Una docena de comunidades autónomas, con la Comunitat Valenciana a la cabeza, ha plantado cara al Gobierno central por la tramitación del proyecto de Real Decreto que modifica el Reglamento General de Costas. La acusación es rotunda: el Ministerio para la Transición Ecológica ha ignorado la petición colectiva de suspender el proceso y ha cerrado la puerta a cualquier debate real sobre una reforma que, según el Consell, amenaza con desencadenar nuevos deslindes, restringir derechos y vaciar de contenido las competencias autonómicas sobre el litoral.
Un frente común que el Gobierno no quiso escuchar
El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, trasladó esta posición durante la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. La reunión se celebró, sí, pero con trampa: el asunto no figuraba en el orden del día, lo que impidió cualquier votación formal. Las comunidades habían pedido expresamente que se incluyera para poder manifestar una posición conjunta.
"Se ha logrado que se convocara la reunión, pero al no incluirse este asunto en el orden del día, el debate carece de cualquier virtualidad. No tiene sentido traer esta cuestión si no se permite manifestar una posición mediante una votación" - Vicente Martínez Mus, vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación de la Generalitat Valenciana
No es un conflicto menor ni nuevo. El Gobierno ya intentó modificar el Reglamento General de Costas en 2022 con un Real Decreto que fue tumbado por el Tribunal Supremo el 31 de enero de 2024 , precisamente por saltarse la consulta pública obligatoria. Ahora, con una nueva propuesta sobre la mesa, el enfrentamiento con las autonomías litorales regresa con más fuerza.
Una reforma que, según las autonomías, contradice la propia Ley de Costas
Más allá del conflicto procedimental, la Generalitat denuncia que el fondo del texto también es problemático. El conseller advierte de que el proyecto de reglamento presenta "claras contradicciones con diversos preceptos de la propia Ley de Costas", lo que a su juicio exigiría reformar antes la norma legal y no al revés. Es decir: el Gobierno estaría intentando cambiar las reglas del juego mediante un reglamento sin modificar previamente la ley que le sirve de base.
Las autonomías, que han presentado alegaciones al texto de forma conjunta, critican que la nueva regulación condiciona la tramitación de expedientes autonómicos sin aclarar el régimen jurídico aplicable. También muestran oposición frontal a los nuevos criterios sobre compatibilidad con las estrategias marinas, que a su juicio generan incertidumbre y complican la gestión diaria del litoral.
Hay además tres puntos de fricción concretos que el conseller ha señalado explícitamente: el reglamento otorgaría carácter vinculante a informes estatales que hoy no son preceptivos; impondría la revocación de concesiones cuya gestión corresponde a las propias comunidades; y mezclaría el régimen jurídico de las concesiones compensatorias, sembrando mayor inseguridad jurídica.
El fantasma de los deslindes sobre viviendas y negocios
Para entender el alcance práctico de la reforma, conviene recordar qué es un deslinde costero: el procedimiento por el que el Estado delimita los terrenos que pertenecen al dominio público marítimo-terrestre. Cuando esa línea se desplaza, propiedades privadas, negocios y hasta infraestructuras pueden quedar dentro de esa zona, con consecuencias que van desde la obligación de demoler hasta la extinción de concesiones. Desde que el Tribunal Supremo anuló el Real Decreto de 2022, varios ayuntamientos ya habían anunciado su intención de solicitar al Estado la devolución de los terrenos expropiados por encontrarse muy cerca de la costa.
Martínez Mus advierte de que el nuevo reglamento incrementará la inseguridad jurídica y favorecerá nuevos procesos de deslinde que pueden afectar a viviendas, actividades económicas e infraestructuras situadas en la costa, además de dificultar la gestión ordinaria de las administraciones autonómicas. Una advertencia que no es retórica: miles de propietarios y negocios costeros en toda España llevan años conviviendo con la amenaza de ver cómo la línea del dominio público se acerca a sus puertas.
Competencias transferidas, diálogo ausente
El conflicto llega además en un momento especialmente delicado: la mayoría de las comunidades autónomas costeras ya han asumido o están en proceso de asumir las competencias sobre el litoral. Que el Estado impulse ahora una reforma que afecta directamente a esa gestión sin contar con ellas resulta, cuanto menos, contradictorio con el espíritu del modelo autonómico.
La presión sobre España también llega desde Europa: la Comisión Europea emitió en diciembre de 2024 un Dictamen motivado en el que concluyó que diversos artículos de la Ley de Costas y del Reglamento General de Costas infringían la Directiva de servicios y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Ese contexto europeo es el que el Ministerio esgrime para justificar la urgencia de la reforma. Pero para las comunidades autónomas, la prisa del Gobierno no justifica el atajo.
"No se nos ha permitido participar en un procedimiento que condicionará la gestión de nuestras costas", afirmó Martínez Mus, que reclamó al Gobierno que retire el texto, abra un proceso de diálogo real con las autonomías y promueva, si es necesario, una modificación previa de la Ley de Costas que elimine las contradicciones detectadas.
Valencia defiende su propia ley como modelo alternativo
La Generalitat no llega a este debate con las manos vacías. El Consell ha defendido la ley valenciana de protección y ordenación de la costa como una alternativa a los deslindes: una norma impulsada para garantizar una gestión más equilibrada del litoral, respetuosa con los derechos de los ciudadanos y con la conservación medioambiental. En su opinión, este es el camino que debería seguir cualquier reforma del marco estatal: el diálogo institucional, el consenso y el respeto a las competencias de cada administración.
La pregunta que queda en el aire es si el Gobierno rectificará o si, como en 2022, será la justicia quien tenga la última palabra sobre cómo se gestiona la costa española.