Casi un año después de que el barranco del Poyo se desbordara el 29 de octubre de 2024 y arrasara pueblos enteros de la provincia de Valencia, la Generalitat Valenciana ha puesto en marcha un plan de 59 millones de euros para limpiar y renaturalizar 160 kilómetros de cauces y barrancos en cuatro cuencas hidrográficas clave: el Poyo, el Túria, el Magro y el barranco de Picassent. Una cifra que, puesta en perspectiva, contrasta con los 17.800 millones de euros en daños materiales que dejó aquella DANA. Actuar ahora, dicen desde el Consell, es mucho más barato que volver a reconstruir.
El Consell toma las riendas ante la parálisis del Gobierno central
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha visitado el entorno del barranco del Gallo, en Chiva, donde ya han comenzado los trabajos. Junto al vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, y otras autoridades, el jefe del Consell ha querido hacer visible un mensaje: el Ejecutivo autonómico actúa donde, según denuncia, la Confederación Hidrográfica del Júcar —organismo dependiente del Gobierno de España— no lo hace.
"Lo que se necesitan son menos discusiones y más soluciones" - Juanfran Pérez Llorca, president de la Generalitat Valenciana
La disputa competencial sobre quién debe limpiar los barrancos no es nueva, pero tras la tragedia del 29-O adquirió una dimensión política y humana mucho más urgente. Pérez Llorca ha recordado que muchos ayuntamientos que intentaron actuar por su cuenta no solo tuvieron que asumir el coste económico de los trabajos, sino que además se enfrentaron a multas y sanciones por intervenir en cauces cuya gestión corresponde, en principio, a la administración del Estado.
110 profesionales, 40 máquinas y 400.000 plantas autóctonas
El alcance de la operación es considerable. La actuación moviliza a 110 profesionales y 40 medios mecánicos y maquinaria pesada para trabajar en los cauces de 50 municipios distribuidos en cuatro cuencas. Los trabajos incluyen la limpieza de residuos acumulados, la eliminación de la caña común —una especie invasora que obstruye el cauce y aumenta el riesgo de inundación— y la restauración ambiental mediante la plantación de más de 400.000 ejemplares autóctonos como sauces, álamos y tamarices, cultivados en el Centro para la Investigación y la Experimentación Forestal (CIEF) de la Generalitat.
Para evitar que las cañas vuelvan a colonizar los márgenes una vez erradicadas, se prevé la instalación de cinco millones de metros cuadrados de tela geotextil. Una solución técnica que, en la práctica, significa cubrir una superficie equivalente a más de 700 campos de fútbol. Las actuaciones también crearán corredores verdes que mejorarán la biodiversidad de los cauces y, al mismo tiempo, los harán más resistentes frente a incendios forestales.
El plan está enmarcado en el denominado Plan Endavant, y el president ha subrayado que todas las iniciativas contempladas en él que son competencia de la Generalitat ya están en marcha.
50 municipios, cuatro cuencas, una misma urgencia
Los 160 kilómetros de cauces sobre los que se actuará se reparten entre cuatro áreas diferenciadas. La cuenca del Poyo, epicentro de la catástrofe de octubre de 2024 y donde se concentraron la mayoría de las víctimas mortales según los datos disponibles, incluye 11 municipios: Chiva, Cheste, Ribarroja, Quart de Poblet, Aldaia, Alaquàs, Torrent, Picanya, Paiporta, Catarroja y Massanassa. La cuenca del Túria afecta a 14 localidades, entre ellas Paterna, Manises o Loriguilla. La del Magro, la más extensa, agrupa 23 municipios, desde Requena y Utiel en el interior hasta Algemesí y Carlet en la Ribera. Finalmente, el barranco de Picassent suma cuatro municipios: Picassent, Alcàsser, Beniparrell y Silla.
La tensión con el Gobierno de España, en el fondo del debate
Más allá de los medios técnicos y las cifras de inversión, Pérez Llorca ha aprovechado la visita para elevar el tono político. Ha denunciado públicamente la existencia de "dos velocidades en la reconstrucción" y ha exigido al Gobierno de España que realice las modificaciones normativas necesarias para que los ayuntamientos puedan tramitar por urgencia las obras de reconstrucción, en lugar de seguir los procedimientos ordinarios que, en la práctica, alargan los plazos de manera significativa.
"No puede haber ninguna otra prioridad que no sea finalizar las obras de reconstrucción, especialmente las obras que afectan los cauces de los ríos" - Juanfran Pérez Llorca, president de la Generalitat Valenciana
El president también ha reconocido las dificultades para sacar adelante la comisión mixta entre ambas administraciones, y ha advertido de que sería una oportunidad perdida si las reuniones celebradas no se traducen en resultados concretos. Ha sido explícito en sus condiciones: los cambios normativos deben centrarse exclusivamente en la reconstrucción, sin medidas ajenas que distraigan el foco o generen rechazo político.
El barranco del Poyo fue identificado antes de la DANA como una de las zonas de mayor peligrosidad hídrica de la región. La tragedia de octubre de 2024, que se saldó con más de 229 víctimas mortales y más de 300.000 personas afectadas, demostró que el riesgo conocido no siempre se traduce en acción preventiva. Esa es, precisamente, la lección que el Consell dice querer aplicar ahora: que las obras salvan vidas, y que esperar a que los cauces vuelvan a desbordarse para actuar ya no es una opción.