administrativas permanentes ni supondrá un incremento del gasto público. Funcionará como un grupo de trabajo técnico adscrito a la conselleria competente en materia de concordia y se nutrirá de los medios materiales y humanos ya disponibles en la administración autonómica.
En cuanto a su composición, el órgano estará presidido por la persona titular de la conselleria competente en materia de concordia y contará con representación de ambas consellerias a través de sus respectivas secretarías autonómicas y de la dirección general competente. Corresponde la designación del comité de expertos a los titulares de las consellerias con competencias en protección del patrimonio cultural y transparencia por igual. Además, el comité incorpora seis vocalías designadas por las consellerias con competencias en patrimonio cultural y concordia. Cuando la naturaleza de los asuntos así lo exija, podrá recabar la colaboración de universidades, instituciones culturales, entidades públicas y especialistas externos. Sus sesiones podrán celebrarse de forma presencial, telemática o mediante fórmulas mixtas.
Entre la memoria y el patrimonio: un equilibrio nada sencillo
El reto real de este comité no es tanto técnico como conceptual. Decidir qué elementos del pasado merecen permanecer en el espacio público —y en qué condiciones— implica necesariamente tomar partido sobre cómo una sociedad se relaciona con su propia historia. No es un debate exclusivo de la Comunitat Valenciana: desde la retirada de estatuas de figuras coloniales en Reino Unido hasta las polémicas sobre monumentos de la Guerra Civil en distintos puntos de España, la gestión del patrimonio ligado a la violencia política es una cuestión que atraviesa democracias de todo el mundo.
Con la constitución de este comité, la Generalitat intenta articular una respuesta institucional que combine el rigor técnico con la pluralidad de criterios, buscando que la catalogación de vestigios no quede reducida a un ejercicio político, sino que se asiente sobre bases históricas y científicas sólidas. Si logrará convencer a todos los actores implicados —asociaciones de memoria, ayuntamientos, instituciones culturales— es algo que solo el trabajo concreto del comité irá respondiendo con el tiempo.