Siete cartas. Ese es el recuento que acumula ya la consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia de la Generalitat Valenciana, Elena Albalat, en su intento de lograr una reunión con el ministro de Hacienda, Arcadi España. Más de medio año reclamando un encuentro que, hasta ahora, no se ha producido. La última respuesta recibida desde el Ejecutivo central llegó a través del secretario de Estado de Hacienda, pero sin concretar ninguna cita ni ninguna medida efectiva. Para Albalat, eso no es suficiente.
Una deuda de 4.000 millones que nadie quiere asumir
El nudo del conflicto es financiero, pero sus consecuencias son muy humanas. La Comunitat Valenciana atiende en este momento a 193.000 personas dependientes, y el peso de costear ese sistema recae de forma desproporcionada sobre las arcas autonómicas. Según los datos que maneja la Conselleria, la Generalitat asume cerca del 80% del coste total del sistema de dependencia, mientras que el Estado apenas aporta en torno al 20%. La Ley de Dependencia, sin embargo, establece que esa contribución estatal debería alcanzar el 50%.
No se trata de una discrepancia menor. Esa brecha entre lo que dice la ley y lo que realmente llega de Madrid ha generado una deuda acumulada cercana a los 4.000 millones de euros. Una cifra que, en palabras de la propia consellera, "no pueden seguir soportando en solitario los valencianos". La paradoja es llamativa: el problema no es que la ley no exija más al Estado, sino que nadie la hace cumplir.
"Tampoco podemos aceptar que se remita la solución a una futura reforma del sistema de financiación autonómica mientras se mantienen privilegios, acuerdos bilaterales y tratamientos diferenciados para determinados territorios" - Elena Albalat, consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia de la Generalitat Valenciana
El desequilibrio que denuncia Valencia no es, de hecho, exclusivo de esta comunidad. Otras regiones como Andalucía, Cataluña o Cantabria también han pedido una "revisión urgente" del sistema de financiación de la dependencia. Y a nivel nacional, las comunidades autónomas vienen asumiendo aproximadamente entre el 70% y el 75% del gasto total en dependencia, mientras que la Administración General del Estado cubre alrededor del 25-30%. Valencia, con ese 80% que reclama, estaría incluso por encima de esa media.
Lo que pide Albalat: un calendario y un mecanismo de compensación
La consellera no se limita a quejarse. En su séptima carta al ministro, concreta dos exigencias: que se fije un calendario que garantice el cumplimiento progresivo del nivel de financiación estatal, y que se cree un mecanismo que permita compensar la deuda acumulada. Dos peticiones que, sobre el papel, parecen razonables. Sobre la práctica, llevan meses sin respuesta.
El trasfondo político complica el panorama. El propio Gobierno de España tiene fijada como meta que la Administración General del Estado alcance el 50% del total de la financiación en dependencia, comprometido en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar. Que ese objetivo esté escrito y que la realidad diverja tanto de él es, precisamente, lo que hace que la reclamación valenciana resulte difícil de rebatir en los términos en que está planteada.
La lista de espera baja, pero el sistema sigue sin financiación suficiente
Mientras la negociación con el Estado permanece bloqueada, la Generalitat continúa gestionando el día a día del sistema. Y los datos de los últimos meses muestran una tendencia positiva en la reducción de la lista de espera: 392 personas menos en febrero, 210 en marzo y 157 en abril. Una reducción sostenida que la Conselleria atribuye a su plan de choque, basado en la simplificación administrativa, el refuerzo tecnológico y la incorporación de personal.
En lo que va de 2026, la Conselleria ha resuelto más de 3.000 solicitudes y ha abonado 257,6 millones de euros, con una media superior a mil expedientes tramitados al mes. Actualmente, cerca de 190.000 personas tienen reconocido el derecho a la dependencia en la Comunitat Valenciana, lo que refleja el esfuerzo realizado por la administración autonómica para garantizar la atención a las personas más vulnerables.
El argumento de Albalat es sencillo: si la Generalitat es capaz de reducir listas de espera y tramitar expedientes a buen ritmo incluso asumiendo cuatro de cada cinco euros del coste, lo mínimo que puede hacer el Gobierno central es sentarse a negociar. Siete cartas después, esa reunión sigue sin fecha. Y detrás de cada expediente pendiente hay una persona mayor, una familia que espera, una vida cotidiana que depende —literalmente— de que dos administraciones sean capaces de ponerse de acuerdo.